El PNV recuerda a Sánchez su “agenda vasca”: más diálogo, completar el Estatuto, alta velocidad y migración
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pasado de felicitarse por el “microclima” vasco en su discurso de Navidad a asegurar esta semana que “los nubarrones son evidentes” y que puede haber “incidencias” que alteren el calendario final de la legislatura vasca, previsto para después del verano de 2020. En realidad, no son dos afirmaciones incoherentes, ya que el PNV entiende que esos “nubarrones” llegan exclusivamente desde España, sin margen para la autocrítica de la gestión propia. En puertas de la (hipotética) visita de Pedro Sánchez a Euskadi para buscar los apoyos del PNV a su (hipotética) investidura, tanto Urkullu como el presidente 'jeltzale', Andoni Ortuzar, han hecho un llamamiento para que España cuente lo antes posible con “un Gobierno que gobierne” porque hay puntos clave de la “agenda vasca” bloqueados por esa parálisis institucional. Sin las apreturas financieras de otras comunidades autónomas por el sistema propio de Concierto Económico y Cupo, ¿cuáles son esos asuntos que urgentes?
1 - Sin noticias del presidente
El PNV se ve a sí mismo como socio natural de Pedro Sánchez en la investidura tras el viraje de pasar de aprobar los presupuestos de Mariano Rajoy a sumarse a la moción de censura. Los socialistas son socios de los nacionalistas en el Gobierno vasco, en las tres capitales, en las tres Diputaciones y ahora también en Navarra. Pero interpretan que el presidente en funciones tiene que cuidar más la relación. Tras una primera investidura fallida en la que los contactos con el PNV no existieron y en la que los 'jeltzales' no pasaron de la abstención, se planteó de cara a una posible segunda intentona una reunión con visita incluida de Sánchez al cuartel general peneuvista, Sabin Etxea. Inicialmente se habló de hacerla coincidir con las fiestas de Bilbao, de donde es natural la esposa del presidente, pero quedó muy lejos el 19 de agosto. La nueva fecha parece ser el 4 de septiembre, pero Ortuzar asegura que no se ha producido “ni una llamada” y que toda la información la recibe por la prensa.
“El día 19 primero, luego antes del G7, después del G7, que si la primera semana de septiembre... y el teléfono sin sonar. Desde el 2 de agosto dijeron que iban a llamar y hasta hoy, ni una llamada”, protestó Ortuzar en un acto político celebrado este viernes en la localidad guipuzcoana de Zarautz. Un día antes, en Donostia, Urkullu reveló que tampoco ha habido contactos a nivel institucional en los últimos meses más allá del cruce de un par de mensajes de cortesía.
2 - 40 años con el Estatuto sin completar
Con la reforma del Estatuto prácticamente arrinconada en el Parlamento -formalmente hay plazo hasta noviembre para que los expertos elegidos por los partidos presenten una propuesta-, el PNV había priorizado en esta legislatura vasca el desarrollo completo de los puntos pendientes desde 1979, muchos de ellos de importancia más bien simbólica pero otros de peso político como Prisiones o la gestión económica de la Seguridad Social, algo nunca cedido a ninguna comunidad autónoma. Queda por desarrollar el 23% del texto original haciendo un análisis puramente cuantitativo.
Tras varios años de conflictos competenciales, la llegada de Sánchez a La Moncloa facilitó un primer acuerdo menor en torno al traspaso de la AP-1 y de pequeños tramos de ferrocarril en el área metropolitana de Bilbao. A partir de ahí, los Gobiernos central y vasco engrasaron sus relaciones y acordaron a principios de 2019 un calendario para completar hasta 33 transferencias, todas con la importante excepción de la Seguridad Social. El Estatuto de Gernika iba a cumplir 40 años el 25 de octubre en un momento dulce de relación con la Administración central. En ese calendario se fijaron tres bloques de transferencias. El primero debía estar solventado en marzo y ya ofreció problemas porque la dinámica preelectoral afectó de lleno a las negociaciones políticas. Finalmente, en puertas de las generales del 28 de abril se firmó un único acuerdo, el de cesión de la AP-68, la última vía de titularidad estatal en Euskadi.
