“Robaron sus bebés a mujeres ‘rojas’, a mujeres de familias pobres, a mujeres de familias numerosas”. Izquierda Unida de Navarra ha pedido perdón a las mujeres a quienes les fueron sustraídos sus hijos recién nacidos durante la dictadura franquista. “Cuando redactamos la ley de Memoria Histórica, no nos dimos cuenta del drama que había detrás de miles de familias a quienes habían robado sus bebés”, han lamentado Marisa de Simón y Joseba Eceolaza. Para reparar el error, han explicado, IU ha presentado una proposición de ley ante el Parlamento foral con la que esperan “reconocer a estas madres y padres, a estas familias, como víctimas de la represión franquista”. Según sus datos, en Navarra se produjeron 200 casos de bebés sustraídos a sus padres.
De aprobarse esta ley, que en principio debería contar con el respaldo del cuatripartito del que IU forma parte, se trataría de la primera normativa autonómica sobre la materia en España. De Simón ha explicado que su proposición modifica la ley foral de 2013 de reconocimiento y reparación moral de los navarros asesinados y víctimas de la represión tras el golpe militar de 1936. La norma propone que el Gobierno foral elabore un censo de bebés robados, en colaboración con las asociaciones de personas afectadas y a través de un convenio con el Fondo Documental de la Universidad Pública de Navarra. La norma quiere preservar la privacidad de las personas afectadas no otorgando carácter público a dicho censo.
Además, la proposición recoge también que el Gobierno tendrá que realizar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor, un acto institucional en el que se reflejen las demandas de las personas afectadas por el robo de bebés. La norma también determina que el Gobierno foral tendrá que instar al del Estado a promover una investigación oficial y a buscar todas las modificaciones legales necesarias para esclarecer estos hechos y dar respuesta a las demandas de las personas afectadas.
De Simón ha explicado que la iniciativa trata de “reconocer lo sucedido. Hubo miles de bebés en el Estado, 200 de ellos en Navarra, que fueron robados a sus madres de manera engañosa, con mentiras, con ocultación y con manipulación para darlos en adopciones falsas. Y todo porque alguien decidió que aquellas mujeres no eran buenas madres, y se hizo con la complicidad de instituciones religiosas, de hospitales y de médicos que, en nombre de la moral y de la religión, defendían las costumbres que el franquismo dijo que eran buenas”.
Joseba Eceolaza ha explicado, por su parte, que esta iniciativa viene a corregir el vacío de la norma aprobada en 2013. “Hoy queremos corregir esa insensibilidad. Queremos reparar aquella injusticia y paliar en la medida de lo posible las consecuencias para las personas afectadas”. El robo de bebés, ha concretado, “es un fenómeno que empieza en el año 36 y se extiende hasta los años 90”. Y tuvo lugar, ha indicado, porque “en el franquismo hubo una represión de género evidente”. “Las instituciones y la sociedad navarra no podemos mirar para otro lado y hacer como si esto no hubiera existido”.
Además de la creación del censo de bebés robados, la norma propone que las personas afectadas puedan acudir de forma anónima al banco de ADN “que ya está en marcha” para los casos de identificación de fallecidos por la represión franquista, al abrigo de la ley de Memoria Histórica. Las muestras de los padres y de los bebés robados podrían cruzarse en dicho banco de ADN para establecer la veracidad de los vínculos familiares. Además, la ley que ha presentado IU recoge el derecho de una asistencia jurídica gratuita para las personas afectadas. Si bien Eceolaza ha reconocido que, jurídicamente, los casos de bebés robados han prescrito, “moralmente no lo han hecho” y merecen la correspondiente reparación.
La proposición de IU señala también que, en el caso de que fuera necesaria alguna exhumación, el Gobierno foral pondrá a disposición de los técnicos una partida presupuestaria con suficientes fondos como para financiar dichas operaciones. El dinero, han detallado, saldría del que anualmente se destina a la exhumación de las víctimas del franquismo.