Un informe cifra en 6,8 millones más IVA el coste económico de las actuaciones tras el desprendimiento de Zaldibar

Un informe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco cuantifica en 6,87 millones (sin IVA) el coste de las actuaciones posteriores al desprendimiento del vertedero de Zaldibar, un hecho que se produjo hace justamente dos meses en una elevación en la zona entre esa localidad vizcaína, Ermua y Eibar, ya en Gipuzkoa. La Administración está adelantando estos fondos y agilizando los procedimientos de contratación necesarios, si bien el coste se imputará a la empresa gestora del vertedero, Verter Recycling, quien, siempre según Medio Ambiente, “ya ha manifestado la voluntad de hacerse cargo de dichos costes”.

Este presupuesto no incluye las actuaciones de rescate de los operarios Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, atrapados en la lengua de residuos, unas labores coordinadas por el área de Seguridad aunque con el apoyo también de algunas empresas privadas, que han aportado drones o equipos de protección para el personal de emergencias, por ejemplo. Según el cuadro presupuestario de Medio Ambiente, han sido once las empresas contratadas de urgencia para distintas labores en Zaldibar. Son Afvalorg Stortgas BV NL9037, Bategin, Saitec, Iragaz Watin, I-Ingenia, Geotop, Leo Aerial, Ingelur, Lurgintza, IGR y la UTE Eitzaga. Los trabajos se prolongarán, según las previsiones iniciales, hasta julio, es decir, cuatro meses más.

Las primeras actuaciones fueron iniciadas el 11 de febrero, es decir, cinco días después de los hechos. Medio Ambiente encargó un informe inicial sobre el estado de la masa de residuos para el control de incendios –los fuegos generaron gases nocivos para la población- y otro informe de “desgasificación”. También se encargó la instalación de medidores de dioxinas y furanos en la comarca y un análisis en 3D de la zona. Y el 13 se contrató a cuatro geólogos y a un director de obra. El 22 de febrero se solicitó un refuerzo de un helicóptero para evitar que se reavivara el incendio con espumas especiales.

Ya en marzo se fichó a un equipo de coordinadores en materia de seguridad y salud, a un ingeniero y a un vigilante, y se han contratado inclinómetros, servicios de desamiantado y canalización para evitar los lixiviados. Asimismo, en marzo se formalizó con la UTE Eitzaga la operación con mayor coste, los trabajos de obra civil para realizar nuevos depósitos de residuos (5,85 del total de 6,87 millones). Igualmente, Medio Ambiente ha delegado en la firma I-Ingenia la “coordinación técnica” y “control técnico” de todas las actuaciones.

Informa Medio Ambiente que se ha contratado a un “equipo experto del más alto nivel” para que elaboren un “informe pericial sobre las causas del deslizamiento”. Se valdrán de la reconstrucción en 3D y de los datos de residuos almacenados, así como de los movimientos de tierras registrados. El panel de expertos lo conforman Eduardo Alonso Pérez de Ágreda –“en estos momentos el profesional en activo más prestigioso del panorama español con experiencia en peritajes importantes”-, César Sagaseta Millán, catedrático de la Universidad de Cantabria, y Jorge Cañizal Berini, también de esa Universidad. El Gobierno estima que estará listo “en seis meses”.

Esta investigación coincide en el tiempo con la abierta por la Ertzaintza por un presunto delito medioambiental y por otro contra los trabajadores. Además, Medio Ambiente ha enviado toda la documentación sobre el suceso a la Fiscalía y ya se hizo público que un juzgado ha abierto una investigación. El consejero Iñaki Arriola, del PSE-EE, ha firmado dos expedientes sancionadores contra Verter Recycling.

Entretanto, continúa las labores de búsqueda de los dos operarios, un servicio que se ha considerado esencial en el estado de alarma. “Cada vez estamos más cerca”, confían fuentes de Seguridad, que remarcan que en las últimas horas se ha hallado el coche de uno de los trabajadores atrapados. El vehículo estaba a unos 50 metros del aparcamiento habitual y fue desplazado por el potente desprendimiento. Las familias de las víctimas, en cambio, han mostrado su desazón por la respuesta institucional.