De Miguel contraataca: “No tenía un Porsche”

El juicio del 'caso De Miguel' en la Audiencia Provincial de Álava cierra por vacaciones. Y el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, ha querido cerrar este tramo del proceso, que se inició en enero, con su mejor testigo y contraatacando. El economista Víctor Benedito, que en varias ocasiones se ha referido a sí mismo como experto “independiente” y que ha calificado de “sesgadas” las conclusiones de los informes de los agentes de la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza adscritos al caso, ha presentado ante el tribunal a propuesta de la defensa de De Miguel un informe en el que define a Kataia Consulting -la supuesta empresa pantalla para el cobro de comisión y la obtención de financiación- como una “micropyme” que prestaba “servicios” a sus “clientes” con absoluta normalidad. Y a De Miguel como un emprendedor honesto que llevaba un tren de vida “razonable” y ajustado a sus ingresos y que no se enriqueció cuando en 2007 accedió al cargo de responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) en la Diputación de Álava.

“No existe nada, ni ingresos ni gastos opacos. ¿El perfil de una empresa instrumentada o pantalla? No es el caso. No se utiliza para unos fines delictivos. Lo primero ha sido cumplimentar siempre todas las obligaciones [contables y fiscales]”; ha sentenciado Benedito, que ha declarado haber accedido para realizar su pericial a la contabilidad íntegra de Kataia Consulting desde su creación en 2005 hasta que finaliza el período investigado, 2009, año en que la empresaria Ainhoa Alberdi denunció ante la Fiscalía que De Miguel y otro dirigente del PNV cosocio de Kataia Consulting, Aitor Tellería, le quisieron cobrar una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato y que se iba a canalizar a través de esa mercantil. El tercer socio era el también peneuvista Koldo Ochandiano, aunque nominalmente las administradoras eran sus respectivas esposas.

El experto ha enfatizado que hay “dos épocas muy diferenciadas” en la existencia de Kataia Consulting y ha indicado que se corresponden con el cambio producido por el nombramiento de De Miguel como diputado en verano de 2007, donde tenía una nómina de 113.000 euros anuales. Ha indicado que el 85% de la actividad de la mercantil es previa a esa fecha y que apenas tuvo actividad 'a posteriori'. 

Ante la insistencia de Benedito de que había revisado antes de su informe “toda” la contabilidad de Kataia Consulting, la Fiscalía ha puesto de manifiesto que en el sumario sólo constan los datos de los ejercicios 2006 y 2007 -fueron aportados por la contable, la hermana de De Miguel- y que no fue hasta verano de 2010, meses después de la detención de los tres dirigentes 'jeltzales' cuando Kataia Consulting aprobó sus cuentas de los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008. Benedito ha explicado que además de la información oficial que consta en la causa ha podido acceder a más datos entregados por el propio letrado de De Miguel, Gonzalo Susaeta.

Saab, Fiat y Renault

Kataia Consulting se crea en 2005 y el arranque de su actividad es un ingreso de 130.000 euros procedente de las cuentas del padre de su amigo Josu Arruti, la persona que De Miguel había recomendado como intermediario para captar inversores con los que impulsar una recalificación urbanística en Zambrana, al sur de Álava. Justo el día anterior y tras haber roto un compromiso inicial con un empresario navarro-aragonés, Arruti había firmado un acuerdo plurianual con la constructora catalana Riera valorado en 3 millones de euros. En los siguientes meses, según consta en la declaración de bienes que De Miguel presenta en la Diputación, el político se compró un coche y una vivienda en Vitoria (la tercera y con hipoteca).

El dinero para el coche, un Saab 9.3. Vector, sale de un “préstamo” de 33.000 euros que otorga Kataia Consulting, es decir, proviene del dinero ingresado por Zambrana y que se justifica por una supuesta labor de asesoría realizada para Riera. El dato lo dio la propia esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, en su segunda declaración en la fase de instrucción. El perito Benedito no ha dado ninguna referencia de las supuestas labores urbanísticas realizadas por la empresa y tampoco ha mencionado el modo en que se produjo la compra del coche, que fue matriculado en el último trimestre de 2005 (matrícula xxxx-DTx)  aunque se ha referido en varias ocasiones a él. Benedito ha dicho que De Miguel “era un ciudadano con un utilitario normal y corriente”. Y ha añadido para demostrar que no llevaba una vida “suntuosa” que “Saab no es una marca mala pero no es Porsche”.

No ha sido el Saab el único vehículo relacionado con Kataia Consulting. La empresa adquirió en la misma época y a nombre de la mercantil una furgoneta en 'renting', una Fiat Dobló Panorama matrícula xxxx-DVx. Preguntado expresamente por este gasto en una “micropyme”, Benedito ha respondido que “no es nada descabellado”, por ejemplo para “transportar contabilidades” y “no tener que llamar a un taxi”. Ahora bien, según las notas manuscritas incautadas a Ochandiano, era el vehículo familiar de Tellería pero se imputan los costes a la compañía para dar “coherencia” a la sociedad, para justificar con gastos los ingresos y “reducir impuestos”.

