Ni en los asuntos más locales en los que se denuncia presunta corrupción (como la querella contra el sindicato UAGN o la querella contra los responsables de la planta de purines de Ultzama), ni en los asuntos más generales, como los que se regulan derechos como la atención sanitaria universal para todas las personas con independencia de su situación administrativa. Al Gobierno de Uxue Barkos se le van acumulando las sentencias judiciales en contra de diversas gestiones, leyes y decisiones que adopta de acuerdo a su documento programático y su ideario político. La creciente judicialización de la política navarra se debe, en buena parte, a que el Gobierno se ve obligado a destinar numerosos recursos, humanos y económicos, a contrarrestar el efecto de estos fallos judiciales en contra.
Uno de los más recientes ha sido el del Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona, que ha desestimado la querella del Gobierno foral contra los gestores de la planta de purines de Ultzama cuyo funcionamiento está siendo revisado por una comisión de investigación parlamentaria. El auto del juzgado exime de responsabilidad penal por los delitos de “malversación, estafa, falsedad documental y fraude de subvenciones” a las empresas que resultaron adjudicatarias de la planta de biogás, a su presidente y a los dos ex concejales de UPN contra quienes el Gobierno se había querellado.
Miedo al fracaso judicial
Es casi la crónica de un fallo anunciado, después de que la propia Fiscalía pidiera el archivo del caso y emitiera un decreto en el que no apreciaba delito alguno. Pero contra el auto caben ahora recursos de reforma y recurso de apelación. Y el Gobierno no ha tardado en anunciar que acudirá a ambos instrumentos para seguir adelante con su querella. “La juzgadora no ha apreciado correctamente la concurrencia en los hechos de los tipos delictivos que habíamos imputado a determinadas entidades”, cuestionaba la consejera de Interior, María José Beaumont, el criterio del Juzgado de Instrucción. “El Gobierno no ha fracasado en los tribunales, porque es una resolución que no es firme y se va a recurrir, entendemos que con posibilidades de que prospere, porque si no lo habríamos hecho”.
Beaumont, abogada de profesión, es la consejera a la que le está tocando dar la cara por el Gobierno ante la larga lista de sentencias en contra, recursos de oficio contra leyes navarras y fallos que bloquean judicialmente las iniciativas legislativas del cuatripartito. Ella se encarga de instruir jurídicamente a sus compañeros de gabinete sobre el criterio del Gobierno en torno a los distintos casos judicializados. Ha ocurrido recientemente con el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, que se ha visto en la tesitura de defender la última ley sobre el impuesto municipal a las plusvalías aprobada por el cuatripartito.
Se trata de una ley contra la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad, por considerar que invade competencias del Estado Además, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado una sentencia firme que considera “nulas” todas las liquidaciones del impuesto sobre las plusvalías que se hicieron de acuerdo con la anterior normativa vigente en Navarra, a la que la ley del cuatripartito vino a sustituir. La situación que originan estos dos movimientos judiciales es de “desamparo” legal tanto para los Ayuntamientos que cobran este impuesto como para los ciudadanos que deben pagarlo. Sin embargo, el consejero de Hacienda, resta importancia a las decisiones de los jueces. Por una parte, entiende con respecto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada, la nueva ley no obliga a los tribunales a devolver los casos a los ayuntamientos, sino que pueden hacerlo “si lo creen conveniente”. Por otra parte, el hecho de que el TSJN anule las liquidaciones ya hechas es, para Aranburu, “simplemente, un tema procedimental”.
Inseguridad en las OPE
Otra de las consejeras que peor lo está pasando en el frente judicial de su gestión es la titular de Educación, María Solana. El TSJN acaba de inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por el Gobierno contra la sentencia que en octubre de 2016 anuló 117 plazas de euskera en la OPE de maestros, porque no estaban previstas en la plantilla orgánica del Gobierno. En su fallo, el TSJN pega además un tirón de orejas al equipo jurídico que dirige Beaumont y le condena a pagar las costas del procedimiento, ya que los argumentos de su recurso “deben tildarse de manifiestamente carentes de interés casacional”, señala el TSJN.
No le ha sentado bien el auto a Beaumont, que ya ha recordado que el Gobierno puede interponer una incidencia de nulidad de actuaciones y un recurso de amparo posterior ante el Tribunal Supremo. “Hay que agotar todas las posibilidades procesales y en ello estamos”, se ha unido a Beaumont la titular de Educación, María Solana. Mientras el Gobierno agota las vía judicial, la oposición denuncia la inseguridad en la que se ven envueltos los opositores, e incluso UPN ha llegado a reclamar a Solana que dimita.
Por otra parte, también en fallos recientes, el Tribunal Constitucional ha anulado la ley de acceso a la asistencia sanitaria gratuita, si bien Salud garantizará este acceso a través de ayudas sociales que instituirá en breve, y también ha anulado la capacidad de Navarra para paralizar desahucios de viviendas por razones de interés social. Si bien es cierto que ha permitido a la Comunidad foral instituir un régimen sancionador en su ley de vivienda que permitirá expropiar a bancos e inmobiliarias viviendas que permanezcan vacías durante más de dos años.