La defensa de De Miguel insiste en cargar contra la investigación: ahora han desaparecido las cuentas de 2008 y 2009 de Kataia Consulting
Hace casi dos semanas que el abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, cerró emocionado su alegato de conclusiones en el juicio del 'caso De Miguel', que se inició en enero en la Audiencia Provincial de Álava y que apura sus última sesiones esta semana. Fueron tres días en los que desgranó sus reflexiones y argumentaciones y en los que no tuvo límite de tiempo. Pero algo, aparentemente, se le quedó en el tintero. Este lunes era el turno para la exposición de la defensa de Josu Montés, pero como su letrado, Eneko Goenaga, comparte bufete con el de De Miguel (ambos son de Cuatrecasas), ha aprovechado para hacer una suerte de 'ampliación' de las quejas ya realizadas por Susaeta a lo largo de tres días contra el juez instructor, Roberto Ramos, y contra los agentes de la Ertzaintza adscritos a él y que apenas afectan a su cliente.
El elemento nuevo es que, según ha expuesto Goenaga, cuando la Ertzaintza incorporó a la causa el ordenador de la hermana de De Miguel, de nombre Aintzane y que era contable de las principales sociedades mercantiles investigadas, se hizo tras guardarlo en una bolsa de evidencias sin firma ni sello, cerrada con cinta adhesiva. ¿Qué consecuencias tuvo aquello? Según Goenaga, “habría desaparecido en el ordenador la contabilidad de 2008 y 2009” de Kataia Consulting, principal empresa del caso que fue creada en 2005 para camuflar el pago de comisiones, en un primer término de la operación de Zambrana, según al confesión de Josu Arruti.
Se da la circunstancia de que la Fiscalía puso de manifiesto que en el sumario sólo constaban los datos de esta mercantil entre 2005 y 2007 en contraposición a un informe económico encargado por la defensa de De Miguel a un perito externo, Víctor Benedito, que analizó también las cuentas del resto de ejercicios. El fiscal, Josu Izaguirre, acusó a Benedito de haber trabajado con datos facilitados por la parte interesada y no con los datos objetivos del sumario y la tesis de Goenaga es la respuesta de la defensa del que fuera 'número dos' del PNV de Álava a estas afirmaciones.
No ha mencionado Goenaga que consta en acta que Aintzane de Miguel entregó “voluntariamente” tanto ese portátil como documentación en papel sobre Kataia Consulting. Su abogado, Ibon Gaínza, ya ha presentado un incidente de nulidad porque cuando lo hizo, en 2010, ella era testigo y tenía la obligación de colaborar. Luego, en 2011, resultó imputada en la causa y, según Gaínza, tiene todo el derecho, como la Constitución prevé para cualquier acusado, a “huir como un conejo”, “mentir como un bellaco” y “destruir pruebas”.
“¿Cuál ha sido el tratamiento de esta evidencia tan importante?”, se ha preguntado Goenaga en voz alta, que ha hecho suyas las reflexiones de su colega Susaeta y ha dicho también que todas las pruebas informáticas aprehendidas a los principales acusados, como los ordenadores de De Miguel, “estuvieron descontroladas durante siete meses, ajenas al procedimiento y al secretario judicial”. “Resulta increíble que un procedimiento de esta entidad haya tenido una irregularidad de tal magnitud”, ha zanjado Goenaga en relación al trabajo del juez Ramos y de los policías a su cargo.
“Montés no se ha quedado un solo euro”
Josu Montés, militante del PNV y amigo de De Miguel, está en la causa como fundador de la mercantil Ortzi Muga, que nunca tuvo empleados y que fue beneficiaria como Kataia Consulting y Errexal de contratos 'a dedo' salidos de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, cuyo titular era Xabier Sánchez Robles. La investigación ha situado Ortzi Muga en la órbita de De Miguel. De hecho, su hermana era la contable. Goenaga se ha apoyado precisamente en las declaraciones en el juicio de los ertzainas expertos en delitos económicos que justo antes había criticado para recalcar que Montés no tenía ya relación con la empresa cuando, en 2007, empezaron las contrataciones con Juventud, que en buena medida ni siquiera se ejecutaron a pesar de haberse cobrado en su totalidad hasta sumar unos 45.000 euros sólo en este caso.
También ha repetido que los informes policiales dejan claro que Montés no obtuvo ningún beneficio personal. “Montés no se ha quedado con ni un solo euro de dinero público porque ni un solo euro de Ortzi Muga ha llegado a Montés”, ha enfatizado su defensor.
Ortzi Muga fue creada en abril de 2006 y su primer ingreso fueron 6.000 euros de Construcciones Loizate, la empresa de Jon Iñaki Echaburu, quien está acusado de abonar comisiones ilegales al entorno de De Miguel. El concepto de ese pago fueron unas “traducciones” y en la investigación se valoró que fuera en realidad una mordida más, aunque finalmente Goenaga ha remarcado que no es objeto de acusación en el juicio. En el otoño de ese año Montés cedió la administración a Iñaki San Juan, socio minoritario, responsable de Errexal y también amigo de De Miguel.
Se da la circunstancia de que consta en el sumario un 'email' que guardaba De Miguel en el cual Montés le reclamaba unas cantidades por esos meses al frente de la mercantil. Para la Fiscalía, es la prueba del control real que ejercía quien todos llamaban Txitxo sobre esta empresa, como también sobre Errexal. Según Montés, era simplemente un intento de que un “amigo común” de San Juan y él intentase mediar porque San Juan, al quedarse con la empresa, no le abonó ninguna compensación.
Sin embargo, la realidad de los hechos es que San Juan no sólo no tenía un conflicto con Montés en aquella época, sino que le contrató para Errexal, donde lideró un proyecto subcontratado por la Fundación Naturgintza, la denominada 'Ruta del vino y del pescado'. Meses después, Asier Arrese, de Naturgintza, fichó a Montés para la fundación. Se dan dos coincidencias: por un lado, De Miguel -siendo diputado de Álava- contrató a Ortzi Muga 'a dedo' para “Asesoramiento para la puesta en valor de la ruta del vino y del pescado” (11.000 euros en dos facturas) y que en la actualidad Arrese es el jefe de Txitxo en la sociedad pública Hazi.
“Más allá de la amistad con De Miguel y San Juan y el conocimiento de otras personas [imputadas en la causa] no hay indicios, pruebas, 'emails' de los que se derive que Montés se haya asociado con alguien para cometer un delito. Todavía con el Código Penal vigente ni tener amistad ni una ideología política común puede ser considerado delictivo”, ha ironizado Goenaga sobre las acusaciones de asociación ilícita que pesan sobre Montés y otros acusados, que según la Fiscalía conformaron una trama para el cobro de comisiones ilegales y la obtención de financiación irregular.
