¿Pruebas falsas para justificar 500.000 euros en contratos 'a dedo' a la trama de De Miguel?

Tras el parón vacacional de Semana Santa, la Audiencia Provincial de Álava retoma esta semana el juicio por el mayor caso de corrupción investigado hasta la fecha en Euskadi, el 'caso De Miguel'. Se investiga si la trama de empresas controladas por el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, fue empleada para recaudar comisiones tras la mediación en la adjudicación de contratos públicos en instituciones y organismos controlados por cargos de ese partido. Pero también si tres de esas mercantiles, en concreto, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, recibieron casi 500.000 euros en contratos públicos  'a dedo' que en la mayoría de los casos no consta que se ejecutaran. El grueso procedía del área de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno vasco cuando su titular era el nacionalista Xabier Sánchez Robles, amigo de De Miguel. 

Precisamente el análisis de estas contrataciones centrará las próximas semanas del juicio, hasta el 25 de abril. La gran novedad es que Sánchez Robles ha aportado adjuntos a su escrito de defensa las “carátulas” de varios informes realizados aparentemente por Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga para el área de Juventud de la que él era director entre 2003 y 2009. Esos documentos aparecen con sello de entrada en el Departamento de Cultura.

Se da la circunstancia de que el Gobierno, durante la fase de investigación liderada por el juez Roberto Ramos, emitió tres certificaciones oficiales remarcando que no existía ningún tipo de constancia documental en sus archivos en relación a estos contratos. Se la circunstancia también de que esos documentos sellados han aparecido en 2017, ya que en su comparecencia como imputado en 2012 Sánchez Robles entregó esos mismos informes sin fecha ni tampón. En algunos casos, además, el propio De Miguel había entregado ya en su descargo una supuesta copia escrita del trabajo realizado para Juventud. Aquéllas no tenían ni fecha ni sello, pero su importancia radica en que, aunque son similares a los presentados en el juicio por Sánchez Robles, no son documentos idénticos a los que ahora han aparecido sellados.

La aparición de carátulas “selladas en el Departamento de Cultura”, como se refiere a ellas el abogado de Sánchez Robles, Javier Beramendi, han causado una gran sorpresa entre las acusaciones en este juicio, la Fiscalía y el propio Gobierno vasco. Fuentes del Ejecutivo, representado en el procedimiento a través del letrado Javier Otaola y que hasta ahora se ha mantenido en un discreto segundo plano en este procedimiento, han manifestado a eldiarionorte.es sus sospechas de que esas pruebas puedan haber sido “fabricadas”. Idéntica conclusión han alcanzado otras partes personadas en la causa.

Tres empresas beneficiadas

Las empresas beneficiarias de los contratos del área de Cultura del Gobierno vasco fueron tres, Kataia Consulting (34.075 euros en tres adjudicaciones, todas presuntamente injustificadas), Errexal (15 contratos por valor de 201.683,34 euros, 118.628,4 aparentemente injustificados) y Ortzi Muga (seis contratos, cinco de ellos injustificados por valor de 57.715,8 de un total de 73.607,8 euros). Las tres tenían como nexo estar controladas por el exdirigente del PNV a través de su hermana, que ejercía de contable. 

Kataia Consulting, una asesoría sin relación con el ámbito de la cultura o la juventud, obtuvo tres contratos menores 'a dedo' desde la oficina de Sánchez Robles. Suman 34.075 euros y en ninguno de los tres casos consta que se realizaran. El primero de ellos consistía en la realización de un informe de análisis del programa “Juventud Vasca Cooperante 2004-2006”. La empresa de De Miguel ni siquiera estaba dada de alta como contratista del Gobierno vasco cuando recibió el encargo.

Si el 'caso De Miguel' estalla el 17 de marzo de 2010 centrado precisamente en el papel de Kataia Consulting como presunta tapadera para el cobro de comisiones y la obtención de financiación, el 20 de abril el Departamento de Cultura ya estaba informando de que no había ningún tipo de documentación en sus archivos más allá de la factura relativa al análisis del programa “Juventud Vasca Cooperante”. Esa factura de 11.890 euros lleva sello oficial con un número de registro. 

En su segunda declaración en la fase de instrucción, en octubre de 2011, De Miguel manifestó que, además de informático, experto en urbanismo y político, tenía experiencia en “juventud y tiempo libre”. Y añadió sobre ese expediente en concreto: “Todo el trabajo fue realizado por mí”. Era su explicación al hecho de que el Gobierno contratara con una empresa sin personal ni experiencia para un informe alejado de su objeto social. Como prueba de que no había nada de raro, De Miguel mostró un documento. Su problema es que no había fechas o membretes, como tampoco sellos oficiales. Sí constaba en mayúsculas el nombre de Kataia Consulting.

En marzo de 2012 declaró Sánchez Robles. Primero echó balones fuera y aseguró que eran “los técnicos” los que “contactaban con las empresas”. En el juicio, según ha podido saber este periódico, señalará a la funcionaria-jefe de Juventud, Oro Ochoa de Eribe, como responsable de las adjudicaciones que llevan su firma y la del viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, que también se sienta en el banquillo de los acusados en este proceso. 

