'Caso De Miguel': el Gobierno vasco interroga por primera vez tras 14 sesiones de juicio
La representación legal del Gobierno vasco en el juicio del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción abierto en Euskadi y que afecta a la sociedad pública autonómica que es el parque tecnológico de Miñano y a contrataciones del área de Juventud del Departamento de Cultura, ha interrogado por vez primera tras 13 sesiones previas en que los letrados gubernamentales se habían quedado en el “no hay preguntas, señoría”. El abogado Mikel Casas, relevo circunstancial de la sustituta del abogado titular, Javier Otaola, ha sido el protagonista inesperado de la sesión de este martes, centrada en las presuntas irregularidades en una contratación de Miñano con la empresa Stoa, gestionada por un amigo del que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel.
Fuentes del Gobierno vasco explican que no se ha producido un cambio de estrategia por parte de la representación jurídica en el 'caso De Miguel', simplemente que Casas, en su primera presencia en las vistas que se celebran en la Audiencia Provincial de Álava, ha considerado “llamativas” algunas circunstancias que rodean al parque tecnológico de Miñano y ha optado por solicitar a dos testigos algunas “aclaraciones”.
En concreto, Casas ha interrogado a un asesor jurídico contratado en la sociedad pública a pesar de que existe un contrato con el prestigioso bufete Uría & Menéndez. Este letrado, Pedro Salazar, ya explicó hace unos días en el mismo foro que lleva dos décadas “sin contrato” en Miñano pero prestando servicios regularmente.
Hasta la fecha el peso de la acusación lo había llevado en exclusiva el fiscal, Josu Izaguirre, que está asistido por un compañero, Manuel Pedreira. La Diputación de Bizkaia sí acompaña al ministerio público en la petición de cárcel para los acusados, al menos en lo relacionado con empresas domiciliadas en su territorio, aunque esa parte de la trama aún no ha llegado y el papel de los abogados forales ha sido testimonial.
Casas es un conocido integrante de los servicios jurídicos autonómicos. Su gran caso fue la defensa del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, procesado por reunirse con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. Sin embargo, también ha participado en otras causas de corrupción, como la del saqueo de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia, por la que fueron condenados excargos de Vivienda nombrados por Ezker Batua. En aquel juicio, Casas habló de “barra libre” y “desmadre” en la gestión del dinero público por parte de los acusados.
