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El abogado de De Miguel compara la investigación con Cuarto Milenio: “Es paranormal. No he visto nada igual en mi vida”

Gonzalo Susaeta, con Alfredo de Miguel

Iker Rioja Andueza

“Se masca la remontada. A mí sólo me queda añadir 'Muy bien, Gonzalo'”, bromeaba el abogado de uno de los principales acusados del 'caso De Miguel' escuchadas las primeras horas del alegato de conclusiones del letrado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, ante la Audiencia Provincial de Álava. El defensor, que ha tenido a todo un equipo peinando el “mastodóntico” sumario de este caso de corrupción en las últimas semanas, incluidos fines de semana, resume el juicio en dos grandes argumentos: 1) no hay pruebas de los delitos de corrupción de los que está acusado quien fuera 'número dos' del PNV de Álava y 2) no obstante, a la vez, quiere la nulidad de “todas” las investigación por los abusos procesales tanto del juez de instrucción, Roberto Ramos, como de los agentes de la Ertzaintza adscritos a la investigación.

Susaeta ha mantenido esta estrategia desde el principio del juicio. Incluso antes intentó recurrir sin éxito su apertura y la propia Audiencia de Álava, en un auto firmado por dos de los tres jueces del actual tribunal del 'caso De Miguel', afirmó que “ninguna extralimitación se observa en la actuación policial que cause nulidad o indefensión a la parte recurrente”. Pero la defensa de De Miguel no se rinde. “He llevado asuntos turbios y no he visto nada igual en mi vida”, ha incidido Susaeta sobre esta investigación para añadir que ha sido “paranormal”, propia de Cuarto Milenio. “Ocurren cosas muy extrañas. En un programa muy famoso de Cuatro, de los domingos por la noche y con un presentador con nombre vasco, les gustaría hablar de estos fenómenos paranormales”, ha ironizado el letrado.

El abogado ha lamentado que la prensa le acuse de “atacar” a la Ertzaintza. “Yo no acuso, soy abogado defensor y quiero garantías para unos acusados”, ha enfatizado. “A mí, como jurista y como ciudadano, esto me pone los pelos de punta”, ha insistido tras denunciar que “todas las evidencias presentan indicios de haber sido manipuladas”. “Mañana me lo pondrán en el periódico, pero no hay precintos, hay mutaciones, hay evidencias de papel que se han podido alterar, introducir o suprimir y tenemos constatación, que no indicio, de que durante siete meses todas y cada una de las evidencias estuvieron fuera del procedimiento, del control y custodia del secretario judicial”, ha criticado Susaeta.

El defensor de De Miguel ha añadido que, cuando estalló el caso y se ordenó la detención del político, su esposa, Ainhoa Bilbao, y otros acusados en marzo de 2010, la Policía se extralimitó en los registros e incautaciones ya que, por ejemplo, no tenía habilitación judicial para aprehender los equipos informáticos de los investigados, que han resultado claves porque allí se almacenaban numerosos indicios de la existencia de una trama de cobro de comisiones que, en palabras de la Fiscalía, operó en Euskadi al modo de la mafia siciliana. “Se llevan lo que quieren, sin preguntar sobre su contenido y sin discriminar”, ha denunciado el abogado, que incluso ha asegurado que la Policía se llevó fotografías de los hijos de De Miguel y Bilbao.

Cuando Susaeta ya planteó esta misma cuestión en la fase de cuestiones previas, al inicio del macrojuicio, el tribunal presidido por Jaime Tapia optó por posponer la resolución de estas cuestiones procesales a la sentencia. No obstante, ya recordó la existencia de jurisprudencia que no sería favorable a los intereses de la defensa de De Miguel.

También ha asegurado Susaeta que el objeto inicial, tras la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi, era la mercantil Kataia Consulting -a nombre de Bilbao y de las esposas de otros dos exdirigentes del PNV alavés, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería- y la exigencia de comisiones en el parque tecnológico de Miñano. Pero ha aludido a investigaciones “paralelas” o “extrajudiciales” que dieron lugar a un caso más amplio. “Se investigan hechos que no aparecen en los autos [del juez Ramos] y a personas y empresas que no están no están imputadas”, ha incidido Susaeta, que ha citado, entre otras, a las compañías Sidepur y Errexal. Sidepur, por ejemplo, fue el primer 'cliente' de Kataia Consulting, que inició su actividad con 130.000 euros que eran el primero de los pagos de comisiones a cuenta de la operación urbanística impulsada por De Miguel en Zambrana, según la confesión de Josu Arruti. Según ha referido Susaeta, al auto original del juez, en efecto, citaba expresamente (y únicamente) a Kataia Consulting pero no ha mencionado que Ramos también habilitaba la incautación de pruebas sobre personas y empresas que tuvieran relación con esa sociedad (“flujos de activos de o hacia la misma”).

Según el abogado del político, además, no se ha preservado la cadena de custodia de las pruebas, principalmente al inicio de la investigación. “Hubo muchas personas con acceso a esas evidencias”, ha dejado caer Susaeta. Se da la circunstancia de que en este caso se decidió que los agentes de la Ertzaintza expertos en delitos económicos e informática trabajaron directamente para el juez Ramos y con oficina propia en el juzgado. Según explicó el fiscal, Josu Izaguirre, ello garantizó el éxito de la operación ya que otros temas similares que tocan los “aledaños” del poder político acaban desvirtuados. Es más, en este caso se constató que -estando secretas las actuaciones- varios policías cercanos al PNV y relacionados con De Miguel accedieron de manera indebida a la investigación.

Singularmente, ha citado la grabadora que aportó Alberdi para justificar su denuncia y en la que se oye que las comisiones entran “dentro de lo normal”. Según De Miguel, no es su voz la que se escucha y son pruebas poco concluyentes. Sin embargo, su defensa ha reclamado con insistencia su “expurgo” del sumario. “Es fácil introducir frases o suprimirlas. Ha podido meter en la grabadora lo que ha podido cocinar en el ordenador”, ha manifestado el abogado, quien ha subrayado que los archivos de audio son de principios de 2008 y no de finales de ese año, cuando se produjeron las peticiones de comisiones, según la denuncia. “Y además de horas intempestivas”, ha añadido. No obstante, el propio Susaeta ha admitido que esas fechas hay que configurarlas y que se pierden cuando se retiran las pilas.

Preguntada por los periodistas la pasada semana, la actual consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, no se pronunció sobre las críticas del exdirigente de su partido a la Ertzaintza. Ya tras el arranque del juicio, el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, evitó valorar las “estrategias” de los imputados en el 'caso De Miguel'.

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