De Miguel acusa ahora a la Ertzaintza de manipular pruebas para incriminarle

El ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, que se enfrenta a 54 años de prisión por la presunta comisión de hasta 21 delitos de corrupción, no ha logrado en las dos últimas sesiones del juicio que lleva su apellido que ningún testigo refute que un constructor contratista habitual de la Administración y amigo personal como es Prudencio Hierro costeó de su bolsillo en 2008 la reforma de su vivienda familiar en la localidad vizcaína de Gorliz, trabajos que costaron 44.000 euros. Al contrario, el autor de las obras, el empresario Íñigo Aparicio, ha confirmado ante la Audiencia Provincial de Álava que el “cliente” era De Miguel y el pagador Hierro, y que para taparlo se introdujo un concepto falso en la factura. En este escenario, el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, ha renunciado a desmontar ese testimonio y ha optado por declarar la guerra a los agentes de la Ertzaintza encargados de esa rama del complejo 'caso De Miguel'. Esa estrategia ha incluido acusaciones directas -de las que de momento no se han presentado pruebas o indicios- de que los investigadores pudieron “hacer desaparecer” o “introducir” documentos “distintos” a los empleados como acusación en las bolsas de evidencias que dieron origen a la causa.

Las palabras de Susaeta han tenido lugar durante la intervención de los ertzainas 15008 y 15431, expertos en delitos económicos y que desde el principio auxiliaron al juez instructor del 'caso De Miguel', Roberto Ramos, incluso instalándose físicamente no en una comisaría sino en el propio Palacio de Justicia. La pareja de policías ya ha comparecido en varias ocasiones a lo largo del juicio, una por cada una de las derivadas de este sumario de 25.000 folios, pero la de este martes ha sido la más tensa.

Y es que Susaeta cuestiona abiertamente la investigación seguida por estos policías que permitió destapar, merced a un borrador de factura incautado en el domicilio de De Miguel cuando fue arrestado el 17 de marzo de 2010, cómo Aparicio había girado la factura de las obras en la casa familiar de la esposa del político, Ainhoa Bilbao, a la UTE Bidegana vinculada a Prudencio Hierro, quien pagó toda la reforma mediante varias transferencias a las cuentas de Aparicio. Uno de los puntos cuestionados es que Aparicio declarara ante la Ertzaintza primero y no directamente ante el juez y que incluso antes de esa primera comparecencia tuviera una conversación más informal con 15008 y 15431.

Éste ha sido el momento más tenso del interrogatorio:

Gonzalo Susaeta: Había orden judicial para [incautar en 2010 material relacionado con la presunta empresa pantalla de De Miguel] Kataia Consulting. ¿Por qué se ocupa una proforma de Bidegana UTE? Esto es una cuestión muy importante. Dado que lo que se incauta aquel día no se precinta, ¿qué garantías hay para saber que los documentos son los mismos que posteriormente analizan ustedes, de que no han desaparecido o de que no se han introducido documentos distintos? Yo no soy policía, pero he visto actuaciones donde sí se toman medidas de prevención.

15008: El acta [del registro y del material decomisado] lo hace una secretaria judicial. Le puedo decir que todos los documentos vienen todos sellados...

G.S.: ¿Pero en ese sello aparece firma y fecha? ¿Van colocados los sellos en igual posición en los documentos?

15008: Déjeme terminar, por favor. Esas evidencias las traje yo mismo en persona desde el domicilio hasta la tercer planta de este edificio, hasta el despacho del juez [Roberto Ramos].

G.S.: ¿Saben lo que cuesta hacer un sello? No es especialmente complicado hacer un sello. En una imprenta se hace un sello.

Se da la circunstancia de que en el 'caso De Miguel' ha sido muy polémico que el que fuera director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, haya presentado como pruebas documentos aparentemente oficiales pero con sellos con anomalías, algunas flagrantes como un informe fechado a 29 de febrero de 2007. También hay sospechas de que Sánchez Robles y el propio De Miguel se han apoyado en documentos plagiados para justificar contratos con la Administración. Sánchez Robles está acusado de haber beneficiado a la trama de empresas que controlaba De Miguel mediante contratos 'a dedo' que no consta que se realizaran y que suman más de 200.000 euros.

La tensión ha continuado entre Susaeta y el ertzaina:

G.S.: ¿Ustedes han manejado esa información sí o no?

15008: Sí...

G.S.: Si no hay garantía de la cadena de custodia, ¿cómo sabemos que [la prueba del juicio] es lo mismo que estaba en el domicilio de De Miguel?

15008: En caso del señor De Miguel se coge y se sella. Se trae y se le entrega al juez. Que se diga que o nosotros o el señor juez hayamos manipulado esto... ¡Yo por ahí no paso! ¡Me está acusando!

El presidente del tribunal del 'caso De Miguel', Jaime Tapia, ha intervenido en este punto para poner orden, aunque ha advertido al policía de que “nadie le estaba acusando” y ha sugerido que en las investigaciones pueden pasar “cosas extrañas”. 15008 ha replicado que a su compañera 15431 ya se le acusó en una sesión anterior de algo similar, en referencia a cuando la defensa de Koldo Ochandiano, exdirigente también del PNV y socio de De Miguel, le preguntó abiertamente si había “modificado” o “enriquecido” un cuaderno hallado en su camarote. En él hay pruebas directas de las operaciones económicas que, según la Fiscalía, acabaron en pagos de comisiones, así como referencias a dinero negro. El magistrado ha zanjado que “no es justo” que se “reproche” el trabajo de Susaeta.

El agente ha apostillado que lo interpretaba como acusación porque sólo intervinieron “tres personas” en la custodia de las pruebas, la pareja de policías y el juez Ramos. Susaeta ha espetado entonces un “o más” que ha provocado de nuevo el enfado de los ertzainas. El juez Tapia ha tratado de calmar los ánimos ante la “susceptibilidad” que apreciaba en los investigadores. La abogada de Hierro, María José Tapia, también se ha apuntado a la teoría de Susaeta al asegurar que “todo el devenir” en relación a las obras pagadas por su cliente en la casa de Gorliz parte “de lo que se interviene o no en casa del señor De Miguel”.

Ante semejante revuelo, el propio presidente del tribunal ha realizado un largo interrogatorio a los ertzainas. Ha querido detalles en torno a la visita que los policías giraron a la vivienda de Aparicio previa a su declaración formal en comisaría, en la que confirmó los hechos. Tapia intentaba concretar si en una investigación dirigida por un juez era habitual que la Policía acudiera a “viviendas” para hablar con testigos. Los ertzainas han explicado que sí lo es y que en el mismo 'caso De Miguel' se hizo en más ocasiones, sólo que cuando las pesquisas resultaron infructuosas no se formalizó esa toma de declaración en comisaría o ante el juez. En su momento también explicaron que durante los registros se localizó más documentación que luego se demostró que podía haber sido interesante pero que se desechó entonces por no contar con autorización judicial.