La retirada del título a Franco, un paso “de sentido común” que se ha hecho esperar
Era una cuestión “de sentido común”, pero que ha tardado en cumplirse más de diez años. El Parlamento foral exigió hace una década que se retirase el título de Hijo Adoptivo de Navarra y la Medalla de Oro de Navarra a Francisco Franco, un paso que finalmente el Gobierno Foral ha cumplimentado este pasado miércoles. En total, el caudillo ha contado con esta distinción durante más de 40 años, tras su concesión a finales de 1974 y su entrega en 1975. Y, desde la asociación de familiares de fusilados de Navarra, affna36, valoran el paso por fin realizado, pero recuerdan que todavía quedan muchas actuaciones de la ley de memoria histórica aprobada en 2013 por realizarse. Y, advierten, no pararán; incluso, acudiendo a los tribunales.
El coordinador de este colectivo e integrante de Batzarre, Joseba Eceolaza, defiende que mantener el título de Franco era causar “un agravio a las víctimas”, en el que se ha ahondado al no haber actuado antes: “No debería costar tanto tiempo ni tanto esfuerzo que se pongan en la piel de los familiares de las víctimas”.
El Gobierno Foral ya había prometido que cumpliría la ley, pero hasta el momento desde UPN se había alegado que se estaba estudiando cuál era la fórmula adecuada para revocar una decisión de la propia Diputación, adoptada, eso sí, durante el franquismo. Este miércoles finalmente se produjo ese paso, que, sin embargo, el Gobierno Foral no anunció hasta una jornada después en comisión parlamentaria. El consejero de Presidencia, Javier Morras, adelantó que se habían revocado los títulos concedidos por órdenes de la Diputación en 1936, 1969 y 1974 a una decena de personalidades vinculadas al franquismo. La mayoría son militares, aunque también se encuentran entre ellos el conde de Rodezno y el propio Franco.
Para Eceolaza, este ha sido un paso más para que “la derecha rompa ese cordón umbilical con el franquismo”. Porque, reconoce, “es agotador tener que lograr avances a través de denuncias públicas y de los medios de comunicación”.
Sobre la memoria económica
No obstante, el portavoz de affna36 también ha recordado al Ejecutivo que quedan pasos por dar. Y, pese a que el consejero Morrás alegó que ha habido incumplimientos de la ley de memoria histórica (que, por ejemplo, exige la retirada de símbolos franquistas o que el Gobierno financie las exhumaciones de víctimas) debido a que esta carece de una memoria económica, Eceolaza ha asegurado que “es una falacia”, porque hay medidas que se pueden cumplir sin apenas un coste económico: como nuevas reuniones de una comisión de coordinación vinculada a la ley, la revisión de los libros de texto en torno a la memoria histórica o la anulación de las mencionadas distinciones.
Un punto pendiente de resolver es la crítica realizada por la propia asociación sobre la negativa del Gobierno a abonar las pruebas de ADN a los restos hallados en la Sima del Raso, en Urbasa; desde la asociación recaban ahora información sobre cuántos familiares han tenido hasta el momento que afrontar el pago de este tipo de pruebas, porque, según ha adelantado, “pediremos al Gobierno que cumpla la ley, y no tenemos ninguna duda en judicializar su cumplimiento”.
