Tras el informe hecho público ayer realizado por la Universidad Pública de Navarra, en el que se ponía en cuestión, entre otras cuestiones, la política de recortes del Gobierno de Navarra para la protección de la población en riesgo de exlcusión social, el Gobierno ha presentado el balance del departamento de políticas sociales. Han hecho especial énfasis en que Navarra está entre las regiones europeas con menor tasa de pobreza severa y que presenta la menor tasa de exclusión social de España, aunque el informe de la UPNA, más que a los datos, hacía referencia a la calidad de la asistencia a los más desfavorecidos, incidiendo en que se han intensificado las dificultades de la población en situación de pobreza. Además, el departamento liderado por Alli ha hecho balance de la Renta de Inclusión Social del año 2014, prestación que consideran la “mejor de España” aunque para numerosos colectivos sociales, sigue siendo insuficiente.
El Gobierno de Navarra destinó durante el año pasado 51 millones de euros para financiar la renta de inclusión social, que benefició a 11.715 unidades familiares compuestas por un total de 26.837 personas, y las ayudas extraordinarias para personas en situación de exclusión social, que beneficiaron a 1.980 familias.
Respecto a años anteriores, este importe supone más de cinco veces la cuantía invertida al comienzo de la crisis económica, en 2008 se destinaron 9 millones, y un 45 por ciento más que los 35 millones de 2011, el año anterior a la entrada en vigor de la renta de inclusión social, que sustituyó a la conocida como renta básica.
Así se desprende del balance de la inversión social realizada por el Gobierno de Navarra durante 2014 y presentado este mediodía en rueda de prensa por el director general de Política Social y Consumo del Gobierno foral, Mariano Oto, quien ha relacionado estos datos con el hecho de que Navarra presente la menor tasa de riesgo de exclusión social de España (con un 14,5%) y sea la cuarta región europea con menos pobreza severa (un 0,6%), según los últimos datos de la tasa AROPE, la empleada como referencia en toda la Unión Europea.
Según ha informado, en la Comunidad foral hay un perceptor de la renta de inclusión social por cada 25 habitantes, mientras que la media nacional es de uno por cada 175. Además, la cuantía máxima concedida en Navarra, 972,90 euros, es la más alta de todas las comunidades, con una media de 651,02 euros.
Perfil de los perceptores de la RIS
Durante su intervención, Mariano Oto se ha referido al perfil de las personas que perciben la renta de inclusión social, que en un 45% son adultos que viven solos, en un 24% familias monoparentales, en un 26% parejas con hijos y en 5% parejas sin hijos.
En el 51% de los casos, la titular de la unidad familiar es una mujer y en el 49% un hombre. En cuanto a las personas que dependen de dicha persona titular, un 58% son mujeres y un 42% hombres.
Respecto a la edad, el 36% de los titulares de la renta de inclusión social tienen entre 35 y 44 años, el 25% entre 45 y 54 años y el 24% entre 25 y 34 años. Por su parte, el 13% tiene más de 55 años y el 2% menos de 25. En cuanto al total de 26.837 personas que se benefician de esta percepción, el 64% tiene más de 18 años y el 36% es menor de edad.
En cuanto al riesgo de exclusión, la mitad de los perceptores son personas inmigrantes, el 18% son familias monoparentales en riesgo, el 9% minorías étnicas, el 1% ciudadanos con una exclusión social severa y el 13% restante no presentan riesgo de exclusión social.
Plazos de espera, aprobaciones y plan de inspecciones
Por otra parte, Mariano Oto ha informado de que el plazo de espera desde que se solicita la renta de inclusión social hasta que se concede o se deniega se ha reducido a 1,8 meses, cuando en 2012 fue de 5,9 meses y en 2013, de 2,8 meses.
Según los datos que ha aportado, el Gobierno de Navarra aprobó en 2014 el 86% de las solicitudes (nuevas o de renovación) de renta de inclusión social que recibió. Las solicitudes denegadas lo fueron, en un 87%, por disponer realmente de recursos económicos o por no cumplir los requisitos, principalmente el de residir de manera continuada y efectiva en Navarra.
Durante 2014, el Departamento de Políticas Sociales realizó un plan de inspección para comprobar la residencia efectiva en Navarra de las personas beneficiarias de la renta de inclusión social, si convivían con otras personas o si se encontraban trabajando. Para ello seleccionó una muestra aleatoria de 400 expedientes, que supone un nivel de confianza estadístico del 95,5%. Además, se inspeccionaron también 65 casos más incorporados desde los servicios sociales de base. En total, 465 unidades familiares.
En 429 de ellas se comprobó que cumplían los requisitos que permiten acceder a la renta de inclusión social, mientras que 36 no los reunían (20 convivían con otras personas diferentes a las que habían declarado y 16 no residían en el domicilio indicado) y les fue retirada la prestación. Asimismo, el Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas retiró otras 126 prestaciones debido a los incumplimientos que detectó en su labor ordinaria.
Cambios normativos
Durante la rueda de prensa, el director general de Política Social y Consumo ha hecho un repaso a los cambios normativos realizados en la renta de inclusión social. El más reciente de ellos con motivo de la aprobación de la Ley Foral 6/2015, que ha incrementado las cuantías; que ha ampliado el plazo de concesión desde los seis hasta los 12 meses; que ha eliminado las reducciones del 10% y del 20% transcurridos los primeros 12 y 24 meses, respectivamente; y que ha incorporado en esta prestación a las personas mayores de 65 años y menores de 25.
También se ha referido a las modificaciones efectuadas durante 2013 y 2014, que garantizaron la cobertura de la renta de inclusión social a todas las familias con menores de 16 años a su cargo, además de a aquellas con hijos con discapacidad y/o enfermedad grave y a las mujeres víctimas de violencia y sus menores.