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El Gobierno de Urkullu encuentra en Podemos y Equo los aliados para salvar los últimos presupuestos de la legislatura

Martínez, Martínez, Macazaga y Becerra, a su llegada al Gobierno vasco

Iker Rioja Andueza

El Gobierno de Iñigo Urkullu, una coalición de PNV y PSE-EE, ha alcanzado un principio de acuerdo político con Podemos y Equo-Berdeak, lo que le permitirá aprobar los presupuestos de 2020, los últimos de la legislatura, según se ha confirmado este martes por la tarde tras una reunión en la sede gubernamental de Lakua. El intercambio de documentos y propuestas ha sido constante entre los negociadores de las formaciones de izquierdas y los asesores del consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, en los últimos días y aunque quedan flecos por resolver, el anuncio oficial llegará este miércoles cuando se pongan cifras y concreciones tras la presentación de las enmiendas pactadas, ya que por el momento el líder de Podemos y portavoz parlamentario, Lander Martínez, ha evitado ofrecerlos a preguntas de los periodistas. 

De modo genérico, ha indicado que el acuerdo mejorará las políticas de igualdad, medio ambiente, educación pública y empleo, y que dotará de mayor equilibrio territorial a las comarcas más desfavorecidas para evitar una Euskadi de “dos velocidades”. Queda en el aire conocer en cuánto se traduce la subida de la renta de garantía de ingresos (RGI), ya que la propuesta inicial del Ejecutivo la dejaba en el 2% y la coalición de izquierdas aspiraba a alcanzar un 8%. Es un tema que está “pendiente”, ha afirmado Martínez. Inicialmente, Podemos y Equo reclamaron cambios en la propuesta del Gobierno por valor de 350 millones

Elkarrekin Podemos no presentará una enmienda de totalidad ni se sumará a las que puedan registrar los otros partidos. Asimismo, se compromete a facilitar la aprobación de las cuentas en la votación definitiva del 27 de diciembre con una abstención. El matiz es que la tercera pata de la coalición, IU, se opone a este acuerdo y es posible que apoya la devolución de las cuentas. Este partido ya se desmarcó de las conversaciones al entender que al propuesta del Gobierno de PNV y PSE-EE no había cambiado respecto a la de años anteriores, cuando Podemos, Equo e IU se opusieron con rotundidad. Es la primera vez en la legislatura que las patas de la confluencia votarán de manera separada.

El Gobierno, por su parte, se ha limitado a confirmar el preacuerdo y a destacar el tono “positivo” de la última reunión con la delegación compuesta por Cristina Macazaga, José Ramón Becerra y Rosa Martínez además del propio Lander Martínez. “Se han dado avances importantes”, se felicitan desde el Ejecutivo.

PNV y PSE-EE no tienen mayoría absoluta en el Parlamento. Están a falta de un solo escaño. Así las cosas, en los dos primeros años de la legislatura el Gobierno de Urkullu se apoyó en el PP. La moción de censura a Mariano Rajoy, apoyada por los nacionalistas, rompió todos los puentes y el Ejecutivo vasco miró a EH Bildu. Se produjo un acercamiento pero los presupuestos de 2019 no pudieron ser aprobados por discrepancias de fondo sobre asuntos clave como el alcance de la subida de la renta de garantía de ingresos (RGI) y los complementos de pensiones. 

Desde que se diseñaron las directrices presupuestarias de 2020, el consejero Azpiazu miró a Elkarrekin Podemos. En la presentación pública del proyecto introdujo la igualdad y la lucha contra la emergencia climática como factores determinantes y remarcó que destinaría a ambos apartados 1.776 millones de euros. Formalmente, el Gobierno mantuvo abierta la puerta a las tres fuerzas de la oposición, pero el PP parecía descartado de antemano y EH Bildu adelantó pronto que veía “cerrado” su camino para negociar. 

Se da la circunstancia de que este acuerdo sigue al alcanzado por los expertos designados por estos mismos partidos para reformar el Estatuto de Gernika. PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos aceptan un borrador que mejora el catálogo de derechos sociales de la ciudadanía vasca y que minimiza las aristas más soberanistas de la propuesta inicial de PNV y EH Bildu.

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