El final del plazo máximo aboca al archivo la investigación por el sobrecoste en la compra de camiones de basura en Vitoria
La investigación en torno al posible sobrecoste en la compra de dos camiones recolectores de basura por parte del Ayuntamiento de Vitoria, que se produjo en el tramo final de la etapa de Javier Maroto (PP) como alcalde de la capital vasca y que fue adelantada por eldiarionorte.es, está “pendiente de resolver” toda vez que el pasado mes de junio concluyó el plazo de seis meses que estipula la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la instrucción de asuntos penales ordinarios. Según la documentación facilitada por el juzgado de Instrucción 3 de Vitoria, cuya titular Beatriz Eva Román Gobernado ha asumido la causa, no consta que haya ninguna persona investigada y se ha desestimado una petición de la Fiscalía para elaborar una peritación de los dos vehículos, por lo que todo apunta a que se decretará en las próximas semanas el archivo del expediente.
El caso de los camiones llegó a la mesa de la juez Román Gobernado tras una denuncia de la Fiscalía, que recibió a su vez una comunicación anónima sobre la posible ilegalidad en torno a esta operación, que se hizo sin concurso público y al margen de la contrata de la limpieza de la ciudad, en la cual la empresa adjudicataria está obligada a proveer todo el material rodante. Tras un primer análisis, el ministerio público detectó indicios de un posible delito de malversación de caudales.
Los hechos se produjeron en 2014, cuando la anterior contrata de gestión de residuos (en manos de la empresa FCC) entró en fase de prórroga. A la espera de un nuevo concurso, exactamente el 27 de junio de 2014, el Ayuntamiento accedió a asumir una serie de mejoras e inversiones para afrontar ese período extraordinario. La principal por su montante económico fue que el Gobierno local accedió a comprar de su bolsillo para un servicio que tiene externalizado dos camiones de recogida lateral de basuras. Se pretendía suplir las graves carencias en el parque móvil de FCC, muchos de cuyos vehículos se habían ido averiando -incluso informes internos de la propia empresa reconocían que se habían producido negligencias en el mantenimiento de la flota-.
Los dos camiones, de la marca IVECO, costaron unos 665.000 euros más IVA, unos 332.700 por unidad sin impuestos. Se da la circunstancia de que entraron en servicio en la primavera de 2015 (su matrícula es de la serie JDT), a escasas semanas (sólo 48 días) de la entrada en vigor de la nueva contrata (en manos de una UTE entre FCC y Viuda de Sainz-GMSM) y que tenía como requisito la renovación total de la flota. Un dato llamativo es que en la documentación oficial de cara a esa nueva contrata, la UTE ofertaba a Vitoria vehículos de similares características (de la marca Scania) por un coste de unos 177.000 euros. Asimismo, en otras localidades de España que han comprado maquinaria similar a IVECO el coste nunca ha superado los 200.000 euros.
Este periódico solicitó un presupuesto a un distribuidor oficial de la marca italiana especificando características similares: vehículo de casi 300 CV, capacidad de 25 metros cúbicos, tecnología OMB CMPL7ETS, automático y con posibilidad de ser reconvertido de motorización diésel a gas natural comprimido, como es el caso de los de Vitoria. La oferta recibida fue de 196.600 euros más IVA, con el matiz de que el precio sería menor en 2014 por las actualizaciones que ha sufrido el modelo, por el IPC (de alrededor del 3%) y porque las ofertas individuales son más elevadas que las compras de más de una unidad.
En estas circunstancias, la Fiscalía dirigida en Álava por Josu Izaguirre estimó que la operación podría encerrar un delito de malversación de caudales. Según la documentación facilitada por el juzgado de Beatriz Eva Román Gobernado, que asumió el caso en diciembre de 2017, no consta que se haya citado a declarar a ninguna persona como presunto responsable de los hechos, por lo que sin posibilidad de que se avance en la investigación al haberse agotado el plazo -tampoco consta la declaración de complejidad y la consiguiente prórroga- el asunto está abocado al archivo.
Se da la circunstancia de que en estos meses, siempre según la información judicial oficial, la Fiscalía había insistido en reclamar documentación al Ayuntamiento y una valoración de los vehículos. El 16 de febrero el ministerio público registró un escrito en ese sentido pero el 1 de marzo, con un auto de apenas unos párrafos (dos líneas de “antecedentes”, cinco líneas de “fundamentos de derecho” y una de “parte dispositiva”), la magistrada Román Gobernado rechazó esa solicitud. “Se deniega la práctica de las diligencias de investigación interesadas respecto de la primera porque ya obra en la causa y respecto de la segunda al resultar innecesaria la pericial que se reclama pues no parece que para conocer el precio de un vehículo adquirido en el mercado sea precisa la peritación interesada”, argumenta la juez en su escueta resolución.
En este escenario, la Fiscalía presentó un recurso. El 21 de marzo, la instructora desestimó “totalmente” la apelación, por lo que el ministerio fiscal pidió amparo a la Audiencia Provincial de Álava. En un auto firmado por los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria -la misma terna que juzga el 'caso De Miguel'-, el tribunal entiende que existe un “antiguo, claro y pacífico criterio” de rechazar este tipo de recursos para dejar autonomía a los jueces instructores. En este auto, de abril, la Audiencia estimaba que todavía había tiempo en abril para recabar la documentación y periciales solicitadas por la Fiscalía. Sin embargo, en la documentación oficial remitida a este periódico no consta que eso se haya producido. Se espera para las próximas semanas la resolución definitiva.
