En lo que va de año 10.227 familias han recibido la Renta de Inclusión Social del Gobierno de Navarra, destinadas a familias que no reciben ingresos de ninguna otra fuente. Son 800 familias más de las que recibieron esta ayuda el año pasado, y han supuesto al Gobierno un desembolso de 27 millones de euros, pese a que el ejecutivo contemplaba destinar 50 millones durante todo el 2014, con una previsión de alcanzar a 14.000 unidades familiares. De las 10.227 familias, 2.169 han recibido la Renta de Inclusión Social por primera vez, y el Gobierno no facilita, a día de hoy, los datos de cuántas han dejado de percibirla debido al plan de lucha contra el fraude en servicios sociales.
En abril se puso en marcha un plan para evitar el fraude en la recepción de este tipo de ayudas, lo que ha ocasionado que el Boletín Oficial de Navarra publique, casi a diario, la denegación o retirada de este complemento económico a familias que no cumplen alguno de los requisitos para ser beneficiario. Requisitos que se han endurecido con la modificación de ley y que la mayoría de familias cumple. A pesar de llevar meses investigando a quienes reciben esta ayuda, el Gobierno de Navarra no facilita los datos de a cuántas familias se les ha retirado este complemento económico por “no haber concluido el proceso”. Fuentes del Gobierno concretan que “dentro del Plan de Inspección de Servicio Sociales se están realizando una serie de inspecciones aleatorias para comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de estas ayudas y cuyo resultado todavía no conocemos”.
Una mirada con lupa a las familias que reciben esta ayuda social, destinada a quienes no cuentan con ningún tipo de ingreso y viven de manera continua en la Comunidad Foral, que no supondrá en ningún caso un gran ahorro a las cuentas forales. El propio consejero de asuntos sociales calculaba, en el momento de poner en marcha el plan, que unas 250 familias podrían estar “incumpliendo las condiciones para recibir la prestación”, y más adelante afirmó que “eran muy pocos los casos de fraude”. El año pasado se retiró la ayuda a 68 unidades familiares, cifra que este año, según la previsión del ejecutivo, podría triplicarse.
Estas medidas de control fueron criticadas por la Plataforma de la Renta Básica, afirmando sobre el consejero que “su tolerancia cero frente al fraude debería dirigirse a todas las personas que lo cometan, independientemente de su nacionalidad o de la forma de obtenerla”. En sus declaraciones afirmaron que “las medidas de control promovidas por Alli fomentan la xenofobia institucional, la discriminación entre nativos y extranjeros. La nube de la sospecha y la culpabilización que extiende sobre una parte cada vez mayor de nuestra sociedad, sobre la gente más indefensa, no favorece la cohesión social”.