La Fiscalía ultima el recurso contra la sentencia del 'caso Margüello', que cerró el caso con penas mínimas
La Fiscalía de Bizkaia no quiere dar por cerrada la batalla judicial en el denominado 'caso Margüello', en el que se destaparon irregularidades en la externalización de servicios sanitarios en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y que se saldó con una sentencia que recogía penas mínimas, ninguna de ellas de cárcel, a pesar de dar por probados los delitos de corrupción. Según fuentes de la oficina que dirige Ana Barrilero, quienes han dirigido la investigación han acordado ya recurrir ante el Tribunal Supremo la resolución de la Audiencia Provincial, pero ha de ser la Fiscalía del alto tribunal la que, en última instancia, analice, decida y formalice, en su caso, la apelación.
Según la sentencia del 'caso Margüello', son “hechos probados” que un alto cargo del Departamento de Sanidad dirigido por Gabriel Inclán (PNV), de nombre José Ramón Elorriaga y responsable territorial en Bizkaia, hizo todo y más, incluso insultar a funcionarios, para contratar 'a dedo' a una empresa de su amigo José Carlos Margüello, facultativo de Osakidetza y jefe de Calidad del hospital de Cruces, que era también cercano al propio Inclán.
Margüello constituyó y dirigió -a través de una testaferro para “burlar” la “incompatibilidad”- la mercantil Gestión de Servicios Sanitarios XXI, con la que pretendió intermediar entre el Servicio Vasco de Salud y una clínica privada para derivar pacientes. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, la condena del 'caso Margüello' es mínima, solamente por un delito de prevaricación que no comporta penas de prisión. La clave es que los servicios se prestaron y que no se ha probado una pérdida de dinero público o malversación de caudales.
La Fiscalía sí defendió en el juicio un quebranto económico de 6,8 millones de euros, el valor de las dos contrataciones irregulares de Elorriaga a empresas de Margüello. Sin embargo, los abogados del Gobierno vasco negaron la existencia de agujero alguno. “El delito de malversación exige acreditar el perjuicio y ello es complicado cuando la Administración afectada considera que no se ha producido”, interpreta el ministerio fiscal.
No obstante, uno de los asideros es que la posición del propio Gobierno ha variado y que en el pasado sí consideró que se produjo una pérdida de recursos públicos. De hecho, la denuncia inicial partió en 2009 del propio Departamento de Sanidad cuando el consejero era el socialista Rafael Bengoa. El que también ha sido asesor de la OMS y de la Administración de Barack Obama fue muy explícito en el juicio sobre el papel de las empresas de Margüello como intermediarias: “Aunque el monto total sea el mismo, eso quiere decir que si alguien se queda con parte de ese dinero, le ha llegado menos al paciente. Parte de ese dinero se ha usado para un proceso innecesario”.
