“Yo tengo la opinión de nuestros servicios jurídicos que dicen que tanto la resolución como el acuerdo sindical al que se llegó con cuatro fuerzas sindicales cumple con toda la normativa reglamentaria que hay dictada al efecto y que de alguna manera resucitaba la ley que aprobó el Parlamento”, ha declarado Vera a los periodistas antes de comparecer en la Cámara navarra.
Respecto a si el departamento ha cumplido o no con la ley, la consejera ha explicado que “esa ley nos pedía dos cosas, enviar un estudio de necesidades y enviar un plan de funcionamiento con el máximo consenso posible”.
Y el departamento de Salud, ha subrayado Vera, “envió el estudio de necesidades en el mes de septiembre y respecto a la búsqueda de los acuerdos y el consenso, en una materia tan controvertida y con tantos intereses contrapuestos, no fue posible llegar a un consenso que nos llevara a una reforma, a un plan, y así lo expuse en el Parlamento”.
“El máximo consenso posible al que pudimos llegar fue el que nos dio ese acuerdo sindical que lo único que hacía era actualizar un acuerdo sindical del año 2008. Nosotros seguimos trabajando buscando ese consenso”, ha asegurado la consejera de Salud.
En este sentido, ha avanzado que al final de año “se revisará y que se volverá a actualizar el acuerdo sindical”. “Se actualizará con los sindicatos firmantes y el resto de sindicatos en la mesa sectorial. Trataremos de dar pasos adelante para poder conformar ese plan y en su momento que sea enviado”, ha relatado.
Vera ha explicado que en estos momentos “no hay un plan de urgencias rurales”, sino que “lo que hay es una normativa de funcionamiento que es la que está aplicando el departamento y hay un acuerdo sindical que es el que ha llevado a que se pueda establecer la jornada laboral y el calendario, como está establecido, que es plenamente coherente con la normativa reglamentaria que está en vigor”.
Preguntada por si después del informe de los servicios jurídicos del Parlamento puede seguir vigente el acuerdo sindical, la consejera ha contestado que “los servicios jurídicos han hecho muchos informes, en uno casos a los grupos parlamentarios les resulta satisfactorio con sus opiniones y en otros casos no les hacen caso a los informes jurídicos”. “Es un informe jurídico más”, ha concluido.