“Acotar la investigación de las fosas a 25.000 euros podría provocar una competencia entre familiares y asociaciones que, al final, no resuelve el problema”. El coordinador de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (affna36) e integrante de Batzarre, Joseba Eceolaza, valora como un “parche” el reciente anuncio del Gobierno Foral de que, este año, destinará esos 25.000 euros para financiar exhumaciones de fusilados y represaliados tras la Guerra Civil. Affna36, por su parte, calcula que solventar todas las investigaciones de personas desaparecidas, sobre las que al menos consta denuncia en la asociación, conllevaría invertir unos 120.000 euros.
El pasado 14 de abril, al conmemorar el Día de la República, la presidenta de affna36 y nieta de un fusilado, Olga Alcega, criticó que no había ningún tipo de justificación posible para que el Gobierno Foral no cumpliera la ley. Porque la Ley foral de Memoria Histórica, de noviembre de 2013, recoge que sean las arcas forales las que costeen este tipo de pruebas. Sin embargo, tras las denuncias realizadas por grupos de la oposición en el Parlamento foral o de asociaciones vinculadas a la memoria histórica, llegaron decisiones como las de los ayuntamientos del Valle de Egüés y Berriozar, que han financiado la investigación de sendas fosas para, después, exigir el coste al Gobierno Foral.
Las críticas al Ejecutivo de Yolanda Barcina sobre su falta de diligencia al cumplir esta norma han sido constantes. Y eso a pesar de que el consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, alegó que el Gobierno no regatería el cumplimiento de la ley ni, por ejemplo, con la retirada de símbolos. Con todo, ha habido avances por ejemplo al contar en el cementerio de Pamplona con un panteón para acoger restos de personas sin identificar y al haberse colocado una placa en el Parlamento foral en honor a los cargos electos fusilados en 1936. Sin embargo, también falta hacer lo mismo, por ejemplo, para homenajear a los funcionarios asesinados en la Diputación.
En cuanto a la financiación de las exhumaciones, la principal reivindicación de entidades como affna36 para que las familias puedan cerrar el duelo, la asociación estimó que 230 personas desaparecidas siguen a la espera de avances. De ahí que la medida ahora anunciada por el Ejecutivo se quede corta, aunque la valoren como un paso adelante. El consejero de Justicia, Presidencia e Interior, el regionalista Javier Morrás, ha explicado en conferencia de prensa que esta medida se deriva del cumplimiento de la Ley foral de Memoria Histórica, que era una obligación pero que se ha cumplido por el momento “en la medida de lo posible”, un paso en el que ha reconocido dificultades dado que este tipo de actuaciones no estaban presupuestadas. No obstante, ha recordado que en 2013 el Ejecutivo autorizó dos exhumaciones, que en 2014 fueron cuatro y que, en 2015, se espera hacer lo propio con entre seis y ocho actuaciones. Para ello, se ha reservado esa partida de 25.000 euros.
“Un avance”, al final de la legislatura
El representante del Ejecutivo ha asegurado que se trata de un paso más que, probablemente, no dé salida a todos los casos pendientes, que se resolverán mediante una evaluación individualizada “al ritmo en que se realicen”, pero que sí se trata de “un avance” en el cumplimiento de la ley. Está previsto que esos 25.000 euros se repartan a lo largo de este año y las posibles entidades beneficiarias son, según se ha explicado a través de un comunicado, asociaciones de familiares de fusilados o vinculadas a la memoria histórica legalmente constitutidas e inscritas en el Registro de Navarra, las personas físicas que sean descendientes directas de víctimas y los ayuntamientos que promuevan una exhumación de una fosa cuando no existan familiares de esas víctimas. La partida cubririría la localización de los restos, su exhumación, traslado y sepultura.
Eceolaza, por su parte, ha lamentado que con la partida prevista no se cubren todas las necesidades ni las demandas existentes y se ha preguntado por qué se ha llegado a esa cifra y no a otra. Este anuncio del Gobierno Foral llega, además, al final de la legislatura, como ya ocurrió con la retirada del título de Hijo Adoptivo de Navarra a Francisco Franco (título que ha mantenido 41 años), y después de que formaciones como Izquierda-Ezkerra (coalición de la que forma parte Batzarre) hayan intensificado sus movilizaciones y críticas contra el Ejecutivo en materia de memoria histórica. La última, por ejemplo, con la propuesta de la formación de demoler el monumento a los Caídos de Pamplona, lugar en el que aún descansan Mola y Sanjurjo, referentes del alzamiento.