Los acusados del 'caso De Miguel' suman una querella contra la Fiscalía a los ataques contra la Ertzaintza y Ainhoa Alberdi
Continúan los alegatos de los abogados defensores de los acusados del 'caso De Miguel' en este tramo final del juicio por corrupción iniciado en enero en la Audiencia Provincial de Álava. Y continúan no sólo negando la existencia de una trama de comisiones ilegales en torno a Alfredo de Miguel, al que fuera 'número dos' del PNV de Álava -refrendada por las confesiones de algunos imputados como Josu Arruti-, sino elevando el tono contra el juez que investigó el caso, Roberto Ramos, contra los ertzainas que le auxiliaron y contra la denunciante, la empresaria Ainhoa Alberdi, así como anunciando una querella criminal contra el fiscal Josu Izaguirre por “vejar” y “calumniar” con acusaciones falsas a los imputados.
Así lo ha explicado el letrado del constructor Jon Iñaki Echaburu, Mikel Zuloaga, que asumió el caso hace poco más de un año tras la renuncia de última hora del hasta entonces titular, Julio Vázquez. Echaburu, militante del PNV, amigo de De Miguel y consejero delegado de Construcciones Loizate, está acusado de abonar mordidas al entorno de De Miguel y juega un papel clave en la denuncia que dio pie a la investigación. Echaburu era socio mayoritario de Alberdi en Urbanorma Consulting y, aparentemente, pactó con De Miguel abonarle una comisión por un contrato que esa empresa, recién creada, obtuvo en 2006 en el parque tecnológico de Miñano. En 2008 Alberdi adquirió el 100% de Urbanorma Consulting y De Miguel, según su versión, se dirige a ella para que abone los 100.000 euros de coima.
Según Zuloaga, Alberdi miente y Echaburu no ha pagado “ni un céntimo de euro” en comisiones, ni en este ni en otros casos, “ni a políticos ni a funcionarios”. Su empresa, Loizate, es conocida por haber sido contratista de cabecera del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco para la construcción y reforma de comisarías. El letrado del constructor imputado ha remarcado que todos los contratos con la Ertzaintza se ajustaron a la legalidad y ha acusado al fiscal Izaguirre de haber acusado a Echaburu sin pruebas de haber abonado también comisiones por esos trabajos. No sólo eso, ha adelantado que Echaburu dará el paso de querellarse con Izaguirre, ausente estos días del juicio. “No es tolerable que el ministerio fiscal, tras vejar a los acusados, impute y calumnie a Echaburu diciendo que estuvo pagando comisiones a Interior [Seguridad]. Si existe sospecha de que Loizate ha contratado de manera ilegal, lo lógico es que el ministerio público hubiera iniciado [una investigación]. Es notoriamente falso y lo hizo por humillar a los acusados. Esto no puede quedar impune, vamos a solicitar la licencia para interponer acciones legales contra Josu Izaguirre”, ha anunciado el defensor.
Zuloaga ha recordado que este lunes es el día internacional de los Derechos Humanos -el domingo lo fue el de la lucha contra la corrupción- y ha llegado a asegurar que los agentes de la Ertzaintza que investigaron este caso se saltaron resoluciones de la ONU sobre el “código de conducta” de los funcionarios. Ha añadido que lo hicieron, además, con la anuencia del juez instructor, Roberto Ramos, al que también ha criticado duramente. “Policía, juez y fiscal han olvidado la verdad, han prejuzgado”, ha manifestado el defensor.
De Miguel pedía comisiones “privadas”
Sobre Echaburu pende la existencia de grabaciones -adjuntas a la denuncia de Alberdi- en las que se escucha al acusado reconociendo la existencia de un “pacto” con De Miguel, que se canalizaría “a través de una sociedad” y que la cantidad estaría “dentro de lo normal”. Alberdi registró esta conversación, según su denuncia, después de que el político le citara en su despacho de la Diputación para recordarle que tenía que “pasar por caja” y pagar 100.000 euros de comisión.
