La Fiscalía señala la responsabilidad de altos cargos de Osakidetza en las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas

Con las mismas pruebas sobre la mesa que llevaron al consejero de Salud, Jon Darpón, a repetir varias veces que no había “elementos objetivos” para hablar de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) -“Esto no es Venezuela. Hay que probar las acusaciones”, ha llegado a decir-, la Fiscalía y, en concreto, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha asestado un duro golpe al Gobierno vasco al ver indicios de un delito de revelación de secretos en hasta once exámenes. En tres de esos casos hay base, además, para poner ya nombre y apellidos a los responsables, los doctores César Augusto Valero, María Reyes Vega y José Luis Cabriada como responsables de las pruebas de Anestesia, Angiología y Digestivo, respectivamente.

Concluye Adán que, dados los resultados y las declaraciones de numerosos testigos que han colaborado en la investigación, se puede determinar que la designación por parte de Osakidetza de las personas encargadas de elaborar las preguntas “funcionó correctamente en algunas especialidades” pero no así en otras, donde no se mantuvo la confidencialidad exigida. “[El sistema] Permitió a los designados y miembros del tribunal favorecer a determinados opositores en detrimento de los demás, proporcionándoles conocimiento del contenido del examen”, se puede leer tanto en el decreto del pasado 31 de enero con el que Adán ha cerrado esta investigación preliminar -el caso ha recibido el número de expediente 15/2018- como en la denuncia enviada el pasado 5 de febrero a un juzgado para que inicie formalmente un proceso penal en torno a la OPE.

Precisamente el Departamento de Salud publicitó esta OPE como la de la transparencia, ya que por vez primera parte del examen (en general, en las especialidades médicas hay una prueba teórica y de otra de casos clínicas prácticos) se iba a externalizar para garantizar la confidencialidad. Se comisionó para ello al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), con gran experiencia en estos procesos y que dispone de sistemas de seguridad que custodian bajo siete llaves los exámenes. Sin embargo, el IVAP no tiene en nómina personal especializado en materias muy técnicas como lo es una oposición médica y recurrió a profesionales propuestos nuevamente por la dirección de Osakidetza.

En muchos casos, los autores reales del examen eran miembros del tribunal y, como ha venido publicando este periódico, habitualmente hay coincidencia entre las notas más altas y los compañeros de trabajo de estos facultativos contratados por el IVAP. También en Neurocirugía, una de las especialidades en las que la Fiscalía no ha visto pruebas de irregularidades.

La lista del IVAP

¿Quién elaboró esa lista? La directora del IVAP, Maite Iruretagoyena, explicó en la Fiscalía que fueron el director de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto, su 'número dos', Xabier Balerdi, y el responsable de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, los autores de ese listado. También declaró que nunca le avisaron de que esas personas eran, en buena medida, miembros de tribunales. No había control ni “criterios objetivos” para elegir a estas personas, incide la Fiscalía.

Adán ha decidido no solicitar en esta fase preliminar la imputación de Soto, Balerdi y Arcelay, pero entiende que han de declarar y que el juzgado de instrucción, a la luz de sus explicaciones, deberá decidir su situación procesal (ocurre lo mismo con los doctores Pablo Renedo, Luciano Aguilera y Alberto Martínez). Hay datos que “no excluyen” la posibilidad de que estos altos cargos actuaran en connivencia con quienes filtraron las preguntas, entiende la fiscal. Y añade que Osakidetza dio la imagen de que parte de la OPE corría a cargo de un organismo externo cuando no era cierto.

La Fiscalía desliza algunas críticas muy duras a la actuación del equipo de Darpón en la gestión de esta crisis. Menciona, por ejemplo, que Soto conoció las sospechas de irregularidades en Angiología y decidió personalmente mantener a la doctora Vega. También se ha conocido que, en el caso de Cardiología, no se decidió actuar hasta que el caso salió a los medios de comunicación. “Este proceder llama la atención”, se puede leer en el informe del ministerio público, de unas 20 páginas. Igualmente, fue Balerdi -uno de los implicados, según Adán- el encargado de investigar internamente las anomalías en esta especialidad.

Soto ya cesó como responsable de Recursos Humanos a principios de año. Dos meses antes salió también por este caso la directora general, María Jesús Múgica, a la que no se menciona entre los posibles responsables de los delitos y a la que se propone como testigo. Arcelay, en cambio, continúa en su puesto.

Igualmente, Adán destaca que Osakidetza -que públicamente ha destacado su máxima colaboración con la investigación- ha adoptado decisiones “aparentemente contradictorias” a la luz de los indicios de que disponía. También afea que no se hayan entregado todos los documentos en una categoría, Cirugía Plástica, o que no esté claro si en el análisis de Urología se estudiaron las notas correctas. El Departamento de Salud -que en las últimas fechas también ha cambiado su equipo de comunicación- se ha limitado a reseñar que no ha tenido “notificación oficial” por parte de la Fiscalía y que esperará a conocer “toda la información” antes de realizar una valoración en profundidad.

Críticas de oposición y sindicatos

La oposición, por el contrario, sí ha reaccionado a las decisiones adoptadas por la Fiscalía. “Lo dijimos al principio: no se respeta la igualdad de oportunidades y hay una práctica clientelar”, ha enfatizado Cristina Macazaga, de Elkarrekin Podemos y que ha apoyado todos los pasos de los tres anestesistas que dieron el paso de denunciar esta trama. También Rebeka Ubera (EH Bildu) entiende que esta investigación ha ratificado “las tesis que desde un primer momento” ha denunciado la oposición.

La parlamentaria del PP, Laura Garrido, insistió sin obtener respuesta en varias comisiones parlamentarias en buscar el dato de quién había decidido qué personas colaborarían con el IVAP para la realización de los exámenes. “Si las filtraciones están relacionadas con las personas que realizan los exámenes y a estas los nombra la Dirección de ”Osakidetza se apunta al papel clave y relevante de ésta en las irregularidades que están siendo objeto de investigación“, ha asegurado. El PP, en cambio, no apoyó a última hora la creación de una comisión de investigación sobre la materia al dar por suficiente la salida de Múgica. Los sindicatos -que fueron quienes pusieron el caso en manos de la Fiscalía- han sido más contundentes y han pedido abiertamente la dimisión de Jon Darpón.