Batalla jurídica por la ley vasca de víctimas policiales
El delegado del Gobierno de España en el País Vasco, Jesús Loza, se ha encontrado con apenas un mes de experiencia en el cargo una 'patata caliente': en un movimiento inédito, prácticamente el conjunto de las agrupaciones profesionales de policías nacionales y guardias civiles (además de Erne de la Ertzaintza) se han agrupado para criticar el acuerdo político con el Gobierno vasco por el que el Estado desistirá del recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica para la reparación de las víctimas de violencia policial entre 1978 y 1999. Aseguran en esta plataforma que el texto alimenta la 'teoría del conflicto' del entorno de ETA para minimizar su historial terrorista e inflar las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Loza, sin embargo, ha querido ofrecer una rueda de prensa extraordinaria en una tarde de julio víspera de fiesta en Vitoria para negar la mayor, para poner en valor la labor de los uniformados y para recalcar que los abusos policiales “fueron aislados, no sistemáticos y han ido disminuyendo” conforme España fue abandonando los vicios de la dictadura.
Loza se define a sí mismo como “muñidor”. Como tal, medió en 2012 con el Gobierno central para aprobar un primer decreto para reparar a las víctimas de violencia policial desde 1960 hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. Explica que fueron 187 los expedientes tramitados sin que la labor de la comisión de valoración creada al efecto recibiera “ningún tipo de crítica”. Fue una medida aprobada por el Gobierno de Patxi López.
Sin embargo, sí fue recurrida una modificación de ese decreto llevada a cabo en 2013, ya con Iñigo Urkullu en Ajuria Enea. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió una sentencia en 2015 en la que echaba para atrás algunos cambios en la línea de que sin pruebas fehacientes no se podía acreditar la condición de víctima. “Lo que sí podemos afirmar es que el sistema establecido por el decreto recurrido, al no prever ningún órgano médico independiente que analice los informes aportados por los interesados, no garantiza la exigencia de fehaciencia”, estipuló el Superior.
El punto de fricción estriba en que la ley de 2016 para resarcir a las víctimas del período constitucional fue recurrida por el Estado al entender que la comisión de valoración se arrogaba funciones jurisdiccionales de investigación y condena de los victimarios, policías, una competencia exclusiva del poder judicial y que, además, requiere una serie de garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Ese texto recibió el apoyo de unos socialistas que ahora, en el Gobierno de España, exigen modificaciones de calado, como hacen constar algunos observadores en privado.
Como adelantó este periódico, el acuerdo para la retirada del recurso ante el Constitucional conllevará que el Parlamento Vasco promueva una modificación de la redacción original para suavizar todas las referencias que puedan dar a entender que se busca crear una especie de 'comisión de la verdad' paralela. La normativa, en suma, se agarrará a las competencias autonómicas de “asistencia social” a las víctimas sin analizar la culpabilidad o no de los victimarios, según Loza, de nuevo como “muñidor” en este asunto espinoso que viene a cerrar el círculo de reconocimiento a las víctimas tras las normativas que atienden a las de la Guerra Civil y el franquismo y a las de ETA, el GAL y otros terrorismos.
“Respeto absoluto a la presunción de inocencia y al honor”, ha repetido Loza en varias ocasiones en su comparecencia de prensa. Y ha lanzado un dardo: las modificaciones que se harán en la ley siguen punto por punto el argumentario elaborado por la abogada del Estado que redactó el recurso de inconstitucionalidad. Esa letrada es Macarena Olona, ahora ya fuera del País Vasco y que en esta nueva etapa asesora jurídicamente a la plataforma de organizaciones sindicales policiales, en la que también colaboran asociaciones de víctimas como Covite.
“Serán pocos cambios en número pero muy importantes en contenido. La comisión de valoración quedará alejada absolutamente de ser un órgano jurisdiccional”, ha asegurado Loza, que ha subrayado que reconocer a estas víctimas no supone “ninguna equiparación” con los asesinados por ETA como tampoco poner una sola tacha a la actividad en Euskadi de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuya labor ha aplaudido.
Fuentes de la plataforma, sin embargo, no están convencidos de estos cambios anunciados. “El hecho objetivo para ser declarado víctima existe un victimario. Y para declarar que ha habido un victimario necesitas que haya habido un delito. Y eso no se puede hacer sin una resolución judicial”, explican. Y recuerdan que para ser declarado víctima del terrorismo hay que presentar una “acreditación fehaciente”, si no es una sentencia al menos una denuncia, un auto o un informe, lo que supondría un agravio comparativo.
Entretanto, el SUP ha activado un ardid judicial para intentar que se mantenga el control de constitucionalidad a pesar de la retirada del recurso por parte del Estado, algo que se formalizará probablemente este viernes en el Consejo de Ministros. Ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la constitución de la comisión de valoración de las víctimas. En los próximos días se adherirán una a una el resto de organizaciones de la plataforma, según este sindicato de la Policía Nacional. Pretende que la sala eleve una cuestión de inconstitucionalidad y que el pleito siga vivo. Más inverosímil es el camino activado por Dignidad y Justicia, que según ha informado 'El Mundo' pretende “personarse” en el Constitucional y “sustituir” al Gobierno de España como recurrente contra la ley vasca de víctimas. No existen precedentes de semejante maniobra.
Lo que sí es posible es que el Constitucional no acepte el desestimiento del Estado y de manera autónoma decida mantener la revisión de la normativa autonómica. Según Erkoreka, sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes” de situaciones en las que la corte de garantías ha actuado así.
