La Justicia tumba por tercera vez un pelotazo urbanístico de 16 millones en el litoral vizcaíno
Los tribunales han tumbado por tercera vez un proyecto urbanístico en la costa vizcaína, que supuso un ‘pelotazo’ de casi 16,7 millones de euros. La Audiencia Nacional ha considerado zona inundable gran parte del área, una urbanización de 136 viviendas (60 de ellas chalets) en el municipio de Zierbena, junto a la playa de La Arena, la más grande de Euskadi. La Audiencia se une a otros dos fallos judiciales, del Tribunal Superior vasco y del Supremo (este última en 2011), que han declarado ilegal la reclasificación a suelo urbano de una parcela de 7.000 metros cuadrados prevista como de ocio y recreo. Pese a ello las instituciones vizcaínas han ido aprobando los trámites para acometer la urbanización. El pasado 9 de noviembre (después del fallo de la Audiencia Nacional, fechado el 25 de septiembre), la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial de la provincia la aprobación del proyecto urbanístico del área de chalets (el de las otras 76 viviendas en bloques estaba ya aprobado), con lo que ahora los promotores podrían iniciar los trámites de las licencias de obras.
“Van a toda prisa”, señalan los colectivos ecologistas contrarios al proyecto, que creen que los propietarios y las instituciones recurrirán al Tribunal Supremo para demorar la sentencia firme. El Ayuntamiento de Zierbena, según ha asegurado a eldiarionorte.es el alcalde, Marcelino Elorza, no va a recurrir el fallo de la Audiencia Nacional. “pero la sentencia no es tan clara sobre qué zona es marisma”, apostilla. La Diputación de Bizkaia no ha querido valorar este asunto, pese a los requerimientos de este diario. Los ecologistas afirman, en cambio, que la zona indundable, y por tanto de protección, afecta al 75% de las casi cuatro hectáreas de terreno donde se quiere construir: más de dos en los boques de viviendas y 1,5 hectáreas en la zona de los 76 chalets.
La operación urbanística fue un pelotazo la pasada década. El suelo, un antiguo camping, pertenecía a Campsa cuando era una empresa pública y, al ser privatizada, vendió en 1992 una superficie de 28.197 metros cuadrados a un particular por un precio de 228.384 euros, según los datos de Ekologistak Martxan.
El comprador realizó posteriormente diversas segregaciones y vendió el suelo en siete lotes diferentes a la empresa Ondarra (en uno de ellos aparece también como comprador la compañía Excavaciones Iru Bat) por un total de 16,9 millones de euros, con el fin de construir más de 160 viviendas, la mitad unifamiliares y bifamiliares. Las ventas se realizaron en los años 2001 y 2002, aunque aparecen registradas posteriormente, afirma Ekologistak Martxan.
“Dominio público”
Posteriormente, Iru Bat, que desapareció al no poder realizar la promoción, vendió el suelo a otras dos empresas Promega (la zona de los pisos) y a Zierbena urbanística (el área de chales). Pese a los distintos fallos judiciales, junto al solar se ha mantenido la promoción con carteles a nombre de Promega, que este mes ha cambiado el nombre por otra empresa, Eslora Proyectos. Los promotores han sido denunciados asimismo por los servicios jurídicos del Gobierno central por apropiarse de 10.000 metros cuadrados propiedad del patrimonio del Estado.
En el último fallo, tras la demanda interpuesta por el grupo ecologista Lur Maitea, la Audiencia Nacional asegura que los terrenos del pleito, un área de cerca de una hectárea, “pertenecen al dominio público” y que se “pone claramente en evidencia la naturaleza marismeña de los mismos, en cuanto terrenos naturalmente inundables”. Ante ello, ordena la nulidad del deslinde realizado anteriormente por el Ministerio de Medio Ambiente, que debe hacer una nueva delimitación de la zona protegida incluyendo esos terrenos, lo que afecta de lleno a las urbanizaciones en marcha.
El municipio de Zierbena es ahora una de los diez localidades de la lista negra en España de Greenpeace por la destrucción del litoral. En el caso de Zierbena, “ahora el 61% de su franja de los primeros 500 metros está urbanizada”, señala el último informe del grupo ecologista.