Sánchez Robles: “El Gobierno no envió todo”

Como segundo argumento, el exalto cargo de la Administración vasca añadió que cuando abandonó el Gobierno en 2009 realizó “una copia del disco duro del ordenador que tenía en el despacho” para llevarse “todos los trabajos que fueran interesantes”. Por ello, y como supuestamente “el Gobierno vasco no había enviado toda la documentación” que reiteradamente le había reclamado el juez Ramos, estaba decidido a aportar varios documentos que justificarían que las empresas investigadas cumplieron escrupulosamente los términos de los contratos.

Entre el material presentado, una segunda versión del informe sobre el análisis del programa“Juventud Vasca Cooperante 2004-2006”. Es similar al presentado por De Miguel, pero aquí no consta el nombre de Kataia Consulting, lo que lo diferencia de la versión que ya estaba en el juzgado. Cinco años después, en su escrito de defensa de cara al juicio entregado el pasado año, Sánchez Robles insiste en que “ninguna irregularidad e ilegalidad existe” en los contratos con las tres empresas del político. Y, sin explicar su origen, aporta de nuevo los mismos informes de 2012 aunque ahora sellados. Es la tercera versión de los mismos papeles por cuya inexistencia los imputados se juegan elevadas penas de prisión. En el caso del contrato sobre “Juventud Vasca Cooperante”, el sello del 10 de marzo de 2010 se diferencia del de la factura de Kataia Consulting en que aquel tiene también un número manuscrito con el código de entrada en el archivo del Departamento de Cultura. 

Estos documentos “sellados en el Departamento de Cultura” suponen una enmienda de totalidad a los tres informes enviados por el Gobierno en torno a la inexistencia de gran parte de los trabajos encargados a Kataia Consulting (tres de tres), Ortzi Muga (cinco de seis) y Errexal (ocho de quince). Incluso la entonces consejera de Cultura, Blanca Urgell, aseguró en el Parlamento que estas adjudicaciones no tenían ningún tipo de justificación. 

Ante la inquietud que han suscitado entre las acusaciones unos documentos con sello oficial que hasta ahora no habían aparecido, este periódico contactó con el entorno de Sánchez Robles. “No hablamos de este asunto. Sólo hablaremos delante de los jueces, que son los únicos que nos preocupan”, manifestaron estas fuentes sin querer entrar a valorar el fondo del asunto.

Las “amistades” del padre de San Juan

En el material informático decomisado a los imputados en este causa aparecieron correos electrónicos con referencias a estos contratos. En uno de ellos, Iñaki San Juan -exconcejal en Leioa, amigo de De Miguel y administrador formal de Errexal y Ortzi Muga- habla con Aintzane de Miguel, su contable, y alude a la delicada situación financiera de su empresa y a que “Xabier no puede meternos un duro”. Añade que “Xabier” les “propone” dos contratos sobre “campos de trabajo” -uno de los conceptos más repetidos en las adjudicaciones presuntamente irregulares- pero matiza que les darían “poco margen”.

Errexal surgió en octubre de 2005 y la Fiscalía vincula abiertamente su constitución desde el entorno de De Miguel con la obtención de una primera subvención de 90.000 euros salida de Juventud pero que abonaban las seis cuadrillas o Gobiernos comarcales de Álava. Todas ellas, tras una reunión en el Gobierno, adjudicaron a la empresa de nueva creación la redacción de informes para sus planes juveniles por un valor de 15.000 euros. Para aprovechar los fondos habilitados, todos los trámites se formalizaron en tiempo récord en la última semana del año 2005. 

Esos informes sí se elaboraron, como algunos otros trabajos contratos a Errexal. Esta empresa sí tenía personal, entre ellos dos cargos del PNV como Roberto González Muro -exportavoz en las Juntas Generales de Álava- y Leire Orueta -exteniente de alcalde de Llodio- que cobraron en 'B' de la compañía, que también realizó algún acto electoral para el PNV en la campaña de las europeas de 2009.

En su escrito de defensa, San Juan explica que en 2006 -y por lo tanto en 2005- “no conocía a Sánchez Robles”. Niega, por consiguiente, que éste le dispensara un trato de favor y explica sus reiteradas contrataciones con Juventud porque su padre, del mismo nombre, fue “10 años” director de la oficina y “había generado” una “estrecha relación de amistad” con el personal. 

La ley sube los máximos, los contratos también crecen

San Juan y Sánchez Robles coinciden en que una prueba irrefutable de que no había trato de favor a estas empresas es que Errexal participó en el concurso público del mayor contrato de Juventud, el de la puesta en marcha de un observatorio, sin que resultase adjudicataria. El exdirector subraya también que en todo su mandato adjudicó contratos por valor de 35 millones de euros, mientras que las sospechas de irregularidades rondarían los 0,5. 

En cuanto a Ortzi Muga, no tenía personal ni estructura. Pese a ello, obtuvo seis contratos de Juventud. Sólo consta como realizado uno de ellos, pero los informes que obran en poder del Gobierno vienen firmados por Errexal. Tanto en su caso como en el de Errexal llama la atención que las adjudicaciones crecieran en cuantía económica en cuanto la ley estatal elevó de 12.000 a 18.000 euros el máximo permitido para contratos 'a dedo'.

El Gobierno vasco no fue la única institución que inyectó fondos a estas sociedades mercantiles. Cuando De Miguel pasó a ser diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial de Álava, con competencias sobre política local y urbanismo, autocontrató con Errexal y Ortzi Muga. Fueron siete contrataciones directas que suman 69.923,2 euros. Pese a ello, el diputado general actual del PNV, Ramiro González, afirmó recientemente que la Fiscalía no ha detectado “perjuicio económico” para la institución.