Una señal de la debilidad de UPN frente al Gobierno central, una puñalada por la espalda o una llamada de atención para defender la necesidad del autogobierno navarro. Los partidos de la oposición han dado este miércoles su propia visión sobre el nuevo conflicto entre Navarra y el Ejecutivo de Rajoy en torno al IVA en la planta navarra de Volskwagen. Pero, si en algo han coincidido los grupos parlamentarios, ha sido en destacar la gravedad de este enfrentamiento, puesto que puede suponer la reclamación a la Comunidad Foral de 1.513 millones. Una “bancarrota”, una “quiebra económica”, un desastre y una situación sin precedentes, han considerado las siglas.
Los grupos han puesto, por tanto, adjetivos a una situación que se ha resistido a describir la dirigente del Gobierno Foral. La presidenta, Yolanda Barcina, ha comparecido un día después de su cara a cara con Montoro para asegurar que las relaciones con Madrid no pasan por su mejor momento, pero, pese a endurecer su discurso, en ningún momento ha llegado a la crítica. Y de ahí que, preguntada en conferencia de prensa por los medios de comunicación sobre qué puede suponer la reclamación de la exención del IVA de Volkswagen entre 2007 y 2011, Barcina ha reconocido que esta posibilidad “podría comprometer a las arcas forales”, pero no ha querido ponerse en lo peor. De hecho, ha insistido en que el recurso tramitado por la Agencia Tributaria ante el Tribunal Supremo es, por el momento, solo una posibilidad. Y que aún hay margen para el diálogo y que el 30 de septiembre, en unan nueva reunión entre ambas partes, pueda retirarse este recurso.
Se ha puesto tanta esperanza en esa próxima cita, que incluso entre la oposición ha generado suspicacia. Los primeros en reconocerla han sido Izquierda-Ezkerra. Su portavoz, José Miguel Nuin, teme que toda esta situación solo sea “una puesta de escena” en la que, finalmente, Barcina aparezca como la salvadora de Navarra. De lo contrario, resulta “extraño” que el Gobierno de Navarra decida recurrir ahora un sistema de tributación que llevaba “18 años en marcha”.
Izquierda-Ezkerra también ha sido una de las formaciones que ve este recurso como una muestra de las difíciles relaciones entre Navarra y el Estado y de un modelo acabado. EH Bildu fue el mismo martes, a través de un comunicado, el primer grupo en valorar esta noticia y en asegurar que desde Madrid intentan “abolir nuestros derechos y capacidad de decidir”. Y Geroa Bai, por su parte, ha lamentado que este “nuevo ataque al autogobierno” pone contra las cuerdas a la estabilidad financiera navarra.
“Supone la mitad del presupuesto”
Las repercusiones que esta decisión del Gobierno puede tener en la economía foral han estado presentes en todas las valoraciones. UGT, en este sentido, ha afirmado que más allá de cualquier “triquiñuela política”, se está poniendo en juego cualquier posibilidad de progreso, y más cuando se privaría a Navarra “de una cuantía que prácticamente supone la mitad de sus presupuestos” y que, por tanto, comprometería la capacidad de inversión pública.
UPN, a través de su portavoz, Carlos García Adanero, ya ha advertido al Estado de que no puede tratar a Navarra como una comunidad de régimen común, pero el PSN, por su parte, ha asegurado que no se habría llegado a esta situación sin el aval de UPN y el Gobierno de Barcina. De ahí que el secretario de Organización del PSN, Santos Cerdán, haya asegurado que el PP haya dado “una puñalada por la espalda” a Navarra.
¿Y qué piensa de todo esto el PPN? El partido, que en Navarra ha tenido un discurso más foral obviamente que sus compañeros en Madrid o en el Gobierno central, se ha ofrecido a través de su parlamentaria, Amaya Zarranz, a ejercer de intermediaria en las instituciones. “Vamos a trabajar de aquí al 30 de septiembre, cuando se reúne la comisión de coordinación del Convenio, para solucionar este tema que nos parece fundamental”, ha apuntado.
Reunión en el Parlamento
Haya o no acuerdo finalmente para retirar el recurso, lo cierto es que el anuncio de este nuevo enfrentamiento llega en una semana en la que se esperaba precisamente lo contrario, que Barcina y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaran un nuevo acuerdo para redactar el Convenio Económico y aclarar la capacidad tributaria navarra y, además, reducir la litigiosidad. Lo primero se ha anunciado para el día 30 pero la segunda parte se ha incumplido de tal manera que ha crispado los ánimos. Del Gobierno Foral y de la oposición. Así, la Mesa del Parlamento de Navarra se reúne este jueves para convocar a Barcina a dar explicaciones y para intentar, a través de una declaración institucional propuesta por Bildu y Aralar-Nafarroa Bai, condenar estas “agresiones” por parte del Estado.