Un fiscal utiliza la militancia en Podemos de uno de los acusados para cuestionar la legitimidad de una protesta estudiantil

El fiscal del juicio por la protesta en favor de la Educación Pública y en contra de los recortes llevados a cabo por el expresidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), en 2014 ha utilizado la militancia en Podemos de uno de los siete acusados para cuestionar la legitimidad de la citada reivindicación social. Concretamente, ha hecho hincapié en que hay que tener en cuenta el contexto de estos hechos porque “toda protesta se consideraba legítima en aquella época” y ha incidido en “la permisividad” que había entonces. 

Seguidamente, ha señalado como habituales de este tipo de actos a los afines a movimientos sociales como Cantabria No Se Vende y ha aprovechado para remarcar la vinculación con Podemos del acusado Marcos Martínez, quien, en su alegato final, le ha reprochado que utilizase su militancia política para juzgar una protesta cuando el propio fiscal se ha mostrado “a favor de la Educación Pública”, incurriendo en “una contradicción”. 

Y es que el fiscal, única parte que ejerce la acusación, ha llegado incluso a comparar a un menor presente durante los acontecimientos que se juzgaban con la kale borroka por llevar “una braga en el cuello que le cubría hasta la boca”. Además, se ha mostrado discrepante con la que ha calificado como una “campaña de manipulación y de tergiversación” desde el exterior con todo lo que ha rodeado a este caso, calificando de “absurda” la plataforma de apoyo y los actos celebrados con ese fin, como la huelga estudiantil de la primera vista del juicio. 

No obstante, en la segunda vista celebrada este viernes, el Ministerio Fiscal ha retirado la petición de un año de cárcel que pedía a Diego San Gabriel. Ha considerado que los daños del vehículo de reacción policial ascienden a 190 euros, según la declaración de la perito, y no a 700 como se venía manteniendo. Así pues, se le solicita una multa de 240 euros.

Asimismo, tanto para él como para los otros seis acusados mantiene la petición de multas de 4.400 euros por un delito de coacciones y de una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad. Originalmente, nueve acusados -ahora siete- se enfrentaban a 42 años de cárcel que se han ido reduciendo a cero tras las sucesivas pruebas presentadas a lo largo del tiempo por la defensa, especialmente dos vídeos que desmentían la versión del expresidente y sus escoltas. 

De esta forma, las defensas de los siete acusados por el mediático caso #PreguntarNoEsDelito han solicitado la libre absolución al considerar que la prueba y las declaraciones de los testigos en el juicio, entre los que se encontraba el propio Ignacio Diego, “no han desvirtuado la presunción de inocencia de los jóvenes”. Además, han pedido al juzgado que, en caso de condena, se contemple como una falta de coacciones y no un delito. 

Han subrayado que ha quedado demostrado que fue “una protesta pacífica y no organizada” y en la que los jóvenes no agredieron sino que fueron “agredidos por los escoltas”, los cuales ellos “ni sabían” que eran policías nacionales. “No hay ni delito de coacciones ni falta de orden público, sino protestas con consignas en defensa de la educación pública y contra la política educativa del PP”, ha recalcado uno de los letrados.

“Angustia, incertidumbre e impotencia”

Los siete jóvenes han tenido la oportunidad de manifestar ante la jueza sus impresiones y disconformidades en torno a este procedimiento y a las acusaciones del Ministerio Fiscal en un alegato final. Han coincidido en solicitar a la magistrada su deseo de que “se acabe ya” lo que para ellos han sido cuatro años de “angustia, incertidumbre e impotencia”. 

Y es que han hecho hincapié en la difícil situación que se les presentó cuando se vieron involucrados en este caso a la hora de tratar de desmentir las acusaciones que les vertían cuando todavía no disponían de los vídeos en los que apoyarse para ello. “Ni agredimos ni impedimos la salida del presidente”, han asegurado. “Los escoltas pusieron la tirita antes que la herida, que no se hubiera producido en ningún caso”, ha recalcado Raquel Cifrián.

“¿Soy conflictiva por tener ideas propias, por querer defender la educación pública?”, se cuestionaba en su discurso esta joven, al tiempo que relataba su “indefensión” al verse tachada desde aquellos hechos como una persona “agresiva”. Y es que ha lamentado que durante estos cuatros años ha temido verse afectada por este caso en la búsqueda de empleo. “Si buscaban castigarnos, ya hemos sufrido, y nuestras familias, daños irreparables”, ha subrayado, mientras mandaba un mensaje de agradecimiento a su familia por la educación y valores que le han transmitido . 

Por otro lado, los siete jóvenes también han coincidido en que las imágenes aportadas “valen más que cualquier testimonio”.

Por su parte, Diego San Gabriel ha puesto de manifiesto que “no tiene muy claro por qué ha empezado todo esto”, pero sí ha señalado que, en una época de muchas movilizaciones, cabe la posibilidad de que se quisiera “amedrentar con un juicio ejemplarizante”. Eso o que algunos “denuncian para cubrirse las espaldas”. 

“Se nos ha intentado fastidiar la vida”, ha expuesto Mario Pardo, aportando “datos falsos, testimonios falsos y conclusiones falsas y sesgadas”. Este joven ha destacado que si hubiesen querido agredir o impedir la salida del entonces presidente de Cantabria lo hubiesen hecho porque eran bastantes más que los escoltas. “La mayor prueba de que no tuvimos intención de coaccionar ni de agredir es que no lo hicimos”, ha sentenciado.

Por su parte, Marcos Martínez Romano, en la línea del resto de desmentir las acusaciones contra ellos, ha aprovechado el final de su intervención para animar a la gente “a seguir produciendo protestas y movilizaciones de carácter pacífico en defensa de nuestros derechos fundamentales”. Para ello ha citado al reconocido filósofo y político Nicolás Maquiavelo: 'Las buenas leyes nacen de esos tumultos a los que muchos condenan con desconsideración', “tal y como ha sucedido en los hechos que han sido juzgados en esta sala”. “Que la historia absuelva a los que luchan”, ha concluido. 

Los hechos

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, juzga los hechos sucedidos en febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria. El Consejo de Estudiantes había organizado un acto con el entonces presidente del Gobierno en un formato similar al programa televisivo 'Tengo una pregunta para usted'. 

La seguridad privada de la Universidad impidió a un grupo de jóvenes acceder a la sala donde estaba previsto celebrar el encuentro, según la versión de los afectados, “sin aportar ningún tipo de justificación”. “Se quedó más gente fuera que dentro. Solo querían afines”.

Por ese motivo, parte de los estudiantes decidieron trasladar su “descontento” a la conclusión del acto y esperaron a Ignacio Diego tras una pancarta en defensa de la educación pública coreando consignas en este sentido, produciéndose momentos de tensión con los escoltas del expresidente, que, tal y como se observa en las imágenes tomadas por testigos, llegaron a agredir a uno de los jóvenes.