El Estado accede a retirar dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes vascas
Los Gobiernos central y vasco, en el marco de una “comisión técnica bilateral de cooperación”, han acordado entre la noche del lunes y la mañana del martes que el Estado desista de dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes vascas, en concreto contra la normativa que persigue reparar a las víctimas de violencia policial en democracia y contra los apartados de los presupuestos autonómicos de 2018 que contemplaban una subida salarial del 1,5% para los funcionarios vascos que luego quedó superada por una mejora mayor (1,75%) prevista en las cuentas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Los equipos de Meritxell Batet y Josu Erkoreka han acordado también desbloquear algunas de las 37 transferencias pendientes para completar el Estatuto de 1979, empezando por las autopistas AP-1 y AP-68.
El punto que mayores debates jurídicos ha motivado entre los equipos técnicos de ambos Ejecutivos ha sido el relativo a la ley aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 -también con el apoyo socialista- para reconocer y reparar a unas 400 víctimas de la violencia de actuaciones policiales ilícitas en el marco de la lucha contra el terrorismo de ETA. El Gobierno del PP había presentado un recurso de inconstitucionalidad al entender que Euskadi se arrogaba una competencia para investigar delitos invadiendo las funciones exclusivas del poder judicial -sin procurar garantías a los victimarios, como la presunción de inocencia- y los apartados fundamentales de la normativa estaban en suspenso.
Como adelantó eldiarionorte.es, ambos Gobiernos han acordado el “desestimiento” de ese recurso de inconstitucionalidad a cambio de el Parlamento Vasco modifique la docena de artículos cuestionados por el Estado en busca de una mayor “seguridad jurídica”. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, se trata de “modificaciones puntuales y concretas” de redacción que no afectan al espíritu de resarcimiento de la ley de víctimas pero que sí deje claro que “no se sustituirá a los tribunales” ni se producirá “un señalamiento de culpas” a los victimarios. Se trata de ejercer “competencias de asistencia social”, ha enfatizado Erkoreka, que ha asegurado que es “un buen acuerdo”.
El acuerdo político extrajudicial, sin embargo, no está exento de riesgos. Por un lado, el Tribunal Constitucional puede adoptar una “decisión autónoma” de continuar con la revisión de la ley vasca de víctimas a pesar de que el promotor del recurso entienda que ya no hay motivos para ello. Sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes”. Y, por otro lado, los partidos que apoyan al Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, no tienen mayoría absoluta en el Parlamento para modificar en solitario la redacción actual de la ley.
El responsable de Derechos Humanos de Urkullu, Jonan Fernández, ya ha iniciado los contactos con la oposición para poder solventar con “rapidez” este trámite. El Gobierno da por descartado el apoyo del PP al entender que está en la línea argumental del recurso de su Gobierno. Sin embargo, no descarta a EH Bildu, aunque ya rechazó en 2016 votar 'sí' por ver insuficiente aquella redacción que ahora se va a modular. La tercera opción sería la de Elkarrekin Podemos. Hay “disposición favorable”, ha asegurado Erkoreka preguntado por las conversaciones con la oposición, sin dar demasiados detalles.
De igual manera, este acuerdo político tendrá que hacer frente a los movimientos de una nueva plataforma que agrupa a sindicatos de todos los cuerpos policiales y a asociaciones de víctimas del terrorismo (SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, APROG, Aserfavite, ACFSEVT, Erne o Covite). En nombre de todos ellos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley para determinar el reconocimiento de las víctimas. Ese pleito se ha residenciado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, según las fuentes consultadas, podría derivar en una cuestión de inconstitucionalidad que tumbara la ley. Apoya a este grupo la exjefa de la Abogacía del Estado en Euskadi y autora del recurso, Macarena Olona.
Asimismo, 'El Mundo' ha informado de que Dignidad y Justicia se ha “personado” en el Constitucional para “sustituir” al Gobierno como promotor del recurso si éste desiste. Fuentes del Gobierno vasco, en cambio, indican que es dudoso que un particular tenga “legitimidad jurídica” para sostener un contencioso en la jurisdicción constitucional.
Subida a los funcionarios tras el verano
El Consejo de Ministros formalizará la retirada del recurso este viernes o, como muy tarde, el 3 de agosto. En todo caso, el compromiso es sustanciarlo antes de las vacaciones. Asimismo, ordenará la retirada del recurso contra los presupuestos vascos de 2018 en lo tocante a la subida salarial del 1,5% (más 0,5% en EPSV) a los alrededor de 70.000 funcionarios autonómicos.
Este recursos del exministro Cristóbal Montoro se produjo porque la subida vasca entró en vigor antes de la promulgación de los presupuestos generales, que autorizan las condiciones laborales del conjunto de empleados públicos de España. Pero se dio la paradoja de que el Estado preveía una mejora de hasta el 1,75%, es decir, mayor que la vasca.
Euskadi, una vez retirado el recurso, elaborará los informes jurídicos preceptivos para aplicar la subida a la vuelta del verano. Se articulará en una mejora del 1,5% desde el 1 de enero de 2018 y del 1,75% desde el momento de aprobación de los presupuestos del Estado. La media anual será del 1,65%, aproximadamente. Asimismo, se mejorará la aportación a la EPSV Itzarri del 0,5% al 1% antes de final de año. Fuentes del Gobierno vasco indican que no será necesario retocar la ley de presupuestos para acometer estos cambios porque ya se previó que las medidas propias podrían aplicarse sin perjuicio de las mejoras que pudiera proponer el Estado.
La relación “fluida” del Gobierno vasco con el nuevo equipo de Pedro Sánchez y, singularmente, entre el consejero Erkoreka y la ministra Batet se plasmará también en el desbloqueo de varias transferencias de las 37 pendientes para completar el Estatuto de 1979. En septiembre se firmará ya la cesión de dos líneas menores de ferrocarril en Bizkaia, algo ya cerrado con Soraya Sáenz de Santamaría. Asimismo, se abordará la cesión de las autopistas AP-1 y AP-68 (la primera ya libre de peaje desde noviembre) y un posible acuerdo en torno al puerto de Pasaia, aunque según Fomento es de “interés general” y, por lo tanto, intransferible. Nada ha comentado Erkoreka sobre las dos cuestiones “prioritarias” para Euskadi en este terreno, las Prisiones y el régimen Económico de la Seguridad.
