De Miguel pasa de un acuerdo para rebajar su condena a 4 años a poder ir 12 a la cárcel y arrastrar a su mujer

La decisión de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava acusado de más de una decena de delitos de corrupción, de renunciar a última hora a un acuerdo con la Fiscalía para ver rebajada su condena a cambio de una confesión entrañaba riesgos y su alcance se ha conocido ahora. Para él, para su familia y para algunos de sus amigos imputados en el juicio del 'caso De Miguel'. A pesar del hermetismo del ministerio público y del abogado del político, Gonzalo Susaeta, sobre las fallidas negociaciones, este periódico ha podido saber de fuentes judiciales que quien todos conocen como Txitxo tuvo sobre la mesa, a cambio de una admisión de responsabilidades, la posibilidad de solventar este macroproceso con una pena acumulada de unos 4 años de prisión y la absolución de su esposa, Ainhoa Bilbao, y de su hermana, Aintzane de Miguel. Ahora, con el escrito de penas definitivo presentado este miércoles por los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira y tras las incriminaciones en su contra, se enfrenta a casi 30 años por una panoplia de delitos que, en caso de ser confirmados en su integridad, supondrían 12 de cumplimiento efectivo, apenas tres menos que los 15 con los que arrancó el juicio y tres veces más que la oferta rechazada.

En líneas generales, la nueva calificación de la Fiscalía supone una rebaja general para todos los que se han sentado en el banquillo. De Miguel, por ejemplo, arrancaba con la espada de Damocles de 54 años de cárcel, aunque aquella era siempre una suma teórica. El cambio, aunque haya pasado más inadvertido, se nota mucho más en las cuantías económicas, la segunda derivada de las condenas y de la que se ha hablado mucho menos en un macroproceso que se inició en enero.

El ministerio fiscal ha sido especialmente generoso con los nueve acusados que decidieron no seguir la estrategia del tándem De Miguel-Susaeta y continuar negociando para mejorar su posición. En su escrito, de 63 páginas, se establece expresamente que haya una “atenuante analógica a la de confesión” (artículo 21.7 del Código Penal) para Josu Arruti -que desnudó las comisiones detrás del plan urbanístico de Zambrana-, su padre y su cuñado; para Francesc Fernández Joval -el constructor catalán de Riera que abonó esas mordidas a De Miguel- y su socio; y para el empresario Prudencio Hierro, que en una confesión 'sui generis' admitió que hacía favores a Txitxo cuando era diputado alavés de Urbanismo porque “siempre ayuda” tener buena relación con un cargo influyente.

Ninguno de los seis, que han colaborado en el esclarecimiento de los hechos, irá a prisión bien por tener penas menores o bien porque se da por prescritos sus delitos. Es el caso de los pagos de Riera a De Miguel en Zambrana. Los empresarios catalanes fueron imputados en 2014 y está en discusión si fue el último día antes de que prescribiera o justo tras haberse superado el plazo. Los fiscales, fruto de la colaboración, se inclinan ahora por la versión más favorable para los reos. ¿Por qué se acusa a la vez a De Miguel por este delito? En su caso, la imputación por estos hechos de 2005 llegó en 2010 y no habría ese problema técnico.

Es más, el propio Arruti afrontará, por el mismo motivo, una responsabilidad económica como intermediario de ese soborno a Txitxo. Son cuatro los delitos que se le imputan y juntos no superan los dos años de cárcel, lo que evitará su entrada en prisión por ausencia de antecedentes penales. Las multas rondan los 250.000 euros (150.000 en el caso de su padre) y se alejan de los 21 millones que se habían barajado en un inicio. La familia, desde su nueva ocupación laboral, ya se prepara para resarcir a la Administración con estas cantidades, como adelantaron en el juicio.

Asimismo, se reduce de 26 a 23 el número de acusados al reclamar la absolución total de la hermana de Josu Arruti y otros empresarios catalanes, Ramón Tomàs i Riba y Joaquim Sabater. Ya al final de la fase de investigación quedaron fuera Asier Arzalluz -hijo del histórico líder del PNV- y Pablo Larrabide -responsable de Ipar Kutxa en Álava-.

