“Alfredo de Miguel ha sufrido pintadas, amenazas y apartamiento social”
Gonzalo Susaeta, visiblemente emocionado, ha completado este miércoles no sólo su alegato final en el juicio del 'caso De Miguel' sino una larga etapa de casi una década como abogado del ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y de su esposa, Ainhoa Bilbao, acusados de numerosos delitos de corrupción. Al término de su alocución, Susaeta ha pedido a la Audiencia Provincial de Álava que tenga en cuenta las “dilaciones indebidas” de este macroproceso, por su duración desde que se originó con la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi contra De Miguel allá por diciembre de 2009. “Esto afecta todo el mundo que tenga la desgracia de que le metan en un macroprocedimiento. Pero si tiene suerte y no es mediático... [Mis clientes] Han estado expuestos al juicio más mediático de los últimos años con un componente económico. En el caso de mis defendidos sufrieron despidos y, además, pintadas y amenazas –denunciadas a la Policía-, dirigentes políticos pronunciándose en su contra, apartamiento social, marginación social, pérdida de amistades, … ¡Nueve años!”, ha clamado el letrado.
Esos retrasos, como ha reconocido el propio Susaeta, se centran fundamentalmente en el período entre 2015 -cuando el juez Roberto Ramos acabó la investigación- y el arranque del juicio -enero de 2018-. Como publicó este periódico, un auto plagado de errores (hasta 21), emitido por la juez de instrucción que relevó a Ramos en esa denominada “fase intermedia”, María Eneida Arbaizar, motivó un retraso de meses, de “1 año, 9 meses y 2 días”, según el letrado.
Por lo demás, la defensa de De Miguel ha cerrado su alegato como lo inició: recalcando que no hay pruebas que le puedan vincular con una trama de corrupción a pesar de las incriminaciones de otros imputados, como quien fue el intermediario en la operación de Zambrana, Josu Arruti. Susaeta, en este sentido, ha rescatado el informe encargado por él mismo a un perito económico, Víctor Benedito, y que ya fue presentado en el juicio por el propio Benedito el pasado mes de julio. Según las tesis de la defensa, no hay indicios para apreciar un enriquecimiento ilícito en el matrimonio De Miguel-Bilbao y el “90%” de las operaciones investigadas en el 'caso De Miguel' son previas a su nombramiento como diputado de Urbanismo de Álava en el verano de 2007.
Se ha referido especialmente Susaeta a la empresa central del caso, Kataia Consulting, creada en 2005 y, según la confesión de Arruti, para camuflar las comisiones ilegales vinculadas a Zambrana. Como en los dos días atrás, ha negado esas acusaciones. “Es una empresa que se ha demostrado que tenía una actividad económica efectiva, real y desde luego lícita”, ha querido remarcar el abogado, que asegurado que los ingresos totales fueron 240.000 euros (ha omitido que De Miguel controlaba otras mercantiles como Eskalmelo) y que se cobraron únicamente 200.000 euros. “¡Vaya tristeza de pelotazo! A mí no me salen las cuentas...”, ha ironizado el abogado, que ha criticado que sean 1,2 millones las multas económicas que se le exigen.
Ha insistido, además, en que no había dinero negro o ingresos opacos, frente a las acusaciones de la Fiscalía, por lo que tampoco prácticas de blanqueo de capitales. “El dinero no va en maletín: va por transferencia. No se guarda en un cajón o no se oculta: se emiten facturas, presentan declaraciones tributarias. ¿Dónde está el fraude o artificio?”, se ha preguntado. Además, ha destacado que constan acreditados los “gastos” propios de su actividad (“seguros, fotocopias, teléfono, etc”) y las nóminas de dos trabajadoras, Ana Rodríguez (prima segunda de De Miguel) y Aintzane de Miguel (su hermana). Ha omitido que había una tercera persona en plantilla, la suegra del político, que cobró unos 34.000 euros sin que conste que realizara trabajo alguno. También que los meses siguientes al primer cobro de Zambrana constan extracciones de dinero para comprar un coche (33.000 euros), para joyas (unos 6.000 euros) y para viajes.
Susaeta se ha referido expresamente al papel de la esposa del político, que era administradora nominal de Kataia Consulting junto a las de otros dos ex dirigentes nacionalistas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Ha insistido en que no tuvo ninguna implicación en la gestión de la sociedad y, sorpresivamente, ha criticado que se ha reducido la petición de penas para Aintzane de Miguel y no para Bilbao cuando ella, como contable, sí estaba inmersa en el “día a día”. La hermana del político, que comparte abogados con la familia Arruti, estuvo a punto de pactar con la Fiscalía pero lo rechazó a última hora. Durante el juicio, sin embargo, se ha puesto de manifiesto que las tres mujeres tenían “nómina” de Kataia Consulting y que, en el caso de Bilbao, disfrutó de viajes particulares a nombre de la empresa.
Así ha cerrado Susaeta su alegato: “Recuerden, por favor, derechos fundamentales. Recuerden, por favor, carga de la prueba, alternativa razonable, más allá de toda duda razonable”.
