Llega a la Audiencia la macrocausa de 'La Loma', con 46 imputados y 57.000 folios

La Fiscalía pide cerca de 200 años de cárcel en total para los acusados, entre ellos los exalcaldes Díaz Helguera y Muguruza

(Atención abonados, esta información sustituye a la anterior sobre el mismo tema, en la que por error se indica que son 43 imputados cuando el número correcto es 46, disculpen las molestias)

El Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Castro Urdiales ha remitido a la Audiencia provincial la macrocausa de 'La Loma', vinculada a la corrupción urbanística, en la que hay 46 imputados entre políticos, promotores y empleados municipales para los que la Fiscalía pide cerca de 200 años de cárcel en total.

Entre los acusados figuran los exalcaldes de Castro Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera. La causa, conformada por 101 tomos y más de 57.500 folios, llega a la Audiencia para su enjuiciamiento -aún no hay fecha- dos años y medio después de que el entonces titular del Juzgado castreño, Luis Acayro Sánchez, dictara el auto de apertura de juicio oral.

En él reiteraba la existencia de “múltiples indicios” de delitos contra la administración pública, en sus diversas modalidades, en el desarrollo urbanístico de La Loma, y fijaba fianzas multimillonarias para 28 de los 46 imputados y para el Ayuntamiento, al que denegó la condición de perjudicado y solicitó 53 millones de euros como responsable civil subsidiario.

En un oficio fechado el 16 de enero y consultado por Europa Press, el juzgado señala que se han efectuado cumplidamente los trámites de notificación de auto de apertura de juicio oral, emplazamiento y requerimiento de fianza tanto a los acusados como a los responsables civiles directos y subsidiarios, habiéndose presentado por los mismos los correspondientes escritos de defensa o habiendo concluido los plazos para ello.

En esta macrocausa están imputados 13 promotores, diez funcionarios y técnicos municipales y 23 políticos, por delitos de prevaricación urbanística y administrativa, ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, estafa, infidelidad en la custodia de documentos públicos y desobediencia a la autoridad.

Todos ellos cometidos, según el juez instructor, “en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades” en el desarrollo urbanístico de La Loma. Irregularidades que habrían provocado un perjuicio al patrimonio municipal de unos 9,4 millones de euros, y el enriquecimiento ilícito de algunos de los imputados.

La confirmación por parte de la Audiencia de la instrucción y las imputaciones formuladas por el juez Acayro Sánchez provocó la dimisión, en mayo de 2015, a las puertas de las elecciones, de los candidatos del PSOE a las Alcaldías de Castro Urdiales, Daniel Rivas, y Laredo, Juan Ramón López Revuelta.

Según consta en el oficio del juzgado de Castro, el exalcalde Fernando Muguruza presentó el escrito de defensa fuera de plazo, al igual que los exconcejales Santiago Vélez y Elisa Cantero; mientras que el promotor y exalcalde de Laredo, Juan Ramón López Revuelta, y la exconcejala Ana Zubiarre no han presentado escrito de defensa en el plazo previsto para ello.

ANULACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS CONTROLES

El juez instructor considera que el desarrollo de La Loma ha sido gestionado “a criterio y voluntad de los responsables municipales, técnicos y promotores, mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de la legalidad urbanística, así como de la manipulación de los expedientes que ha lucrado a los mismos, al tiempo que ha ocasionado un grave perjuicio al patrimonio municipal, a la Administración del Estado, a la Junta Vecinal de Santullán y a los particulares que han adquirido viviendas viciadas de graves ilegalidades urbanísticas”.

Así, señala que los planes parciales se aprobaron “con indiciario conocimiento de su ilegalidad”, ya que tenían hasta siete informes negativos de la CROTU y las estimaciones de impacto ambiental se obtuvieron de forma “fraudulenta” al “simular la existencia de infraestructuras que no eran tales”.

El auto de apertura de juicio oral añade que se aprobaron los proyectos de urbanización y se concedieron todas las licencias pese a que hasta en 19 ocasiones los servicios técnicos y jurídicos pusieron de manifiesto la falta de infraestructuras básicas; hasta en 17 comisiones y tres plenos los imputados han tenido “conocimiento directo de la ilegalidad que estaban cometiendo”; y hasta en 19 ocasiones se han presentado denuncias por parte de particulares sobre ilegalidades urbanísticas.

FIANZAS

De los 28 imputados para los que se fijó fianza, nueve son exconcejales, siete funcionarios y técnicos municipales y 12 promotores. Las fianzas de mayor cuantía son las fijadas para los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, a los que el juez instructor pidió 52,6 millones por un delito de prevaricación urbanística, como responsables civiles solidarios junto a autoridades y funcionarios.

La misma cantidad pidió el magistrado para el exsecretario del Ayuntamiento, para el autor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y para una técnico municipal, por prevaricación urbanística en los dos primeros casos en grado de cooperación necesaria.

Acayro Sánchez solicitó otros 30 millones de fianza a los exconcejales José Miguel Rodríguez López 'KyK', Jaime Díaz Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Salvador Hierro, también por el delito de prevaricación urbanística.

Entre los 12 promotores a los que el juez pidió fianza figura el exportavoz municipal del PSOE en Laredo, José Ramón López Revuelta, que en cumplimiento del código ético de su partido dimitió como candidato a la Alcaldía de la villa pejina cuando se confirmó su imputación, y al que el magistrado solicita 11 millones de euros por estafa continuada en la venta de viviendas pese a conocer la situación de ilegalidad en que se encontraban.

Además, el juez fijó otra fianza de 500.000 euros para los gastos de la eventual demolición de las viviendas construidas en la zona de servidumbre de la autovía y del futuro vial autonómico, demolición que a su entender es “altamente previsible” porque “todos los contratos han sido resueltos, los compradores han recuperado el dinero y no habita nadie”.

En esta causa hay múltiples acusaciones particulares, entre ellas la Junta Vecinal de Santullán y varias entidades bancarias.