El papel activo de las mujeres

Pero en el caso concreto de De Miguel y su entorno más cercana la situación judicial es muy complicada. El principal acusado, al que ya se le ha señalado con el dedo en el juicio por haber cobrado comisiones, podría cumplir 12 años de cárcel y devolver hasta 1,2 millones de euros, cuando pudo haber pactado con la Fiscalía una salida más favorable. Estuvo dispuesto a asumir determinados delitos pero, finalmente, varios escollos menores echaron por tierra un trabajo de semanas.

El problema es que aquella negociación frustrada hizo que quedaran en papel mojado, igualmente, las posibilidades de que su esposa quedara absuelta. Ainhoa Bilbao fue administradora de la empresa Kataia Consulting con las mujeres de los también dirigentes del PNV alavés Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Kataia Consulting, según la Fiscalía, se articuló como “pantalla” para cobrar comisiones y las mujeres no sólo participaron de manera simbólica en su creación, sino que se beneficiaron de sus ingresos. “Fueron canal para lucrarse de ella”, se puede leer en el escrito de acusación definitivo, que detalla los movimientos económicos a nombre de las tres. Bilbao, Bajo y Gaztelu-Urrutia se exponen a 5 años de reclusión y no podrían evitar la entrada efectiva porque una de las penas es de 3 años. Para el ministerio público no ha sido creíble que en el juicio imitaran a la infanta Cristina en el 'caso Urdangarín' y recalcaran que los negocios eran cosa de sus maridos.

La hermana de Txitxo, Aintzane de Miguel, era la contable de Kataia Consulting y de las otras empresas investigadas. Comparte asesores jurídicos con la familia Arruti y tenía cerrado un acuerdo con la Fiscalía como ellos, pero lo rompió a última hora para evitar destapar las irregularidades de esa empresa. En su caso, se expone también a una condena por dos delitos. Juntos sí superan los dos años, pero ninguno de ellos, por separado, alcanza ese mínimo y fuentes judiciales apuntan que, aún en caso de sentencia desfavorable, podría evitar la cárcel.

Es peculiar, igualmente, la posición de Josu Montes, con un papel colateral en los hechos como fundador de Ortzi Muga, una de las sociedades ligadas a Kataia Consulting y beneficiaria de adjudicaciones 'a dedo' desde Juventud del Gobierno, contratos aparentemente irregulares. Comparte abogados con De Miguel y en las negociaciones con la Fiscalía estaba prevista también su absolución. Con el cambio de criterio, Montes se quedó en una difícil posición y ahora, de poder haber quedado libre, pasa a 6 años.

Las peticiones más duras van contra los miembros de la “asociación ilícita” conformada por De Miguel con otros amigos y compañeros del PNV, un “plan para obtener un ilícito beneficio económico”. La Fiscalía reduce los integrantes de esa trama pero insiste en que todos ellos estaban “organizados” para cometer delitos de corrupción. Coinciden con la generación que se conoció en EGI, las juventudes del PNV, y que describió Montes en su declaración judicial. En este sentido, se ven muy rebajadas las peticiones de penas para otros acusados como la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, o el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga. En el bloque relativo al parque tecnológico de Miñano, sin embargo, las espadas siguen en alto contra Alfonso Arriola, Miren Lourdes Bilbao, Julián Sánchez Alegría y Sergio Fernández Oleaga.

Cambios en el relato de los hechos

Los cambios de la Fiscalía no sólo afectan al número de imputados y al alcance de las acusaciones. También hay modificaciones en el relato. Izaguirre, por ejemplo, ha pasado de utilizar que el constructor Hierro pagara la reforma de la casa familiar de la mujer de De Miguel en Gorliz (Bizkaia) como ejemplo del afán por lucrarse de Txitxo a entender que el político pagó las obras y que sólo utilizó a una mercantil del empresario para ahorrarse el IVA. En el juicio no sólo no han aparecido las pruebas de la devolución del dinero (con o sin el impuesto) y sí las hay de que el político manejaba un elevado número de sociedades propias con las que podría haber jugado para ahorrarse impuesto, como consta que hizo en otros negocios.

También desaparece un pago de unos 280.000 euros del entorno de Riera a modo de “préstamo” a un buen número de acusados para comprar unas parcelas en Frúniz (también Bizkaia), donde pretendían otro pelotazo urbanístico. En un primer momento la Fiscalía lo consideró una comisión o dádiva, pero, en el juicio, los imputados han asegurado que no era un regalo y que han ido devolviendo el dinero, incluso con dificultad por los intereses y retrasos.