El borrador del decreto sobre salud sexual y reproductiva ya está sobre la mesa. Ahora arranca un periodo de un mes de exposición pública para posibles mejoras (la Comisión por el Derecho al Aborto, por ejemplo, ya ha confirmado que hará aportaciones) y se espera que, en un periodo de entre tres y cuatro meses, pueda estar en activo. ¿Qué consecuencias tendrá? Por ejemplo, se garantizará la reproducción asistida a mujeres que convivan con una pareja del mismo sexo y se facilitarán las técnicas de inseminación artificial sin pareja masculina. En cualquier caso, la medida más llamativa es que se realizarán interrupciones voluntarias del embarazo (las llamadas IVE) en el sistema público navarro, una medida contemplada en la ley pero que a menudo genera controversia en una comunidad donde este servicio motivó duras críticas contra el personal sanitario en 1986, un año después de que se despenalizara, e incluso una querella criminal contra profesionales del Hospital Virgen del Camino.
En cualquier caso, el gabinete de Uxue Barkos ya había anunciado esta medida, que contempla una realización “preferente” de estas intervenciones en el sistema público. Antes, los abortos se derivaban a otras comunidades y, desde su apertura en 2011, se destinan principalmente a la clínica privada de Ansoáin (Navarra). El ejecutivo, en el comunicado en el que daba a conocer este paso, explica que se trata, básicamente, de adaptar la salud sexual a la “demanda” de la sociedad navarra, pero nunca ha ocultado que sabe que este tema es “tabú”, como reconoció el propio consejero, Fernando Domínguez, y que generará debate en una sociedad que, según concluyó recientemente una encuesta realizada por la asociación Co.CiudadaNa, se ve a sí misma como conservadora e, incluso, religiosa. De ahí que desde el Ejecutivo se insista en que esta medida no es solo un paso para prestar abortos, sino que también viene acompañado de una apuesta por la educación sexual en los centros educativos. ¿Cuáles son las claves de este primer borrador y, por tanto, aún sujeto a cambios? El director general de Salud, Luis Gabilondo Pujol, las señala aquí.
¿Centros como Andraize solo cambian de nombre?
Andraize cumple este mes de noviembre 37 años en activo. En su día, este centro pamplonés, surgido por iniciativa popular, fue un centro de referencia en la educación sexual, y su funcionamiento es una de las claves para entender este decreto. Desde su plantilla, por ejemplo, se aseguraba que su denominación, como centro de atención a la mujer, invitaba al engaño, porque no se atendía solo a mujeres. Ahora, se rebautiza a esta red (hay nueve centros de este tipo en la comunidad) como centros de salud sexual y reproductiva, un símbolo del cambio de etapa. Porque seguirán prestando servicios como hasta ahora, de atención al embarazo o al parto, de planificación familiar, de diagnóstico prenatal… además de realizar las interrupciones voluntarias farmacológicas.
¿Qué abortos se realizarán en el sistema público?
Para acceder a los servicios en general del decreto, será necesario contar con la tarjeta sanitaria o tener derecho a estas prestaciones. Las interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas, que no necesitan ingreso en un hospital, se harán primero, al entrar en vigor el decreto, en dos centros de salud sexual de Pamplona, en Andraize (Chantrea) e Iturrama-San Juan. Progresivamente, se extenderán a lo largo de un año al resto de este tipo de centros.
También de entrada, aquellas interrupciones instrumentales quirúrgicas por causas médicas, como la enfermedad de la madre o malformación del feto, se realizarán en todo caso en la red hospitalaria pública al activarse el texto.
Y, por último, los abortos instrumentales por petición de la embarazada, dentro de las primeras 14 semanas de gestación y sin explicaciones, tendrán la capacidad de hacerse en centros públicos en un plazo de un año. El Gobierno Foral anunció, a través de un comunicado, que las pacientes podrían elegir entre hacerlo en centros públicos y concertados, pero finalmente esta posibilidad no está recogida en el borrador.
¿No habrá derivaciones a centros privados?
El Departamento de Salud no descarta que siga habiendo derivaciones a centros concertados. De hecho, defienden que pasaría a ser un servicio como otros que se prestan dentro del Servicio Navarro de Salud y que, por tanto, puede derivarse en caso de que haya listas de espera. En Euskadi, por ejemplo, en 2014 se realizaron 3.329 abortos y el 80% se derivó a clínicas privadas. “No es que vaya a haber derivaciones, pero puede haberlas”, puntualiza, no obstante, Gabilondo. Porque considera que la mayoría de las actuaciones (en 2014, por ejemplo, hubo en Navarra 888 IVE, 848 de ellas dentro de las 14 primeras semanas) serán farmacológicas y estas sí se harán en los centros de salud sexual.
¿Habrá más personas en la lista de objetores?
Antes de que el Gobierno Foral anunciase su pretensión de implantar esta medida, había una persona apuntada en el registro de profesionales que se declaran objetores. Ahora, son tres. Este registro, creado en 2010 y finalmente avalado por el Tribunal Constitucional, pretende conocer qué personas no quieren intervenir en este servicio para así poder garantizar que se presta en el sistema público. Su creación, no obstante, generó dudas entre profesionales médicos, que decidieron no apuntarse hasta que realmente estuvieran en la tesitura de realizar las IVE en el sistema público. De ahí que ahora el Gobierno Foral crea que las cifras puedan aumentar. Incluso, de forma “importante”.
¿Puede cambiarse el currículo escolar?
El Gobierno Foral ha insistido en que se tomarán medidas de promoción de la salud sexual y reproductiva entre la juventud y grupos de riesgo, para así prevenir, por ejemplo, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual o abortos. Diario de Navarra, por ejemplo, ha publicado, con motivo de la celebración en Pamplona del XX Congreso de la Sociedad Vasca de Contracepción, que el 60% de la juventud navarra mantiene su primera relación sexual sin ningún método anticonceptivo, una cifra llamativa pero similar a la de otras comunidades.
Así, una de las grandes reivindicaciones de colectivos de mujeres o la Comisión Antisida de Navarra es que la educación afectivo sexual llegue a toda la red escolar, y que no dependa tanto de la disposición de cada centro. Ahora se pide al Departamento de Educación que trabaje en ello, pero falta por concretar si sería de una forma transversal, en las tutorías o en una asignatura en concreto. El Ejecutivo defiende, en cualquier caso, que tiene competencias para ello y en el borrador se recoge el objetivo, eso sí con mayúsculas, de que la educación afectivo sexual esté presente en un año, desde la puesta en marcha del decreto, en el currículo de las enseñanzas no universitarias.