De Miguel teme que los ocho imputados que han pactado con la Fiscalía le incriminen
El abogado de Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava acusado de varios delitos de corrupción, ha intentado, con su cliente ya en el banquillo a punto de declarar, que la comparecencia no se produjese en ese momento. Gonzalo Susaeta, que a última hora ha rechazado una oferta de la Fiscalía para rebajar la condena a la que se expone (54 años de cárcel y una importante sanción económica), ha pedido que se identifiquen los ocho imputados en el 'caso De Miguel' que sí han accedido colaborar con la Fiscalía y reconocer algunos hechos, sobre todo relacionados con la millonaria operación urbanística de Zambrana, e incluso que se modifique el orden de declaraciones para que De Miguel no sea el primero a declarar.
El temor evidente de la defensa del político es que quienes han accedido a colaborar con la Fiscalía le incriminen y frustren su retomada línea de defensa de negar todos los hechos y acusaciones y declararse inocente. En el caso de la operación de Zambrana, empresarios catalanes acordaron abonar 3 millones de euros al intermediario que De Miguel situó para impulsar la recalificación, Josu Arruti. Los promotores, de Construcciones Riera, y Arruti y su entorno familiar están dispuestos a reconocer que fueron pagos que no se correspondían con trabajos realizados. La clave es que parte de ese dinero acabó en las cuentas de sociedades controladas por De Miguel, como Kataia Consulting, una comisión según la Fiscalía.
El fiscal-jefe, Josu Izaguirre, ha explicado a los periodistas antes del inicio de la sesión que el acuerdo con estos acusados supone dar por probada la existencia de una “trama organizada” para el “cobro de comisiones”. No ha dado detalles de su alcance, pero sí que afecta a partes “esenciales” del caso.
Las peticiones de Susaeta han recibido la oposición no sólo del ministerio fiscal, sino de los letrados de algunos de los acusados dispuestos a pactar. “Nadie puede negarme que hemos venido y que el orden está establecido. Estaba ya previsto [que De Miguel declarara el primero”, ha enfatizado Arantxa Isasmendi, defensora de Arruti. El fiscal, asimismo, ha indicado que el orden de declaraciones no sólo estaba fijado desde el inicio del juicio, en enero, sino que es una prerrogativa de las acusaciones. El tribunal, compuesto por los jueces Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria, ha desactivado la petición de Susaeta y ha recordado que el político podrá “rebatir” cualquier acusación contra él al final del juicio, cuando se vuelve a dar la palabra a todos los imputados para hacer una breve declaración.
De Miguel, en todo caso, se negará a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de los abogados del resto de los imputados. Sólo expondrá su versión en el interrogatorio que tiene pactado con su letrado. Ante este escenario, el fiscal ha solicitado la lectura de sus dos declaraciones en la fase de instrucción. Ha sido un trámite largo, ya que la segunda de ellas duró más de ocho horas.
