Vox y el PP llevan a los tribunales el decreto que permite a los ayuntamientos relacionarse solo en euskera por “racista” e “inconstitucional”
- El decreto fue aprobado el pasado noviembre el Gobierno vasco y regula el uso del euskera en los ayuntamientos
Vox y el Partido Popular han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el decreto que aprobó el pasado noviembre el Gobierno vasco y que regula el uso del euskera en los ayuntamientos, permitiendo que esa sea la única lengua que se emplee para trabajar y para relacionarse con los ciudadanos.
La posición del PP sobre este decreto se conoce desde hace tiempo, puesto que tras su aprobación el presidente del partido en Euskadi, Alfonso Alonso, lo criticó por ser “un decreto inconstitucional que cercenaba libertades y ampliaba imposiciones”. algo que en su momento describió como “un grave atentado contra las libertades”. De esta manera, han comenzado una campaña a través de las redes sociales para criticar esta decisión, en la que muestran a una mujer que al llegar a casa no logra entender un comunicado del Ayuntamiento escrito en euskera en el que se indica que cortan el agua del edificio.
La decisión de Vox se ha tomado tras las declaraciones de su portavoz, Ivan Espinosa de los Monteros y la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, este miércoles, en las que han calificado de “atropello lingüístico para los castellanoparlantes” el contenido de la norma.
Además, han acusado al Gobierno de Urkullu de permitir “un sistema racista propio del PNV y Bildu” que divide a la ciudadanía en “vascos de primera y de segunda categoría”. “No vamos a tolerar el odio hacia la nación española, sus símbolos, sus tradiciones, su cultura o su lengua común por la incomparecencia del Estado ante las fuerzas secesionistas”, ha denunciado
El decreto permite que las corporaciones locales decidan cómo regulan el uso del euskera y el castellano en sus relaciones internas y públicas en función de la realidad sociolingüística de los municipios, siempre respetando el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en ambos idiomas. Es decir, un ayuntamiento donde la mayoría de su población sea vascoparlante podría enviar todas sus comunicaciones en euskera a los vecinos. Eso sí, tendrá que tener a disposición de la ciudadanía también la versión castellana de ese acuerdo y darle publicidad.
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