Nadie quiere las pruebas 'exculpatorias' de Sánchez Robles en el 'caso De Miguel'
El juicio del 'caso De Miguel' en la Audiencia Provincial de Álava, antes de pasar a analizar el cobro de comisiones por adjudicaciones de contratos, ha escrutado estas semanas la veintena de contrataciones 'a dedo' que salieron desde la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura del Gobierno vasco entre 2006 y 2009 y que beneficiaron a tres empresas muy concretas. Son Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga, vinculadas a la trama mercantil que controlaba el que fuera 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel. “Tenía toda la información”, han corroborado los expertos de la Ertzaintza sobre Txitxo, quien se enfrenta a 54 años de prisión (15 de cumplimiento efectivo) por la presunta comisión de hasta 21 delitos de corrupción.
La clave en esta fase del proceso radica en que el Ejecutivo ha certificado en varias ocasiones que la mayoría de esas contrataciones, hasta sumar unos 210.000 euros, no se corresponden con trabajos efectivamente realizados. Sin embargo, el que fuera director de Juventud y promotor de estos contratos, Xabier Sánchez Robles, ha aportado en su escrito de defensa previo al juicio las carátulas selladas de los informes que faltan, no sin acusar a la Administración de ocultar deliberadamente ese material. También algunos de los supuestos trabajos completos. Con esas pruebas encima de la mesa, no habría caso. Si hay informes justificativos y están debidamente registrados con su sello, ¿cuál es la irregularidad de contratar a Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga con un procedimiento poco transparente y sin casi controles pero perfectamente legal como es el del contrato menor?
Son pruebas potencialmente exculpatorias para él y para el resto de imputados por estos hechos, pero sólo la defensa de Sánchez Robles (y tímidamente) las ha esgrimido en las vistas. Los asesores de De Miguel no las han mencionado, como tampoco Iñaki San Juan, exconcejal en Leioa que ejercía de administrador de Errexal y gestor también de Ortzi Muga. De hecho, su letrada, Ainhoa Mentxaka, se ha esforzado en demostrar lo mismo pretendido por Sánchez Robles con sus pruebas con una gran caja de documentos a la que ha recurrido profusamente. Exactamente lo mismo ha ocurrido con la defensa del exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, quien como superior del director de Juventud fue el firmante de las contrataciones. Es más, su abogado, Miguel Alonso, ha establecido un cordón sanitario con Sánchez Robles.
Sellos “fabricados”...
Todo el mundo se aleja de los papeles que constan del folio 23.637 al folio 24.012 del voluminoso sumario de este macroproceso de corrupción. ¿Por qué? En primer lugar, como ha venido publicando eldiarionorte.es desde el 8 de abril, por las sospechas de que las pruebas sean “fabricadas”. Así se lo trasladó a este periódico una fuente del Gobierno vasco antes de que el asunto se analizara en el juicio y así lo mantiene tras tres semanas en que las sospechas de que Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga no realizaran los trabajos se han mantenido.
Los sellos aparentemente acreditativos de que los informes se entregaron en tiempo y forma carecen de número de registro y en varios casos presentan diferencias tipográficas respecto a timbres de esos mismos días debidamente compulsados y que se encuentran en el sumario. En el caso más extremo, uno de los sellos de Sánchez Robles es del 29 de febrero de 2007, un día que ni siquiera existió. La Fiscalía envió a la Policía Judicial al Gobierno para recabar un listado de todos los documentos registrados en los días de esos supuestos sellos y el resultado fue contundente: en los seis casos no consta la entrada de ese material. El tribunal que juzga el caso, presidido por Jaime Tapia, no ha aceptado ese informe como prueba a pesar de la insistencia de Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, los dos fiscales del juicio, pero sus conclusiones ya han sido trasladadas a la sala.
Si los imputados no recurren a las pruebas de Sánchez Robles, la pareja de fiscales sí lo está haciendo. Pero justo para lo contrario. Así ha sido en prácticamente todos los interrogatorios y con el ánimo de que los testigos examinen si los sellos les parecen normales. Sin excepciones, todos han reseñado que aprecian ciertas anomalías en ellos.
... e informes plagiados
Pero hay más. En los casos en que el Sánchez Robles ha entregado el informe completo, este periódico ha podido comprobar que es material plagiado. Copiado de una academia de Galicia en el caso de un supuesto curso de dinamización juvenil impartido en Bilbao en 2008 o de otros trabajos del Gobierno en el supuesto de un informe sobre políticas europeas de vivienda. Hay un tercer documento plagiado. En este caso fue un supuesto trabajo que el propio De Miguel elaboró en nombre de Kataia Consulting sobre el programa Juventud Vasca Cooperante. En él se recogen fragmentos de dos estudios de una conocida ONG que, además, son posteriores a la fecha en que teóricamente se entregó el análisis por parte de Kataia Consulting, marzo de 2007. Se da la circunstancia de que Sánchez Robles hizo suyo ese documento en su escrito de defensa con la diferencia de que en su caso lucía un sello del Gobierno vasco de marzo de 2007. ¿Cómo es posible sellar en aquella fecha un informe redactado meses o incluso años después?
No han sido semanas sencillas para Sánchez Robles en el banquillo de los acusados, en el que ha estado acompañado por Iñaki San Juan y Josu Montes, primer administrador de Ortzi Muga. El letrado del Gobierno vasco, Javier Otaola, ha abandonado por momentos el segundo plano y ha llegado a afirmar que ha quedado ya “testimoniado” que los trabajos encargados a esas empresas no existen en la mayoría de los casos -cuando así es, el material es abundante y lo ha aportado Cultura al sumario-. Incluso se refirió a las pruebas de Sánchez Robles como simples “fotocopias”. Asimismo, quien fuera jefa de su equipo de funcionarios, Oro Ochoa de Eribe, ha revelado que su exsuperior la llamó por teléfono con el ánimo de 'ayudarla' antes de su comparecencia ante la comisión de investigación que sobre este asunto celebró el Parlamento en 2011. “Yo le dije que no se comunicara conmigo nada más”, abundó la testigo, que criticó duramente en el juicio la gestión de Sánchez Robles.
