Caso Bravo: el comodín de ETA y la coartada del chalé “grandísimo” para defenderse de la acusación de fraude fiscal
Víctor Bravo no es Dios. Bravo era socio de una empresa llamada Glass Costa Este Salou pero desconocía su actividad. Y eso que el titular del 80% del capital, el constructor Fernando Isidoro González Enfedaque, era su “amigo íntimo” y compartían esparcimiento en una enorme villa en San Sebastián. Bravo era también director general de la Hacienda de Gipuzkoa cuando se creó la sociedad (2001), pero tampoco se enteró de que Glass Costa Este Salou solicitó un régimen fiscal especial llamado SPE que le reportó grandes beneficios tributarios. “Ignoraba la existencia de esa tramitación. No me tengo que abstener de aquello que no conozco. Pretender que el director general conozca hasta el último papel... Dios no soy todavía”, se ha disculpado quien cuando estalló este caso de fraude fiscal era senador del PNV y que desde hoy se enfrenta a un juicio en San Sebastián que podría llevarle, de aceptarse la petición más alta, nueve años a la cárcel.
La clave de este caso es por qué un negocio inmobiliario y turístico de Tarragona, como indica el nombre, y controlado mayoritariamente por un empresario residente en Cambrils –aunque originario de Portugalete– acabó en Gipuzkoa. La Fiscalía y la Agencia Tributaria entienden que fue únicamente por el régimen de SPE, exclusivo del 'paraíso' guipuzcoano de la época y que tentó a otros como el tenista Rafa Nadal. El fraude pudo alcanzar los 1,8 millones de euros en los años 2003, 2004 y 2006, sin contar otros ejercicios en los que la cuota no llegó a los 120.000 euros requeridos para que sea posible castigar la elusión. De ahí la importancia de disponer de una sede social y de una residencia en territorio foral.
Bravo y González Enfedaque, perfectamente sincronizados, han negado que la domiciliación de la empresa y del propio constructor en Donostia fuesen una tapadera doble para ahorrar impuestos y para que el que controlase la actividad fiscal de Glass Costa Este Salou fuese el director de Hacienda. Y eso que el segundo ha asumido que, por mucho que lo intentó, nunca tuvo actividad en Euskadi. De hecho, ambos han llegado a destacar cómo vivieron juntos, acompañados de sus esposas, largas temporadas en el chalé del dirigente del PNV, cuyo hermano está en la cárcel por haberse apropiado de deudas que abonaban morosos con la Hacienda de Irún, que él dirigía.
Como en otros casos de corrupción, ha aparecido el comodín de ETA. Si el constructor no alquiló o compró nada a su nombre y se quedó con su amigo fue por “misivas” que recibió en 1981 y que le obligaron a marcharse de su Bizkaia natal. “Por seguridad no podía invertir aquí [aunque antes dijera que intentó tener negocios]. Entonces no estábamos tan tranquilos como ahora”, ha declarado González Enfedaque. También Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava acusado de cobrar comisiones ilegales, dijo que hacía movimientos económicos opacos por una amenaza terrorista que pronto se vio inexistente.
En todo caso, ¿hay pruebas de esa convivencia? “¿Renta? ¿A un amigo? ¡Jamás!”, ha ironizado Bravo, que ha descrito su casa como “enorme” o “grandísima”, con muchas habitaciones, baños y espacio suficiente para dos matrimonios. “Mis amigos lo son hasta la muerte”, ha apostillado quien solía conducir Porsches y tenía una avioneta privada. La coartada ha fallado cuando Bravo ha situado antes de la creación de la empresa el inicio de la convivencia, en 1997, pero su compañero de piso en 2004. Después del juicio, en el pasillo, el exsenador le ha comentado a su amigo el despiste: “Es mejor decir 'no sé' que equivocarse”. Enfedaque ha dicho que ya está “viejecito” para acordarse de todo.
Los acusados, en efecto, tienen derecho a no declarar, incluso a mentir. Ambos han optado por contestar a todas las preguntas, incluso a las cuestiones sobre dinero negro. Entienden que no hay base para el juicio y han deslizado que puede tener algo que ver con la política que estén procesados. De hecho, como gesto, el constructor ha consignado ya un millón de euros en el juzgado, algo que puede ser tenido en cuenta como atenuante en caso de condena, si bien no es ningún reconocimiento de culpas. Eso sí, en 2012 fue condenado en Reus por fraude fiscal por otra de sus sociedades (llegó a dirigir Air Madrid).
Lo más llamativo del juicio, en todo caso, ha sido el papel doble de Bravo, que ha sido su propio abogado. Ello le evita sentarse en el banquillo. “Todavía no sé de qué se me acusa”, ha dicho como arranque de su primera intervención, vestido con toga del ilustre colegio de abogados de Gipuzkoa, del que es miembro desde 1983. Luego la jueza, María Ángeles Rubio, le ha rogado que se la quite para declarar como acusado. El Bravo con camisa de manga corta ha comparecido de pie y muy seguro de sí mismo.
Sobre el juicio sobrevuela permanentemente el tiempo transcurrido hasta que ha llegado este día. Los hechos se iniciaron en 2001, saltaron a la opinión pública en 2007 y la Fiscalía lo denunció en 2009. La magistrada ha señalado que se pronunciará en la sentencia sobre si los delitos fiscales de 2003, los más viejos, están o no prescritos. La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que no.