El tercer vehículo relacionado con los hechos está matriculado en noviembre de 2005 (xxxx-DSx) y es otra furgoneta (Renault Traffic) a nombre de la empresa Errexal, hermana de Kataia Consulting y que según la Fiscalía se canalizó también para obtener ingresos irregulares. El coste, según las notas de Ochandiano, se vio minorado en 6.000 euros por la aportación del constructor Jon Iñaki Echaburu, que en los meses siguientes abonó efectivamente una cantidad equivalente a una tercera sociedad interrelacionada, Ortzi Muga. En una ocasión la Ertzaintza detuvo el vehículo en un control y Tellería iba al volante.

En el arranque del juicio, el fiscal Josu Izaguirre ya rechazó la tesis de la defensa de que en el 'caso De Miguel' no constan enriquecimientos ilícitos. “El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio [por la casa familiar de su mujer en Gorliz, Bizkaia) y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas…”, señaló entonces. Y es que se acusa a otro constructor, Prudencio Hierro, de haberse hecho cargo de la factura de la reforma, 45.000 euros. Preguntado al respecto el economista propuesto como perito por De Miguel, ha señalado que habría que analizar si el inmueble vio mejorada su tasación con las obras para determinar el supuesto enriquecimiento.

Dietas por viajes

El perito ha enfatizado que existen abonos concretos de viajes, comidas y otras dietas que probarían la existencia de una actividad ordinaria en la empresa Kataia Consulting. Las dietas están a nombre de las esposas de los tres políticos y suman unos 12.000 euros. Según Benedito, es además una cantidad “residual” que en ningún caso puede interpretarse como un sobresueldo. Ha explicado que esas facturas responden a labores propias del día a día de una compañía como peajes, aparcamientos o consumiciones.

Sin embargo, muchas de ellas, según el extracto de la Visa de la empresa, son en conocidos locales vitorianos. El fiscal, al contrario que la defensa, sostiene que no se corresponden con actividad laboral alguna y ha apuntado que en Kataia Consulting también se abonaba una suerte de 'nómina' a las tres socias nominales aunque “no estaban dadas de alta” en la Seguridad Social.

Izaguirre ha destacado también que en Kataia Consulting constan entradas y salidas de dinero en efectivo, algunas con hasta 60 billetes de 500 euros. “¿Por qué sacan el dinero y luego aparece en otro sitio?”, ha preguntado el representante del ministerio público al tiempo que ha apuntado, como hizo la Ertzaintza en uno de sus informes, que hay prácticas similares a “operativas de blanqueo de capitales”.

Los trabajos para el Gobierno

Uno de los puntos clave del informe elaborado por Benedito para De Miguel es que da fe de que Kataia Consulting realizó los tres “proyectos” que recibió 'a dedo' del Gobierno vasco, en concreto de la Dirección de Juventud que dirige Xabier Sánchez Robles, que le reportaron unos 34.000 euros. “¡Loado sea el señor! ¡Hemos encontrado los informes!”, ha ironizado Izaguirre, que ha sido reprendido por el presidente del tribunal, Jaime Tapia. La Fiscalía, como el propio Ejecutivo, sostiene que fueron contrataciones injustificadas y que nunca se realizó trabajo alguno, como ocurre con otras adjudicaciones similares a Errexal y Ortzi Muga, todas de Sánchez Robles. El perito ha sido tajante: “Todo el soporte documental nos lleva a concluir que los importes registrados como ingresos tenían soporte en servicios al Gobierno vasco. Tres servicios que fueron efectuados”.

El experto ha apuntado que uno de los trabajos, relativo a un análisis del proyecto Juventud Vasca Cooperante lo hizo Kataia Consulting con sus propios medios. El fiscal ha recordado que las trabajadoras fueron Ana Rodríguez (prima segunda de De Miguel y que se encargó exclusivamente de un contrato con Construcciones Loizate, según declaró), Aintzane de Miguel (su hermana y contable) y Pilar Lasa (su suegra y que aparentemente solamente cuidaba de los nietos). “¿Quién hacía los informes, la suegra?”, ha preguntado Izaguirre.

En su momento, De Miguel aseguró haber hecho él mismo el trabajo por su experiencia en asuntos de tiempo libre. Para ello, aportó un informe justificativo. Este periódico publicó que era un documento plagiado. El propio Sánchez Robles entregó una caratula del mismo informe -aunque ligeramente distinto- y con sello de entrada en el Gobierno vasco. Esos registros presuntamente fueron falsificados, según se ha conocido a lo largo del juicio. El perito ha reconocido haber trabajado con ese material para dictaminar que los trabajos se realizaron. 

Respecto a los otros dos contratos, ha indicado que se subcontrataron a Errexal, la empresa hermana y que sí tenía actividad específica en materia de promoción cultural y de ocio. Sin embargo, tampoco consta en los archivos del Gobierno vasco informe alguno. Así lo ha recordado la letrada del Ejecutivo, Jaione Juaristi, que ha indicado que igualmente no hay prueba documental de esa subcontratación.