El euskera en Navarra, es, cuando menos, una cuestión delicada que convierte una medida educativa en un cruce de reproches políticos. La próxima modificación de la Ley del Vascuence parece haberlo confirmado. La pretensión de esta proposición de ley es, según ha defendido el grupo impulsor, Izquierda-Ezkerra, “garantizar su enseñanza en el sistema educativo”. Y, por ello, propone medidas para asegurar el aprendizaje en lengua vasca en centros públicos en zonas no vascófonas de la comunidad. Y que, si hay demanda suficiente, se pueda implantar el modelo D (íntegramente en euskera). La medida, sin embargo, ha generado un airado rechazo del Gobierno Foral, y el consejero navarro de Educación, José Iribas, apostaba esta misma semana por que la lengua vasca se quede en esta zona no vascófona de Navarra en las ikastolas, que son centros concertados y reciben fondos de la Administración.
Esta modificación ha sido finalmente impulsada por Izquierda-Ezkerra, Geroa Bai y el PSN, y también tiene el apoyo de EH Bildu. El asunto ha motivado las críticas de UPN especialmente contra el grupo socialista, a quien se ha acusado de dar un giro para apoyar las pretensiones nacionalistas de eliminar el reparto de Navarra en tres zonas lingüísticas (hay tres: la vascófona del norte, la mixta más cercana al centro, y la no vascófona, habitualmente identificada como la zona desde Pamplona -salvo Estella- hacia el sur), puesto que, al menos en cuestiones educativas, se equipara la no vascófona a la mixta. Y entre tantas declaraciones, cabe preguntarse cuáles son los cambios que introduce esta modificación, qué razones se esgrimen a favor y en contra y qué consecuencias puede tener este acuerdo (que, según las previsiones, culminaría su tramitación en el Parlamento foral en dos meses) para facilitar la educación en euskera.
Los datos que justifican la modificación
El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón defendió que, según el último estudio sociolingüístico sobre Navarra realizado por el propio Gobierno, un 66,5% de la población navarra era partidaria de extender la oferta de enseñanza en euskera. Y, enre ella, un 60,8% de la población de la zona no vascófona, donde algo más del 28% matricularía a sus hijos en los modelos D o B (bilingüe). Llama la atención que este estudio date de 2008, pero desde entonces no se han actualizado esta información, “y no es porque no lo hayamos solicitado”, ha apuntado Mauleón.
Ahora, la enseñanza se centra en las ikastolas
¿Quiere esto decir que el alumnado de la zona no vascófona no puede estudiar en euskera? Lo cierto es que, en la actualidad, puede hacerlo, pero los grupos que han apoyado esta iniciativa ponen en cuestión que sea únicamente a través de la enseñanza concertada. Es decir, a través de unas ikastolas que tienen acuerdos con el Gobierno Foral (La ley del Vascuence contempla para esta zona el apoyo y la financiación de la enseñanza, mientras que por ejemplo en la zona mixta apuesta por un crecimiento gradual) pero que, según han denunciado lo impulsores del cambio en la ley, ahora pasan por dificultades económicas y han reducido sus servicios. Y, por último y esta es la clave, este sistema exige un mayor esfuerzo a las familias, que tienen que desplazarse a otras localidades, como denunciaron los afectados recientemente ante el Parlamento, y, en ocasiones (especialmente en zonas limítrofes), no reciben una ayuda.
¿Cuál será el mínimo de solicitantes?
Izquierda-Ezkerra ha defendido que el Gobierno Foral debe garantizar que toda familia que lo desee pueda matricular a sus hijas o hijos en el modelo lingüístico deseado. Y, por ello, plantean que se oferte esa enseñanza allá donde haya el mínimo que se plantea la Administración a la hora de conformar una unidad escolar. Por el momento, no se ha anunciado ese mínimo, algo que debe concretar el Gobierno durante el desarrollo de la ley, pero el objetivo es que se haya acordado para el próximo curso.
Dejar la ley como está
Grupos parlamentarios como UPN y PPN han exigido que la ley se deje como está. Los ‘populares’, porque defienden que ahora ya se permite la enseñanza en euskera en la zona no vascófona (hablaron, citando datos de la V Encuesta Sociolingüística realizada por los gobiernos vasco y foral, de que apenas la utiliza un 0,2% de la población de ese entorno), pero esta no se produce porque no hay demanda; y la clave, en la que han coincidido con el Gobierno Foral, es que la enseñanza en euskera debería ser en las ikastolas concertadas. El portavoz de UPN en el Parlamento, Carlos García Adanero, sostiene que la oferta educativa “no puede ser infinita”, ya que ofrecer este sistema directamente a través de la red pública puede suponer duplicar servicios.
Creación de la demanda
Iribas también ha defendido esta semana que impulsar el modelo D en la zona no vascófona sería como “crear” una demanda en una zona donde no existe. La presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina, ha ido incluso más allá, al asegurar que, con los cambios en la Ley del Vascuence, se puede crear una demanda “artificial” según unos “objetivos políticos”: “Quienes han intentado cambiar esta ley siempre han sido los nacionalistas, para llevar un idioma a un lugar donde no se ha hablado”. Y ha apuntado a que el interés es “cambiar nuestra realidad institucional”.
Una postura clave
El Gobierno Foral atribuye, por tanto, un interés nacionalista a esta modificación y ha cargado las tintas contra el voto que permitirá a la norma seguir adelante: el del grupo socialista. El debate en el propio PSN está abierto, después de declaraciones como la del expresidente del partido Román Felones, quien se ha mostrado contrario a la modificación. Sin embargo, el secretario general del partido, Roberto Jiménez, le ha respondido este mismo jueves asegurando que la norma debe evolucionar, adaptarse a los tiempos. Tanto unos como otros coinciden en que se trata de un paso “histórico”, pero no en el mismo sentido. Para sus defensores, se trata de un avance educativo; para sus detractores, como García Adanero, en un cambio que rompe “el equilibrio” existente y el espíritu de esta Ley del Vascuence.