A qué colegio va un hijo, si hace la comunión, si puede realizar un viaje al extranjero, apuntarse a una actividad extraescolar, someterse a un tratamiento médico o, incluso, cómo cortarse el pelo. Son decisiones propias de los padres, pero que, cuando tras una separación existen discrepancias irreconciliables entre ellos, han tenido que llegar a dirimirse en un juzgado de familia. Esto provoca una carga de trabajo extra en esos centros y que el juez se convierta en un tercer padre que, además, dicta una sentencia que no resuelve el conflicto.
“Lo que constatamos en los juzgados es que cada vez crece más la conflictividad por ruptura, que se genera después de una sentencia de divorcio, como son las discrepancias en materia de patria potestad”, explica el magistrado José Luis Utrera, titular del juzgado de primera instancia nº5 de Málaga, especializado en familia, y autor de la ‘Guía básica para un buen divorcio’. Esta conflictividad supone, indica, “una sobrecarga de trabajo” porque “de cada tres procedimientos, uno es repetitivo. Es decir, corresponde a un procedimiento de una pareja que está divorciada”.
“Tenemos la idea de que una familia ha llegado a un acuerdo con un convenio regulador, pero no es así. Ahí es cuando empieza el cuento”, señala la presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano. Precisamente, “la saturación de los juzgados de familia, o que no son de familia pero que dirimen estos conflictos”, por este tipo de asuntos que afectan a la vida diaria de los menores fue uno de los asuntos que esta asociación abordó en su último congreso, a finales de septiembre. Los abogados señalan directamente a la Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV), que entró en vigor en 2015, como causa de ese colapso. Hasta entonces, no existía un procedimiento específico y regulado para solucionar estos desacuerdos entre progenitores, por lo que “mucha gente no acudía al juzgado” y esos conflictos “se intentaban resolver dentro del ámbito privado”.
Según los datos de los informes ‘La Justicia dato a dato’, de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 (el último disponible), que elabora el Consejo General del Poder Judicial, los casos en trámite en los juzgados de familia al final de cada ejercicio han ido en aumento. Han pasado de 66.529 a finales de 2014, a 73.771, en 2017. No obstante, hay que señalar que se trata del número global, y no de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, es interesante señalar que las separaciones y divorcios han experimentado un descenso en el mismo periodo de tiempo.
La mediación, “un cambio de cultura”
Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ, por las siglas de la denominación anterior: Sindicato de Secretarios Judiciales) prefieren hablar de “lentitud en la respuesta” más que de “colapso con la justicia”. Lo dice su portavoz Abigail Fernández, quien explica que “cada juzgado es un mundo” por lo que, aunque siempre “intentan dar una respuesta bastante rápida”, existe una “falta de homogeneidad” en los tiempos. Para ella, el aumento de los casos relativos a padres separados sobre la patria potestad no está motivado tanto por la LJV sino por la forma en la que “nos enfrentamos socialmente a los conflictos”. Pero, también, a la ausencia de “una oferta pública de mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Hay programas de mediación, pero son aislados y no llegan a todo el territorio”. Y añade: “La única oferta pública bien estructurada de resolución de conflictos es la judicial”.
Para el juez Utrera, la mediación supone un “cambio de cultura”: “En España, en cuanto hay un problema lo más habitual es escuchar eso de que nos vemos en los juzgados”. Pero la litigiosidad post divorcio también tiene una visión positiva: “Desde hace años, se está dejando claro que las obligaciones radican en la patria potestad y no en las custodias, que además ahora son más veces compartidas, lo que hace que los dos progenitores sigan implicados en la vida de los hijos menores mucho más que antes, lo que es bueno”, razona.
El funcionario de justicia y portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Juanjo Carral, reconoce que “se está experimentando una mayor carga de trabajo”, pero admite que “este tipo de procedimientos derivados de divorcios contenciosos siempre han sido complicados y no siempre se llegan a cerrar, porque, evidentemente, son rupturas familiares con una carga emocional importante”. Por eso, “ya no hablamos solo del número de procedimientos, sino de lo que se alargan en el tiempo”, por lo que “la carga de trabajo que asume el juzgado es mayor, porque a los casos antiguos que se enquistan, se van sumando los nuevos”.
“Pierden las familias”
“No es tanto que genere una sobrecarga de trabajo”, explica la letrada María José Costa, delegada de SISEJ en Cataluña, que trabaja en un juzgado especializado en familia de Barcelona. Para ella, “estas controversias han existido toda la vida, lo que pasa es que ahora está muy claro el cauce procedimental que hay que seguir”, matiza. Por eso, “incide en el sentido de que es un procedimiento más, pero ese es nuestro trabajo. Lo trascendente de estos supuestos es que es una decisión que toma un juez y que no beneficia a las familias. Lo ideal sería que no llegara al juzgado”.
“La sentencia que dictamos los jueces no resuelve el conflicto, por lo que se siguen generando nuevos procedimientos. Por eso, muchos apostamos por la mediación”, indica Utrera, quien tiene en su juzgado “familias que han llegado a tener hasta 14 procedimientos judiciales distintos”. Y es que se viven “situaciones rocambolescas”, dice Carral: “He visto situaciones en las que se ha recurrido al juzgado para ver si se le debe cortar o no el pelo a los hijos”. “Los jueces de familia terminamos siento el tercer progenitor dirimente: los niños tienen a su madre, a su padre y al juez, que acaba decidiendo si va de viaje o no, si va a un colegio o a otro, si toma un tratamiento médico…”.
¿Qué prioridad tienen estos casos? Dependerá de si se trata de juzgados especializados en familia o mixtos, generalmente en pequeñas poblaciones y que tratan todo tipo de casos. No obstante, “cada letrado decide, pero hay cosas que tienen prioridad legalmente, como los casos de violencia de género o las guardias”, indica Fernández. En todo caso, “a los asuntos con menores, se les intenta dar prioridad”. Sobre todo, si la decisión que el juez debe tomar implica cierta urgencia. Por ejemplo, matricular al niño en un colegio antes de una fecha límite o expedir un pasaporte para un viaje ya organizado.
“Estas situaciones se dan e intentas correr, pero a veces no tienes margen, porque en un juzgado de familia casi todo son menores”, añade Costa, quien reconoce que conflictos, en apariencia banales, “generan un expediente más que no debería estar”, porque “si no dedicas tiempo a eso, tienes más tiempo, por ejemplo, para otros divorcios contenciosos”. Pero Costa matiza: “Si me preguntas quién pierde, pierden las familias”.