Entre otros, se han adherido al manifiesto José Allende, Patxi Azpillaga, Patricia Barcena, de Cear; Mari Luz Esteban, profesora catedrática de Antropología; Iñaki Goirizelaia, exrector de la UPV; Mikel Makiazarán, de SOS Racismo; Amaia Maseda, vicerrectora de la UPV; y los juristas Juantxo Barcos, José Luis Beaumont, Alfonso Dubois, Carlos Garakoietxea o Eduardo Santos.
En representación de los firmantes, Iñaki Lasagabaster, catedrático de Derecho y profesor de la UPV, y la abogada Sonia Ontoria han dado lectura al manifiesto en el que las personas firmantes señalan que si bien “lamentan” los hechos ocurridos en Alsasua, no comparten y disienten “radicalmente” de “la actuación de la Fiscalía y del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional”.
En su opinión, “en una inapropiada y desmesurada calificación jurídica de los hechos los han considerado como delitos de terrorismo y han adoptado la prisión preventiva incondicional como medida cautelar para varios de los ocho detenidos y procesados”.
Para los firmantes del texto, “calificar indiciariamente como delitos de terrorismo esos hechos es constitutivo de una interpretación y aplicación del Código Penal absolutamente contraria a los criterios que para ello fija con carácter general el ordenamiento jurídico español”.
“Para cualquier observador objetivo e imparcial, con el mínimo de sentido común exigible para ejercer la función de juzgar o de legislar, resulta disparatado que estos hechos puedan tipificarse como delito de terrorismo”, sostienen.
Además, señalan que “la lectura del auto de procesamiento es reveladora de que el mismo se aleja de los principios de objetividad e imparcialidad a que se deben todas las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal, por cuanto no aparecen consignadas y apreciadas las circunstancias así adversas como favorables a los presuntos reos”.
“NO SE CONTEMPLA LA OTRA VERSIÓN”
Según exponen los firmantes del manifiesto, “el auto cuestionado se basa más en sospechas que en indicios racionales”. “El auto desconoce y no contempla como otra versión posible, a nuestro entender la más verosímil, la de que fue una trifulca de madrugada en un bar, sin relación alguna con movimientos ni campañas del tipo 'Alde hemendik' que cita, trifulca que en estos tiempos solo puede relacionarse con terrorismo forzando desproporcionadamente el razonamiento humano”, agregan.
A su juicio, “esta forma de instruir un proceso penal, con los criterios de interpretación y aplicación de las leyes utilizados en este caso son impropios de un Estado de Derecho”. Y consideran que “las conductas violentas rechazables no pueden ser contestadas con una reacción desmesuradamente desproporcionada de los jueces y tribunales”.
A este respecto, critican que “se interprete extensivamente como terrorismo con la desviada intención de que los hechos sean enjuiciados por la Audiencia Nacional, hurtando su investigación y enjuiciamiento al juez natural, los tribunales de Navarra, que son los competentes porque es en su demarcación donde se cometieron los hechos a investigar y enjuiciar”.
“Estamos asistiendo a un lamentable ejemplo de descrédito de la Justicia, que deslegitima al órgano que está actuando alejado de lo que una sociedad democrática se merece, un despropósito de reacción frente a unos hechos no premeditados y probablemente propiciados por impulsos circunstancias a altas horas de la noche en un entorno y posiblemente no en las mejores condiciones físicas”, recoge el manifiesto.
SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS
Por todo esto, los juristas y profesores que se han adherido al texto expresan su “solidaridad con todas las personas afectadas, con sus familias, con los habitantes de Alsasua y con su Ayuntamiento” y defienden que “la ciudadanía de Alsasua y su Consistorio han dado muestra fehaciente de su defensa de la paz y de la convivencia, que se ha visto truncada por estos hechos que nunca debieron de ocurrir”.
En este sentido, inciden en la idea de que “desde una perspectiva jurídica esta intervención de los tribunales no puede ser más que objeto de crítica”, ya que entienden que es “incomprensible” que “los tribunales de Justicia sean ellos mismos los causantes de la minoración de los derechos de la ciudadanía en lugar de ser sus garantes”.
El manifiesto concluye instando a “las instituciones democráticas” a dar una respuesta “clara” a “este modo de proceder judicial” y piden a las autoridades de la CAV, de Navarra, de “los territorios históricos” y de los Ayuntamientos que “manifiesten con claridad la valoración que hacen de estos hechos, así como su solidaridad con la ciudadanía, el Ayuntamiento de Alsasua y las víctimas de estos hechos” ante “este disparate que no encaja con los principios básicos de una sociedad democrática y de un Estado de Derecho”.