Ferdinand Kome y Monique Mbakong: atrapados en un laberinto burocrático y víctimas del “racismo institucional”

La historia de Monique Mbakong y Ferdinand Kome se parece a la de otros jóvenes africanos obligados a abandonar su tierra, dejar atrás a sus familias y renunciar a todo lo que conocen para intentar sobrevivir y luchar por una existencia digna. Paradójicamente, esa aspiración provoca demasiadas veces sentimientos de frustración, desarraigo y tristeza. Ese largo camino hacia una vida mejor es también el inicio de una aventura que no siempre tiene un final feliz.

“Ahora me siento decepcionado, indignado, víctima de una injusticia”, resume Ferdinand, en un descanso de su trabajo como temporero. Desde hace casi una década, esta pareja de origen camerunés, asentada en Cantabria, se ha visto atrapada en un laberinto burocrático y judicial de difícil salida. “Me robaron a mi hijo”, sentencia Ferdinand, que sigue batallando para recuperar la custodia de su primogénito, con el que no tienen contacto desde 2010.

Pero hay que remontarse más atrás para seguir sus pasos. Ferdinand salió de Camerún y durante su recorrido hacia Europa atravesó las fronteras de Chad, Níger, Argelia o Libia, en un viaje que se prolongó durante meses hasta que, finalmente, decidió cambiar la ruta hacia Marruecos, con la vista puesta en España.

Antes de conseguir dar el salto a Melilla, se refugió en el monte Gurugú, planeando la mejor fórmula para superar la valla que lo separaba de su destino. La noche que alcanzó su objetivo evitó los controles policiales y dio con los voluntarios de Cruz Roja, en lo que fue su salvoconducto, primero hacia Madrid y posteriormente a Santander.

Aquí logró la reagrupación familiar, que permitió la llegada de Monique y del pequeño W. Sin embargo, todas esas dificultades no les habían preparado para el calvario que viven desde entonces. “Pensábamos que en España se respetaban los derechos humanos”, lamentan. Y es que la adaptación no fue sencilla, especialmente para su niño, que tuvo un aterrizaje complicado. Con apenas cinco años, y un cambio radical en su entorno, W era un chico inquieto, que acumuló en muy poco tiempo varios ingresos hospitalarios.

En 2009, Monique y Ferdinand acudieron a la Residencia Cantabria por la rotura de un hueso de la pierna de W, que había sufrido una caída en el parque. El Servicio de Protección del Menor activó el protocolo de maltrato al comprobar que el pequeño presentaba otras contusiones y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales presentó dos denuncias: una por la vía penal, en la que acusaba a los padres de un delito de lesiones, y otra por la vía civil, para aclarar la cuestión de la patria potestad.

A pesar de ser declarados inocentes de todas las acusaciones a las que habían sido sometidos, los Servicios Sociales de Cantabria no han devuelto nunca la tutela de W a sus padres, ya que los múltiples recursos de la Administración y la lentitud de la Justicia dilataron durante varios años la sentencia firme, por lo que el menor fue dado en adopción a otra familia.

“Los diferentes juzgados no han prestado atención ni al peritaje independiente, que demuestra no solo la buena voluntad, sino la evolución positiva de los padres, ni a las sentencias de lo penal, que demuestran que no solo no hubo maltrato, sino tampoco dejación en las funciones de Monique y Ferdinand”, denuncia un portavoz de la Plataforma Libertad para W, un grupo de ciudadanos que se organizó para ayudar y apoyar a esta familia.

Ni la cascada de sentencias favorables, ni los informes de distintos organismos, ni la posición de la Fiscalía, ni el apoyo ciudadano, ni la intermediación de la Embajada de Camerún. Nada. En estos años, no ha habido ni un solo avance que permita a Monique y Ferdinand ser optimistas. “Son víctimas del racismo institucional que todavía existe en España”, subrayan sus allegados. Su única obsesión, a estas alturas, es que su hijo sepa algún día que no lo abandonaron, que W conozca la verdad, que puedan volver a abrazarlo.