De Miguel es 'trending topic'
Cuando en otoño de 2011 Alfredo de Miguel declaró durante largas horas ante el juez instructor Roberto Ramos, que meses antes había recibido un informe de la Ertzaintza en el que aludía a que el que fuera influyente 'número dos' del PNV de Álava lideraba una red de empresas que habían recaudado comisiones ilegales y que en sus cuentas aparecían movimientos con billetes de 500 euros propios de operativas de blanqueo de capitales, apenas dos periodistas montaban guardia en el Palacio de Justicia de Vitoria. Siete años después, con todos esos indicios reconvertidos ahora en acusación ejemplarizante de la Fiscalía (De Miguel se expone a 54 años de cárcel por 21 delitos), ha arrancado finalmente el juicio del caso que toma el apellido del principal de los 26 imputados. Y el inicio de este macroproceso ha sido ahora 'trending topic' en Twitter, con 25.000 mensajes a las 16.00 horas, según la propia red social.
Una nube de fotógrafos y camarógrafos esperaba a 'Txitxo' desde bastante antes de las 9.00 de la mañana, la hora señalada. Ha llegado de los últimos, acompañado de su letrado Gonzalo Susaeta, de Cuatrecasas y curtido en mil batallas. Antes han pasado por la entrada del moderno -pero oscurísimo en su interior- edificio judicial de Vitoria sus compañeros en el Araba Buru Batzar del PNV Aitor Tellería -en este proceso sin capuchas para ocultar su identidad- o Koldo Ochandiano. También el fiscal, Josu Izaguirre, y el presidente del tribunal que juzgará la causa, Jaime Tapia. En los alrededores se apreciaba un refuerzo de la presencia de la Ertzaintza y de personal de seguridad privada.
Cuando el goteo de imputados era continuo, entre los periodistas se ha colado discretamente, con la sola compañía de un maletín, el juez Roberto Ramos. Él lideró desde 2010 hasta 2015 la investigación judicial, y no sin presiones de quienes critican el deseo “insano” de la Justicia en buscar los trapos sucios de determinados partidos. En este tiempo se ha mantenido en un completo segundo plano. Una media sonrisa ante la expectación en la entrada del juzgado y a su despacho, ahora un juzgado de lo penal en el que ya no lidia con macrocausas que exigen cinco sentidos y mucha diplomacia para obtener las pruebas.
La vista se celebra en la segunda planta. La sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava ha tenido que ser reformada (con un coste de 100.000 euros) para acoger un procedimiento de un volumen desconocido por estos lares por mucho que el magistrado Tapia haya defendido que es un caso “normal”. Pasada la hora de la convocatoria, los imputados, sus letrados -en su mayoría hombres-, los procuradores y algunos acompañantes se arremolinaban en el pasillo. Para muchos era momento de reencuentros, como el de los constructores Prudencio Hierro y Jon Iñaki Echaburu, ambos contratistas habituales de la Administración y acusados de haber abonado comisiones ilegales después de beneficiarse de contratos públicos. Otros, como el exdirigente del PNV Miguel Ángel Redondo, esposo de la que fuera alcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo, clamaban por tener que soportar un juicio que se prolongará hasta el 25 de octubre y en el que ella sólo está acusada en una de las doce tramas en que se ha subdividido el macroproceso.
Antes, a primera hora, el diario 'Deia' había publicado la carta de uno de los encausados, Iñaki San Juan. Exedil en Leioa y administrador de Errexal, una empresa señalada por haber obtenido contratos 'a dedo' de distintas instituciones y por haber canalizado en al menos dos ocasiones el cobro de comisiones tras la adjudicación de obra pública, San Juan ha criticado el “circo” que, a su entender, es este procedimiento. “A lo sumo, veremos algún número de contorsionismo pseudo-jurídico, intentando demostrar la existencia de una supuesta asociación criminal surgida para no se sabe qué propósito, dado que en el patrimonio de los encausados no aparecen irregulares lucros por lado alguno. Olvídense por tanto de chalés, coches o regalos de lujo, tarjetas blacks, cajas fuertes repletas de billetes de 500 euros o similares elementos propios del atrezzo del género”, escribe San Juan, que asegura que el sumario está lleno de folios inservibles, en algunos de los cuales se hace mención a unas obras en la casa familiar de De Miguel en Gorliz o a operaciones con esos billetes de alta denominación.
San Juan, en su artículo, también ha criticado el gasto público que ha supuesto la investigación judicial -habla de “varios millones”- y las comisiones tanto del Parlamento Vasco como de las Juntas Generales de Álava. “Ingentes recursos públicos malgastados de los que nadie se hará responsable”, abunda San Juan, que precisamente abrió la investigación parlamentaria en 2011 con un plantón a la Cámara vasca que obligó a volver a reunir a los comisionados unas semanas después.
Finalmente, se ha iniciado la sesión alrededor de las 10.15 horas. Los imputados han ido ocupando el banquillo, que ahora ofrece sillas bastante más cómodas que las de madera antiguas. En la primera línea, De Miguel, Tellería, Ochandiano, sus tres esposas -presuntas testaferros en la empresa pantalla Kataia Consulting- y la hermana del expolítico, contable de las sociedades investigadas que controlaba De Miguel. Habrá que determinar si Jesús Arruti, padre del amigo de De Miguel e intermediario en Zambrana Iosu Arruti, está en condiciones de salud adecuadas para soportar el tute de las más de 100 sesiones del juicio. Según San Juan, esos 26 acusados son “personas normales, trabajadores de humilde nómina, autónomos... que tendrán que pedir a sus familiares que recojan a sus niños en la ikastola mientras son paseados por la pista de los juzgados”.
