La Fiscalía afea a jueces de Álava que cierren casos de corrupción en puertas de la sentencia del 'caso De Miguel'
La Fiscalía, en puertas de que se conozca este otoño la sentencia del mayor caso de corrupción juzgado en el País Vasco, el 'caso De Miguel' que afecta a varios exdirigentes del PNV alavés y otros excargos de la Administración, y con la investigación abierta por las irregularidades en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), hace constar en la memoria del año 2018 -publicada este lunes con motivo de la apertura del año judicial- que al menos en Álava hay “una marcada tendencia de los órganos jurisdiccionales” a “archivar” los casos de delitos económicos o contra la administración pública que son investigados o, si llegan a juicio, a “absolver” a los imputados.
El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, añade que “causa especial preocupación” la “tendencia” a que varios de esos archivos tengan la forma de “sobreseimiento provisional”. Después de que una investigación haya encontrado indicios de delito, la Audiencia Provincial cierra los expedientes “por supuestos dudas contrariando el criterio del correspondiente juzgado de instrucción” con una fórmula que no permite un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, valora el ministerio fiscal en el documento al que ha tenido acceso este periódico.
Esta reflexión llega en vísperas de que se conozca la sentencia del 'caso De Miguel', la trama de comisiones articulada en torno al 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel y de sus correligionarios Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, que compartían la mercantil Kataia Consulting, a nombre de sus tres esposas. Aunque en principio la fecha fijada era este mes de septiembre, aún se desconoce el momento concreto en el que la Audiencia Provincial de Álava hará público el fallo y podría haber retrasos. En la memoria se destaca el trabajo de los fiscales que han trabajado en ese caso y singularmente el de los dos que asistieron al juicio, que se desarrolló durante todo el año 2018, Manuel Pedreira y el propio Izaguirre.
No se citan casos concretos, pero la Fiscalía ha visto muchos de casos decaer recientemente. Durante los últimos meses se han archivado sin que haya juicio dos casos relacionados con la malversación de caudales públicos -la adquisición de dos camiones de basura en Vitoria a un precio superior al de mercado y la denuncia contra el exjefe de seguridad del Parlamento por uso indebido de las tarjetas de créditos adscritas a los coches oficiales-. Igualmente, se ha dado carpetazo -en este caso por sobreseimiento provisional- a los casos de Epsilon e Hiriko, dos proyectos automovilísticos impulsados políticamente por el PNV que se tragaron más de 50 millones de dinero público antes de quebrar.
La “urgente” necesidad de más medios
En su memoria de actividades en Euskadi, la Fiscalía incide también en la idea de que este tipo de delitos son denunciados o por órganos de control o por particulares, “muy pocas veces por la propia Administración afectada”. “No cuestionamos intereses oscuros pero que la Administración es reacia a colaborar y dar datos a la jurisdicción penal creo que en muchos casos es cierto”, llegó a decir la fiscal superior del País Vasco, Carmén Adán, en una comparecencia en el Parlamento. Adán llevó en primera persona la preinvestigación de las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas del pasado año en Osakidetza y el Gobierno no entregó todo el material que recopiló en sus expedientes internos, incluidas grabaciones de testigos que hablaban a las claras de irregularidades en muchos exámenes.
En la misma línea, el ministerio público entiende que “parece necesaria [...] la creación de un estatuto que proteja a los denunciantes en supuestos de corrupción que derive en mayores garantías y seguridad para los mismos y, en consecuencia, en un mayor acceso a la Justicia de este tipo de delitos que son extremadamente graves”. En variadas ocasiones, desde la denunciante del 'caso De Miguel', Ainhoa Alberdi, hasta otros como Diego Garteiz ('caso Pinosolo') o los anestesistas que sacaron a luz pruebas sobre las filtraciones, han criticado las represalias sufridas.
Euskadi, donde no existe una delegación de Anticorrupción, dispone desde febrero de un fiscal coordinador de delitos económicos, José Manuel Ortiz. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, la creación de esta figura especializada era imprescindible porque “los territorios donde resulta más urgente su creación” son “Cataluña, Madrid y País Vasco”.