La defensa de De Miguel ya explicó que Loizate tenía una deuda con la sociedad mercantil Kataia Consulting, creada por el político con sus compañeros en la dirección del PNV alavés Koldo Ochandiano y Aitor Tellería pero a nombre de sus tres esposas. Según esta versión, es esa deuda la que se reclama y no una comisión ilícita. Se da la circunstancia de que esa relación comercial entre Loizate y Kataia Consulting se circunscrita a unos 30.000 euros, por lo que el dirigente peneuvista alegó que cuando en 'email' aseguró que “lo nuestro lo dejamos en 100” eran 100.000 pesetas sobre otro tema, un impago de inquilino con el que Alberdi, como letrada y amiga, le echó una mano.
Zuloaga, en líneas generales, ha asumido esta tesis, aunque con algunos matices hasta el punto de reconocer que De Miguel pudo estar reclamando una comisión. “Es posible que cuando alguien reclama el dinero se venga arriba y pretenda reclamar una comisión de tema absolutamente privado. [Es posible] Que le hayan intentado cobrar una comisión por eso y que esa comisión por la intermediación en un contrato privado esté 'dentro de lo normal'”, ha alegado el defensor exponiendo una teoría nunca esgrimida hasta ahora. Y no ha sido una reflexión casual o improvisada, ya que la ha repetido en dos ocasiones. “Sí, es posible que De Miguel reclamase una cantidad, que en esas reclamaciones [de deudas lícitas] los reclamantes se vengan arriba y le reclamen la mitad de las ganancias”, ha indicado en la segunda ocasión.
Alberdi no es víctima, es “beneficiaria”
También ha indicado que Alberdi, si era conocedora del “chanchullo”, nunca renunció al contrato de Miñano. “La beneficiaria mantiene la validez del contrato. ¿El contrato es nulo porque tiene chanchullo pero es válido para mi cobro? ¿Ainhoa Alberdi se ha llevado más de 300.000 euros a su bolsillo como consecuencia de un contrato nulo y el fiscal no lo ha denunciado ni siquiera a titulo lucrativo?”, se ha preguntado el abogado.
Ha añadido que la “joven” y “agresiva” Alberdi “deslumbró” con su historia a la Fiscalía cuando en 2009 acudió a denunciar lo mismo que antes Echaburu o De Miguel quedaron “deslumbrados” y empezaron a hacer negocios con ella. Ya en la fase de investigación la defensa de Echaburu sugirió que Alberdi había podido tener relaciones “íntimas” con De Miguel y que su denuncia era una venganza personal.
Por otro lado, Ochandiano tenía en su poder un cuaderno manuscrito cuando fue detenido por corrupción en el que se hacía alusiones a comisiones, a dinero negro y a contratos de las empresas de Echaburu. Entre las notas hay apuntes con referencias como “obra 4% Kataia” y se da la circunstancia de que hay pagos equivalentes al 4% pagados por Loizate a la empresa hermana de Kataia Consulting, Errexal, vinculados a dos adjudicaciones en municipios alaveses gobernados por el PNV, Lapuebla de Labarca y Zigoitia.
Para Zuloaga, no tiene sentido esta acusación. Ha recordado que los pagos a Errexal fueron de finales de 2005 y que en esas fechas Kataia Consulting abonó unos 40.000 euros a Loizate por un contrato relacionado con otra de las derivadas de este caso, el plan de Zambrana. “Se producen movimientos y actuaciones en Zambrana. Está acreditado que Kataia Consulting abona a Loizate 41.000 euros. Si [lo del 4%] fueran comisiones, sería más fácil reducir esa factura [y no pagarlas vía Errexal]. Es una pura cuestión de compensación que no va a dejar huella. ¿Quién se entera?”, ha apuntado con otra teoría no expuesta hasta la fecha en casi una década de investigación.
Finalmente, Zuloaga, como el letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, ha pedido al tribunal que tenga presente la jurisprudencia sobre las confesiones de quienes han dado el paso de colaborar con la Fiscalía, principalmente Josu Arruti, que habló con claridad de comisiones. “No indica que no sean utilizables, pero son insuficientes para alzar la presunción de inocencia”, ha manifestado el defensor citando sentencias del Tribunal Supremo. En otro momento, ha asegurado también que Echaburu pudo cometer alguna irregularidad en el proceso concursal derivado de la quiebra de Loizate y ha dejado la siguiente reflexión sobre qué le recomendaría declarar ante el tribunal y qué estrategia seguiría: “Este letrado le obligaría a negarlo”.
