Arranca el juicio del 'caso Margüello': 6,8 millones en contratos sanitarios aparentemente irregulares
En plena celebración del juicio del 'caso De Miguel' en la Audiencia de Álava, el mayor caso de corrupción investigado en Euskadi y que sienta en el banquillo a 26 imputados, entre ellos tres exdirigentes del PNV en Álava, la Audiencia de Bizkaia acogerá otra causa penal por irregularidades administrativas, en este caso en la externalización de servicios sanitarios durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Las vistas del denominado 'caso Margüello', cuya afección a las arcas públicas se estima en 6,8 millones de euros, tendrán inicio este lunes 19 de marzo. En esta ocasión, en cambio, está previsto que el asunto quede visto para sentencia en menos de una semana.
Como adelantó eldiarionorte.es en enero, el calendario de señalamientos abarca las mañanas de los días 19, 20, 21 y 22 de marzo a partir de las 10.00 horas y solamente en horario matinal. Será la sección primera de la Audiencia de Bizkaia la que analice un procedimiento cuya investigación se inició también hace casi una década, en 2009, cuando el socialista Rafael Bengoa asumió la cartera con más dotación presupuestaria del Gobierno vasco en sustitución de Inclán.
En este juicio se sentarán en el banquillo el exjefe de Calidad del hospital de Cruces, el doctor José Carlos Margüello, que da nombre al caso, María Nieves Fernández y dos exaltos cargos de la Sanidad vasca, el que fuera viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, y el responsable territorial en Bizkaia en esa época, José Ramón Elorriaga. Se enfrentan a penas de hasta 11 años de cárcel y a la restitución del dinero de los contratos aparentemente irregulares por la presunta comisión de los delitos de “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos”, según determinó la entonces fiscal del caso, Carmen Adán, ahora máxima representante de la Fiscalía en Euskadi.
El ministerio público, una vez concluida la larga fase de instrucción, vio constatado que los dos exaltos cargos, Cerdán y Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la legalidad para beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad del hospital de Cruces, Margüello, que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández. Son dos los contratos considerados irregulares, uno con un valor aproximado de 2 millones de euros y un segundo que ascendió hasta los 4,8.
La Fiscalía desmenuza la trama
Según la calificación de la Fiscalía, Margüello era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto responsable de la unidad de Calidad de Cruces, pero al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. En ellas figuraba como administradora María Nieves Fernández. “La acusada se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”, explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de Margüello.
Entre las gestiones llevadas a cabo por la acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la Dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como contratista. Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.
Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera. “Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”, Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.
El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un “procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y Clínica Indautxu. El presupuesto máximo del contrato eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.
El Gobierno vasco, de perfil
La Fiscalía será la única acusación en el juicio del 'caso Margüello', ya que los servicios jurídicos del Gobierno vasco no solicitarán penas de prisión, de igual manera que en el 'caso De Miguel'. Los letrados autonómicos sólo reclamarán una compensación económica en caso de que “hipotéticamente” la Justicia dé la razón al ministerio público. El consejero al cargo de los servicios jurídicos, Josu Erkoreka, explicó el pasado año a los periodistas que es “absolutamente imprescindible tomar en consideración los nueve pronunciamientos judiciales que se han producido en los últimos diez años” en torno a esta cuestión para comprender el papel secundario que adoptará el Ejecutivo en el proceso penal.
El PSE-EE, impulsor en su día de la investigación y ahora socio del PNV en el Gobierno, mostró su malestar por esta posición e incluso llegó a desmarcarse de los nacionalistas en una votación parlamentaria por “coherencia”. El actual consejero de Salud, Jon Darpón, por su parte, fue uno de los exaltos cargos de Inclán que firmaron un documento negando la existencia de cualquier tipo de fraude. La comisión de investigación del Parlamento, finalmente, estimó que las empresas implicadas en la trama facturaron un total de 30 millones con la Administración vasca.
