Por un lado, el Parlamento de Navarra cuenta desde el pasado 12 de enero con una placa en honor a los cargos electos (34 alcaldes, 115 ediles, dos diputados forales y otro en Cortes) que fueron asesinados tras el golpe de 1936, y Pamplona dispone también de un panteón civil en el que descansan víctimas sin identificar. Ese es el lado más positivo de los avances realizados en Navarra en torno a la memoria histórica. Por otro, Francisco Franco sigue ostentando el título de Hijo Predilecto de Navarra y su Medalla de Oro, cada mes se celebran misas para recordar el alzamiento de Mola y las investigaciones esperan fondos públicos para poder avanzar en las exhumaciones de cuerpos en diversas simas repartidas por la Comunidad Foral.
En ambos casos, cumplir estas actuaciones es una un cuestión de voluntad política, según han denunciado colectivos como la asociación de familiares de fusilados, affna36, y El autobús de la memoria, que no entienden que se dilaten los procesos. Y, de hecho, el Gobierno Foral ya ha afirmado públicamente que no habría regates a la hora de cumplir la Ley de Memoria Histórica (de 2013), que precisamente apuesta por hacer un censo de símbolos franquistas (por el momento, solo hay recopilaciones amateur) y contempla que el Gobierno Foral financie las exhumaciones. La reciente reclamación de affna36 (encabezada por Joseba Eceolaza, miembro a su vez de Batzarre) para que el Gobierno Foral colabore con la financiación de pruebas de ADN a diez exhumados en la sima del Raso (Urbasa) ha motivado ahora que la oposición le pida explicaciones. En concreto, sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, porque, según advierte el parlamentario Txema Mauleón, en este tema “no caben argucias. Hay que cumplir la ley sin excusas”, ya que “no cabe decir que no hay presupuesto”.
El representante del grupo parlamentario de Izquierda-Ezkerra se refiere al hecho de que financiar este tipo de investigaciones (sí se cuenta, por ejemplo, con un mapa con las fosas identificadas en la Comunidad Foral) es un derecho de los familiares que, en caso de acudir a los tribunales, tendrían la ley de su parte. Por tanto, dilatando ese proceso el Gobierno Foral solo ganaría tiempo y perdería crédito. Por razones similares, la formación considera que no tiene sentido que el consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, reconozca en conferencia de prensa que el título de Hijo Adoptivo a Franco es “anacrónico” y que, sin embargo, al preguntar al Gobienro Foral internamente por los avances para revocar esa concesión, se limite a decir que está en ello y que está tramitando el expediente correspondiente.
Este asunto se debatirá ahora en el Parlamento foral. Izquierda Ezkerra ha pedido la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, para que dé las explicaciones oportunas. En principio, la próxima semana el asunto se debatirá en la Mesa y Junta de Portavoces, para que así el Gobierno Foral pueda “hacer los deberes”, apunta Mauleón, antes de que termine la actual legislatura.