Condenado un excargo del PNV en Agricultura por la quiebra de la planta de purines de Carranza
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha enmendado la plana a la juez mercantil de Bilbao, Olga Ahedo, tras una polémica sentencia en la que consideraba fortuito el concurso de acreedores de Karrantzako Minda, la sociedad promotora de una planta de purines en el vizcaíno Valle de Carranza y que se tragó 10,2 millones de euros en subvenciones públicas estatales, autonómicas y locales. El tribunal, compuesto por los magistrados Reyes Castresana, Lourdes Arranz y Edmundo Rodríguez, en una sentencia a la que ha accedido eldiarionorte.es y que será hecha pública a lo largo de este viernes, decreta la culpabilidad de la quiebra y condena a los promotores del proyecto, entre ellos el exalto cargo de Agricultura del Gobierno vasco por el PNV, Martín Ascacíbar, que impulsó políticamente la planta y luego participó en las sociedades que trabajaron en su puesta en marcha, y otros dos excargos nacionalistas en la localidad, José Luis Portillo y José Ignacio Muro. Ellos tres y otras tres personas deberán afrontar solidariamente la devolución de dos partidas de 485.724 euros y 1.772.279 euros, 2.258.003 euros en total.
La juez Ahedo, en primera instancia, no sólo no vio responsabilidad de los promotores en el dinero perdido, en este caso público en su mayoría, sino que criticó que la Administración había generado “expectativas” de inyectar más fondos y que su no llegada provocó la paralización de las obras. La Fiscalía, que había mantenido la acusación en el juicio celebrado, no sólo se aquietó a la sentencia que desestimaba su solicitud, sino que se opuso a los recursos.
Fueron fundamentalmente la administración concursal, representada por Leopoldo López, y el Gobierno central, por la abogada del Estado Macarena Olona, quienes mantuvieron la batalla jurídica para lograr una condena y la restitución de, al menos, parte del dinero público perdido. En sus recursos, insistieron en que no se había realizado una valoración correcta de las pruebas y destacaron cómo se compraron unos terrenos inadecuados primero o cómo después se buscó una alternativa en unas parcelas copropiedad de uno de los promotores. También cuestionaron el contrato de construcción de la planta, que acumuló adelantos y subcontrataciones.
La sentencia, en primer lugar, matiza que la retirada de la Fiscalía no supone que diese por bueno que las irregularidades no se produjeron, sino que acataba la resolución de primera instancia. Los acusados se agarraron a esta maniobra para negar la legitimación a la Abogacía del Estado, como organismo de la Administración, si bien siempre ha ido de la mano de los administradores concursales.
El fallo, además, destaca la “culpa grave” de los acusados, que contribuyeron “a la generación y/o agravación de la insolvencia” de Karrantzako Minda. Por ello, quedan inhabilitados para administrar empresas durante dos años. Igualmente, aunque la Abogacía del Estado solicitaba el reembolso de los 10 millones perdidos, la Audiencia de Bizkaia hila fino y les reclama a los seis 485.724 euros, que deberán engrosar las arcas de Karrantzako Minda y repartirse entre los acreedores (la mayoría institucionales) y también 1.772.279 euros en caso de que Ade Biotec, la empresa contratada para la construcción y en la que Ascacíbar también estaba presente no haga frente a ese abono.
Cabe un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, una vía que podrían utilizar los condenados. El plazo es de veinte días. En paralelo, continúa abierta la investigación penal sobre la planta de purines de Carranza en un juzgado de Balmaseda. La Fiscalía aprecia indicios de apropiación indebida.
