Gaztelueta ve “imposibles” los abusos sexuales pese a las lagunas de la investigación interna

Más de la mitad de la segunda jornada del juicio del denominado ‘caso Gaztelueta’ en la Audiencia Provincial de Bizkaia ha estado centrado en el papel que jugó este colegio concertado masculino vinculado al Opus Dei en la investigación de los abusos sexuales denunciados por un antiguo alumno, que acusa a quien fuera su preceptor o tutor en los dos primeros cursos de Secundaria. Imanol Goyarrola, actual director de Gaztelueta, subdirector en los años en que se produjeron los hechos (2008-2010) y responsable de las pesquisas internas, ha sido tajante al repetir que no halló “ninguna prueba de que las acusaciones fueran ciertas” y al añadir que “es imposible” que el docente acusado, José María Martínez Sanz, usara su despacho para propasarse con su preceptuado, como relató ante el tribunal el joven denunciante, que hoy cuenta 22 años. Así las cosas, el entonces director, Iñaki Cires, no activó ningún protocolo por abusos, según ha indicado. Por el contrario, el equipo jurídico que ejerce la acusación particular en nombre de la víctima (los abogados Leticia de la Hoz y Luis Manuel Fernández) ha incidido en las lagunas de una investigación que creen insuficiente e incompleta. “El colegio no hace nada”, ha clamado el padre del denunciante, Juan Cuatrecasas, que también ha declarado este viernes.

Según han coincidido familia y responsables de Gaztelueta, el centro tuvo constancia de la denuncia del joven al término del curso académico 2010/2011. Ese año el adolescente ya no estaba matriculado en el colegio de Leioa por decisión familiar. En mayo, tras un episodio de crisis, la víctima refirió que estaba refiriendo amenazas de excompañeros de Gaztelueta y también empezó a verbalizar parte de los abusos sexuales. Su madre y su padre tuvieron una primera reunión con Goyarrola en la que le expusieron tanto el acoso como lo que sabían de la posible responsabilidad del docente en tocamientos y otras conductas inapropiadas.

Hasta ahí el relato de ambas partes es compartido. Las versiones, en cambio, empiezan a diferir a partir de ese momento. Cires comisionó a Goyarrola para investigar la denuncia de la familia Cuatrecasas. A la hora de analizar el ordenador del despacho de Martínez Sanz, donde aparentemente el docente le mostraba mujeres semidesnudas con propósitos sexuales, el ahora director de Gaztelueta ha indicado que no hallaron nada, a pesar de que contaron con un experto en informático. Es más, se ha incidido en que estaba operativo un “filtro” para evitar el acceso en el centro a material de índole sexual o sobre “drogas”, “juegos” y otras materias no acordes con un uso académico de Internet.

La letrada Leticia de la Hoz, sin embargo, ha mostrado un documento que indica que en el rastreo informático aparecieron evidencias de que Martínez Sanz buscó material de la actriz coprotagonista de ‘Harry Potter’, Emma Watson, “deanuda” e incluso “violada”. Consta igualmente un archivo de imagen con extensión .jpg llamado “emmawatsondesnuda”. Se da la circunstancia de que el denunciante había referido que ésa era una de las mujeres que le había mostrado en sus sesiones en el despacho. La abogada ha ironizado ante el tribunal que si fuese necesario solicitaría una pericial para probar que Watson era Hermione Granger en la saga de películas.

Otro de los puntos de la investigación interna inconsistente, según la acusación, es el punto en que Gaztelueta indica que no hay pruebas de que el acusado sacara al denunciante de clase para tutorías individuales con más frecuencia y en sesiones más largas que a sus compañeros. El centro ha aportado un “estadillo” con las preceptuaciones que recibieron cada uno de los alumnos, pero tanto Goyarrola como Cires han admitido que esos datos los aportaron los propios profesores, en el caso del joven Cuatrecasas el propio Martínez Sanz, por lo que, según el equipo jurídico de la acusación, eran datos poco fiables y fácilmente manipulables, sin “control”. Asimismo, la abogada De la Hoz ha llamado la atención sobre el hecho de que el acusado se defendiera alegando que le ofrecía en esas reuniones “clases particulares” de Matemáticas o Lengua para que pudiera sacar el curso. Ha recordado que era “licenciado en Historia” y que era anormal que sacara al joven de una clase con el profesor de Matemáticas para ayudarle con una materia que no era su especialidad. El exdirector Cires ha admitido que no debería ser una forma de actuar habitual.

Quizás el punto más polémico es el debate sobre el lugar en que, según la denuncia, se produjeron los abusos. El joven ha relatado que Martínez Sanz le llevaba a tutorías individuales en su despacho y que cerraba la puerta y dejaba la pequeña estancia a oscuras. La Fiscalía –que pide la condena del docente como la familia pero que en el juicio está jugando un rol muy distinto- ha insistido en querer saber si aquel era un lugar “transitado” y, según ha explicado Goyarrola, sí lo era. Además, ha explicado otros usos “públicos” que tenía además de ser el lugar de trabajo de Martínez Sanz y de sus tutorías. Tan es así que ha indicado que “ahí es imposible” que se pudieran producir abusos. “Era un sitio totalmente de paso”, ha apostillado.

Esa afirmación, en todo caso, tiene sus matices, según se trasluce de las aclaraciones solicitadas por la abogada de la familia tanto a Cires como a Goyarrola. El despacho, nominalmente, estaba asignado a Martínez Sanz y él era su “principal” usuario aunque no el “exclusivo”, según el exdirector. También ha quedado claro que había posibilidad de cerrarlo con llave y que “era prácticamente imposible el uso simultáneo del despacho” para varias reuniones ante sus reducidas dimensiones.

La ‘web’ creada por Gaztelueta para ofrecer su versión sobre este juicio incide en que “medio centenar” de testigos –profesores y excompañeros de la víctima- “contradicen” su versión. Sin embargo, en una entrevista en Radio Euskadi, Goyarrola admitió esta semana que son testigos de la relación “pública” entre Martínez Sanz y la víctima, no de lo que pudiera ocurrir en el marco privado del despacho. El director, eso sí, ha querido dejar claro ante el tribunal que quedó “impactado” cuando en 2011 conoció la denuncia y que siempre ha colaborado con las investigaciones abiertas en distintas instancias.

Durante la sesión se ha debatido también sobre la marcha al extranjero del acusado en el curso académico 2011/2012, cuando se inició la investigación tras la primera comunicación de la familia a Gaztelueta. Tanto Goyarrola como Cires han incidido en que la decisión de que se fuera a Australia a reforzar su inglés estaba tomada previamente, pero también han reconocido que esgrimieron su salida como una de las primeras respuestas que ofrecieron a la familia para tranquilizarla tras su denuncia. “Les transmitimos que no iba a seguir en el colegio, pero no les dimos explicación”, ha indicado el hoy director en respuesta a una pregunta del juez, Alfonso González Guija, que un punto de la sesión ha interrumpido a la letrada de la acusación para evitar que reconvirtiera el juicio a Martínez Sanz en una investigación sobre el colegio, “responsable civil subsidiario” según el ministerio fiscal.