“No era el plan al que se refería la Ley (2/2013)”, pero un mayor consenso parecía difícil en un año. La consejera navarra de Salud, Marta Vera, defendió ayer, punto por punto, su actuación ante la petición del Parlamento de Navarra de elaborar un plan para el funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria y las modalidades de atención continuada y urgente. Vera, tras una semana tensa durante la que la oposición ha vuelto a pedir su dimisión e, incluso, su denuncia por la vía penal, aseguró que las únicas responsabilidades en este caso, con el informe jurídico de su departamento en la mano, son “políticas”.
La semana pasada, en la Junta de Portavoces, la oposición (en concreto, PSN, Bildu, Aralar-NaBai e Izquierda-Ezkerra) volvió a exigir la dimisión de Vera por este asunto. No salió adelante, sin embargo, la posibilidad de denunciarla, porque el grupo socialista no lo apoyó. Con todo, Vera acudió ayer a la comisión correspondiente del Parlamento para justificar su actuación y su voluntad de cumplir las exigencias de la Cámara. Y fue especialmente crítica con la actitud de Bildu.
Vera repasó cada uno de los tres puntos de la Ley 2/2013 en torno a la atención rural, en la que se pedía un estudio de evaluación de las necesidades de la zona rural (presentado en septiembre de 2013), la búsqueda de un plan de funcionamiento buscando el máximo consenso y la posterior presentación de este proyecto. Este último no llegó a buen puerto porque la consejera logró solo llegar a acuerdos “con cuatro fuerzas sindicales”. No obstante, Vera consideró este como un punto de partida para seguir trabajando.
“Hagamos política”
Esta valoración no contentó a parte de la oposición. Bildu, Aralar e Izquierda-Ezkerra cargaron con dureza en la comisión contra las explicaciones de la consejera. Respectivamente, la parlamentaria Bakartxo Ruiz subrayó que “por primera vez” la consejera reconoció que había incumplido el plan, Asun Fernández de Garaialde destacó que la labor de la oposición ha sido la de “defender una atención sanitaria de calidad”, y Marisa de Simón criticó el “caos” generado por el Gobierno en esta materia y que “no querían” llegar a un acuerdo.
Por el contrario, desde el PSN consideraron que, pese a las críticas evidentes en materia política, en este asunto no se podían pedir responsabilidades penales, como era la “estrategia” de otros grupos. En este punto coincidieron con la valoración de PP y UPN, que en este caso se refirió a la posición de parte de los grupos como una muestra más de una “estrategia política de desgaste, de acoso y derribo”. “Si queremos todos hacer política con mayúsculas o minúsculas, o del tipo que sea, hagamos política, pero dejemos a la Justicia, que bastantes problemas tiene ya”, lamentó Vera.