A partir del próximo jueves, día en que se prevé la publicación en el BON y la entrada en vigor del nuevo decreto de Salud Sexual y Reproductiva aprobado por el Gobierno foral, la red hospitalaria pública de Navarra practicará los llamados abortos por causas médicas, como malformaciones del feto o riesgo para la madre. Dentro de seis meses, todos los centros de Salud Sexual y Reproductiva públicos podrán practicar los llamados abortos farmacológicos. Y dentro de un año, en los hospitales públicos de Navarra se practicarán también los abortos que soliciten las madres dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Para los profesionales sanitarios que quieran ejercer su objeción de conciencia ante el aborto, el nuevo decreto les dará la posibilidad de detallar qué tipo de interrupción del embarazo no quieren practicar, además de poder inscribirse en el registro de objetores para permitir que la red pública sanitaria adopte las medidas organizativas precisas para que dichos abortos sí puedan ser llevados a cabo.
El calendario gradual de implantación es la novedad más importante de la presentación que el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha hecho de un decreto que ha sido sometido a proceso de participación pública y que ha incorporado 66% de las propuestas ciudadanas recibidas. El cuatripartito había acordado la implantación de una nueva política en salud sexual que, entre otras cuestiones, permitiera la práctica de abortos en la red sanitaria pública, garantizase también en los hospitales públicos los tratamientos de reproducción asistida y ofreciera una atención integran a la transexualidad. Y como prueba del apoyo de las cuatro formaciones políticas al decreto de Salud, representantes de los cuatro partidos han acompañado hoy al consejero en la presentación de la normativa.
El texto supone el fin del concierto con un centro privado para llevar a cabo la reproducción asistida. Concretamente, el complejo hospitalario de Navarra asume desde ahora el diagnóstico genético preimplantacional, la ciropreservación de gametos o de preembriones para uso propio diferido o diferentes técnicas para evitar la transmisión de enfermedades sexuales crónicas. Sin embargo, el decreto da un plazo de dos años a los hospitales públicos para poner en marcha estas prestaciones que asumen, de forma que puedan llevarse a cabo con medios propios.
El decreto garantiza los mismos tratamientos de reproducción asistida a mujeres que convivan en pareja del mismo sexo, y técnicas de inseminación artificial a mujeres sin pareja masculina y sin tener que acreditar la existencia de indicación terapéutica, como ocurre en la actualidad. No obstante, antes de la plena puesta en marcha de estas garantías, deberán resolverse algunos trámites ante el Consejo Interrterritorial de Salud.