El Gobierno de Urkullu busca cerrar la crisis por los contratos al grupo Montai con una auditoría que sólo asume “algún error técnico”

El Gobierno de Iñigo Urkullu aspira a cerrar la crisis por las decenas de contrataciones públicas al grupo Montai, cuatro empresas propiedad de un cargo del PNV Aitor Elorza, con la presentación de una auditoría de 22 folios no concluyente firmada por el director de la Oficina de Control de Económico del Ejecutivo, Javier Losa Ziganda, un cargo de designación política y que fue miembro del Araba Buru Batzar del partido nacionalista según publicó 'El Correo'. Según ha expuesto en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el portavoz, Josu Erkoreka, el informe “no registra prácticas irregulares” y se limita a reseñar “algún error técnico de carácter procedimental y administrativo”, “incidencias en la praxis contractual que aparecen con frecuencia y sin que tengan consecuencias de ningún tipo”.

Este periódico ha venido publicado que las cuatro empresas del grupo Montai (Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak) han gestionado en régimen de exclusividad la exposición itinerante Plaza de la Memoria del Instituto de la Memoria (Gogora), un organismo dependiente de la Presidencia vasca. Las firmas han recibido de manera directa decenas de adjudicaciones y también todos los ayuntamientos que colaboraron en el arranque del proyecto en 2016 contrataron a las mismas compañías. Una de ellas, Estali La Karpa, fue creada cuatro días antes del nacimiento de Gogora y cuando empezó a recibir contratos tanto de Gogora como municipales no tenía ni medios ni trabajadores. En los casos en los que hubo concursos, aparecieron algunas anomalías. Además, el grupo Montai es el encargado habitual de organizador los eventos y entregas de premios de Lehendakaritza y en algunos casos aparecen también facturas simultáneas a varias empresas del grupo para el mismo contrato, lo que apunta a un posible fraccionamiento de las adjudicaciones.

Las empresas del grupo son diferentes

Sobre Gogora, la auditoría remarca que los contratos menores son un fórmula para la “rápida satisfacción” de las “necesidades” de la Administración y apunta que el Instituto de la Memoria nació con “incertidumbres” que le empujaron a contratar 'a dedo' las primeras ediciones de la carpa itinerante. El informe en ningún momento se detiene en explicar que Estali La Karpa no tenía medios y que el trabajo en realidad lo llevó a cabo una compañía de Asturias, Langreana de Carpas (Grupo La Karpa), a la que ni se menciona en las 22 páginas. Sólo apunta a que la ley “busca favorecer el acceso a las licitaciones a las pequeñas y medianas empresas” y que no exige a las empresas “de nueva creación” que acrediten un mínimo de experiencia. Sin embargo, se orilla que esa ley entró en vigor en 2018 y que la aplicable cuando nace Plaza de la Memoria era la redacción anterior. De hecho, en varios momentos del informe se destaca que Estali La Karpa justificó su solvencia, si bien se da por buena la información aportada por el propio empresario.

Respecto a la subcontratación, el informe alude en genérico -sin citar a Estali La Karpa y a los asturianos- que en “algunos” de los “expedientes de contratación analizados” no estaba permitida o quedaba limitada a cuestiones puntuales y no al objeto principal del trabajo. Sin embargo, la auditoría recoge jurisprudencia en que se critica tal prohibición, en concreto un caso de la Audiencia Nacional y un caso polaco en el TJUE. Entiende la Oficina de Control Económico que esa prohibición debe estar justificada y motivada, ya que es la manera de “favorecer el acceso a las pequeñas y medianas empresas”. Asimismo, a la Oficina de Control Económico no le resulta chocante que las cuatro empresas investigadas estén interrelacionadas. Es más, defiende que son compañías independientes y que es perfectamente posible que “empresas vinculadas presenten ofertas distintas a la misma licitación”. 

Respecto a si el proyecto de Plaza de la Memoria se fraccionó en varias partes pequeñas para poder adjudicarlo 'a dedo', el informe sí concede que “una adecuada planificación hubiera permitido utilizar un procedimiento ordinario” abierto a más empresas, pero que todo ello “no altera la incorrección del procedimiento seguido”. “Se entendió que el procedimiento ordinario no era posible en las primeras ediciones de la exposición al desconocerse la acogida de la misma. A ello se une que Gogora se acababa de crear y las circunstancias apremiaban a impulsar las exposiciones a pesar de estas incertidumbres”, explica el informe de Losa Ziganda.

Los actos del lehendakari, correctos también

En cuanto a los actos de Presidencia, la mayoría de ellos del propio lehendakari, Iñigo Urkullu, el punto se centra en que en varios de ellos se contrató a la vez a varias de las empresas del grupo Montai. Aunque el coste total de los eventos superaba el máximo para hacerlo 'a dedo', al existir varias facturas ninguna de las partes lo hacía y se podía evitar el concurso. La auditoría indica que “podían haberse tramitado en un expediente de contratación con división en lotes” pero da por bueno que Lehendakaritza “interpretara” que debían pagarse por separado la carpa, su montaje y el propio contenido del acto. “No suponen fraccionamiento y pueden ser objeto de contratación menor”, incide la auditoría, que recomienda que en la próxima ocasión se hagan informes que justifiquen la “sustantividad propia” de cada una de las facturas.

En general, la Oficina de Control Económico recomienda que, en el futuro, Presidencia haga “informes” motivando la “necesidad” del contrato y la “justificación” del procedimiento elegido. Además, plantea que se recupere una práctica iniciada en su día por el Gobierno y que más tarde se dejó de lado: “Publicar al menos trimestralmente todos los contratos menores adjudicados en ese período, ordenados por adjudicatario”. 

El lehendakari ha entregado este informe a sus consejeros este martes en la reunión semanal del Consejo. Según Erkoreka, la auditoría deja constancia que no ha habido irregularidades “de ningún tipo” en las contrataciones a Montai y al resto de empresas de Elorza salvo “algunos errores puntuales”. Ha anunciado también que la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, presentará este informe en el Parlamento el 17 de febrero, aunque ya ha sido enviado también a la oposición.