La Fiscalía recurre el archivo de la investigación por el sobrecoste de la compra de camiones de basura en Vitoria
La Fiscalía ha recurrido el archivo decretado por la juez de Vitoria Beatriz Eva Román Gobernado, titular del juzgado de Instrucción 3 de la ciudad, en torno a la investigación abierta a finales de 2017 por el presunto sobrecoste en la compra de dos camiones de basura por parte del Ayuntamiento en el tramo final del mandato de Javier Maroto (PP) como alcalde. Según fuentes judiciales -el juzgado se niega a entregar a este periódico esta información pública en este y otros casos, como el de Hiriko-, la magistrada cerró la causa tras haberse agotado el plazo máximo de seis meses para la investigación de asuntos ordinarios (no complejos) y sin haber practicado las diligencias solicitadas por el ministerio fiscal, entre ellas la peritación de los dos vehículos para conocer su valor real de mercado.
El caso de los camiones, adelantado por este periódico, llegó a la mesa de la juez Román Gobernado tras una denuncia de la Fiscalía, que recibió a su vez una comunicación anónima sobre la posible ilegalidad en torno a esta operación, que se hizo sin concurso público (el tope legal entonces para contratos 'a dedo' estaba en 18.000 euros) y al margen de la contrata de la limpieza de la ciudad, en la cual la empresa adjudicataria está obligada a proveer todo el material rodante. Tras un primer análisis, el ministerio público detectó indicios de un posible delito de malversación de caudales.
La Fiscalía mantiene esta posición y exige reabrir la causa. Durante la fase de instrucción, el ministerio público ya recurrió las negativas de la magistrada a sus peticiones de información sobre los camiones. El juzgado despachó algunas de ellas con resoluciones de apenas un par de líneas.
Concretamente, el 16 de febrero la Fiscalía registró un escrito que fue desechado el 1 de marzo. “Se deniega la práctica de las diligencias de investigación interesadas respecto de la primera porque ya obra en la causa y respecto de la segunda al resultar innecesaria la pericial que se reclama pues no parece que para conocer el precio de un vehículo adquirido en el mercado sea precisa la peritación interesada”, argumentaba la juez Román Gobernado en su escueta resolución.
En este escenario, la Fiscalía presentó un primer recurso. El 21 de marzo, la propia instructora desestimó “totalmente” la apelación, por lo que el ministerio fiscal pidió amparo a la Audiencia Provincial de Álava. En un auto firmado por los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria -la misma terna que juzga el 'caso De Miguel'-, el tribunal dijo que existe un “antiguo, claro y pacífico criterio” de rechazar este tipo de recursos para dejar autonomía a los jueces instructores durante el plazo que disponen para esclarecer los hechos, sean del tipo que sean. En este auto, de abril, la Audiencia estimaba que todavía había tiempo para recabar la documentación y periciales solicitadas por la Fiscalía. Ahora, con el caso ya cerrado y sin posibilidad de ello, la Audiencia tendrá en sus manos ordenar a la instructora que reabra la causa.
48 días antes de renovar la flota
La polémica compra de los camiones se produjo en 2014, cuando la anterior contrata de gestión de residuos de Vitoria (en manos de la empresa FCC) entró en fase de prórroga. A la espera de un nuevo concurso, exactamente el 27 de junio de 2014, el Ayuntamiento accedió a asumir una serie de mejoras e inversiones para afrontar ese período extraordinario. La principal por su montante económico fue que el Gobierno local accedió a comprar de su bolsillo para un servicio que tiene externalizado dos camiones de recogida lateral de basuras. Se pretendía suplir las graves carencias en el parque móvil de FCC, muchos de cuyos vehículos se habían ido averiando -incluso informes internos de la propia empresa reconocían que se habían producido negligencias en el mantenimiento de la flota-.
Los dos camiones, de la marca Iveco, costaron unos 665.000 euros más IVA, unos 332.700 por unidad sin impuestos. Se da la circunstancia de que entraron en servicio en la primavera de 2015 (su matrícula es de la serie xxxx-JDT), a escasas semanas (sólo 48 días) de la entrada en vigor de la nueva contrata (en manos de una UTE entre FCC y Viuda de Sainz-GMSM) y que tenía como requisito la renovación total de la flota. Un dato llamativo es que en la documentación oficial de cara a esa nueva contrata, la UTE ofertaba a Vitoria vehículos de similares características (de la marca Scania) por un coste de unos 177.000 euros. Asimismo, en otras localidades de España que han comprado maquinaria similar a Iveco el coste nunca ha superado los 200.000 euros.
Este periódico solicitó un presupuesto a un distribuidor oficial de la marca italiana especificando características similares: vehículo de casi 300 CV, capacidad de 25 metros cúbicos, tecnología OMB CMPL7ETS, automático y con posibilidad de ser reconvertido de motorización diésel a gas natural comprimido, como es el caso de los de Vitoria. La oferta recibida fue de 196.600 euros más IVA, con el matiz de que el precio sería menor en 2014 por las actualizaciones que ha sufrido el modelo, por el IPC (de alrededor del 3%) y porque las ofertas individuales son más elevadas que las compras de más de una unidad.