Con un Gobierno en funciones y con la propia ministra encargada de las negociaciones en otros menesteres -Meritxell Batet saltó del Ejecutivo a la presidencia del Congreso-, la interlocución cesó y el resto del primer bloque y las otras dos tandas de traspasos han quedado en el cajón. Tras la primera reunión del Consejo de Gobierno tras las vacaciones, el propio lehendakari pidió con urgencia un interlocutor en La Moncloa para “avanzar en el autogobierno reconocido a través del cumplimiento del calendario y el plan de transferencias pendientes ya aprobado aun cuando no cumplido en la legislatura española pasada”. “El Gobierno en funciones no puede hacer nada reseñable. Hay que constituir un Gobierno como es debido, con la mayoría suficiente y con las garantías de estabilidad suficiente y se tienen que poner manos a la obra sin más demora”, apostilló el consejero-portavoz y responsable de la cartera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.
3 - Un tren rápido pero con mucho retraso
La llegada de la alta velocidad a Euskadi es a la vez la mayor infraestructura jamás planificada y un proyecto que acumula retrasos y sobrecostes a partes iguales. Buena parte de la 'Y vasca' que une a las tres capitales está ya o construida o en marcha, pero quedan pendiente de definición los accesos a las ciudades -que en el caso de Vitoria o Bilbao llevan aparejado grandes cambios urbanísticos- y, sobre todo, las conexiones hacia Francia, hacia Pamplona (y de allí a Barcelona) y hacia Burgos (con destino a Madrid). Políticamente, la fecha de inauguración más anunciada es la de 2023 si bien los documentos oficiales de Adif adjuntos a los últimos presupuestos del Estado apuntan a otros plazos más lejanos como 2024 o incluso 2025.
Sea como fuere, los plazos son muy ajustados para que ese escenario sea realista y el retraso en la toma de decisiones por parte del Ministerio de Fomento durante estos meses sin Gobierno nuevo complican todavía más el panorama. En este contexto, Urkullu ofreció en julio que el equivalente autonómico de Adif (ETS) se haga cargo de los trabajos de “superestructura”, es decir, de la instalación de vías y catenarias sobre las infraestructuras ya construidas. El Ejecutivo vasco ya se encargó de construir el ramal guipuzcoano de la 'Y' aunque luego era el Estado el que asumía la factura. “Es un retraso que la ciudadanía considera incomprensible y que lastra el desarrollo socioeconómico de todas las regiones del arco atlántico”, valoró el presidente vasco.
4 - Share: una política migratoria común
La crisis del Open Arms ha llevado al Gobierno vasco a relanzar su propuesta 'Share' para la acogida de migrantes, 'menas' y refugiados y para su reparto equilibrado entre comunidades autónomas y países europeos en función de diferentes indicadores socioeconómicos. Urkullu se ha mostrado preocupado por la falta de una política unitaria y coherente de los Estados miembro para abordar el drama de la inmigración y, singularmente, ha mirado también a España. “Compartir el principio de corresponsabilidad es la mejor alternativa a la realidad migratoria y de asilo, una corresponsabilidad que debe darse en primer lugar entre los Estados de la Unión Europea y, a continuación, entre las comunidades autónomas y regiones dentro de cada Estado”, sostiene.
Esta semana, el presidente vasco ha llevado su plan hasta el Vaticano. De allí se trajo una fotografía de un brevísimo saludo con el Papa Francisco en un momento de una audiencia en la plaza de San Pedro, pero sí es cierto que pudo exponer su plan al secretario de Estado Pietro Parolín. “El Vaticano se ha mostrado dispuesto a trabajar conjuntamente con Euskadi propuestas de acogida de refugiados en Europa. Se van a poner en contacto con las conferencias episcopales para que desde la Iglesia se impulse esta iniciativa”, declaró Urkullu en Roma.
