El alcalde de Hondarribia (PNV) desoye 12 informes de su interventora y paga 2,3 millones sin contrato a empresas de un destacado militante del partido
Un grupo de cuatro empresas dirigido por el cualificado militante del PNV en Gipuzkoa Aitor Elorza Gurrutxaga (Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Komunikazioa) lleva ingresados desde 2009 en el Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado por el PNV, unos 2,3 millones de euros por cientos de trabajos de montaje y organización de eventos vinculados a las áreas de Cultura, Juventud, Euskara o Deportes facturados individualmente. Esas contrataciones se han realizaron sin concurso público. En los últimos meses, la interventora municipal ha formulado al menos doce informes negativos sobre estas facturas, pero el alcalde nacionalista, Txomin Sagarzazu, que tiene mayoría absoluta, ha ordenado por decreto el levantamiento de la suspensión y el abono de las minutas.
Montai Produkzioak y sus filiales son contratistas habituales en la Administración autonómica, foral y local de Euskadi. También es la empresa que organiza prácticamente todos los actos electorales y de partido del PNV desde hace años, como se puede apreciar cada día en esta campaña de las elecciones generales. A su frente se halla Aitor Elorza Gurrutxaga, cualificado militante del partido en Donostia y que ha sido candidato en varios procesos electorales en el pasado. En la actualidad, es edil en la pequeña localidad de Itsasondo y miembro de la asamblea nacional de la formación. Su hermana, Idoia Elorza Gurrutxaga, es responsable de Organización de la Ejecutiva territorial, el Gipuzko Buru Batzar que preside Joseba Egibar. Su esposa, Maije Zelaia, es concejal en Donostia. El responsable de facturación de Montai Produkzioak es Boris Nogales, que ocupa un escaño en las Juntas Generales de Gipuzkoa.
La compañía de Elorza resultó adjudicataria de un contrato en 2005 para la gestión de las actividades socioculturales del municipio de Hondarribia por un período de cuatro años. Sin embargo, desde 2009 hasta hoy mismo ha continuado trabajando con regularidad con el Ayuntamiento. Existe un decreto de 2007 del anterior alcalde, Aitor Kerejeta, en el que ya se adelantaba que “hasta tanto se convoque nuevo concurso” se seguiría “encargando los trabajos a la citada empresa [por Montai Produkzioak] previa presentación de presupuesto por cada actividad”. Las facturas emitidas desde entonces van desde cantidades simbólicas (1,16 euros el 2 de diciembre de 2012) hasta tarifas muy superiores al máximo legal para contratos 'a dedo', 15.000 euros en la actualidad y antes 18.000 euros, como los 39.963,67 euros de un pago de 2016 a Estali La Karpa.
Estos pagos han sido moneda corriente en Hondarribia desde 2009 y su desglose ocupa varios cientos de folios. Pero, desde hace unos meses, la interventora municipal, Laura Busca Fernández, viene emitiendo lo que jurídicamente se llaman informes de “reparo suspensivo”. La funcionaria, hasta fechas tan recientes como el 25 de marzo, ha venido advirtiendo al Gobierno local de la ilegalidad de seguir pagando a Montai Produkzioak y a sus empresas asimiladas de esa forma (también a otros proveedores). Remarca que la normativa vigente limita a 15.000 euros máximo las adjudicaciones directas, sin concurso, y que prohíbe el fraccionamiento de trabajos para evitar esa restricción. Ha habido días en que se han emitido hasta siete “reparos suspensivos”.
Facturas “fuera de contrato”
Sobre Montai Produkzioak, esos informes inciden en que el contrato expiró hace una década y que “no hay posibilidad de prórroga”. “En la actualidad se presentan facturas que superan conjuntamente el importe del contrato menor [15.000 euros], siendo necesario proceder a una nueva licitación”, se puede leer. Los servicios de Estali La Karpa, Denok Komunikazioa o Kultur Kirol Zerbitzuak también están “fuera de contrato”.
Por cada uno de los informes de la interventora, el alcalde del PNV firma un decreto para levantar esos “reparos suspensivos” y autorizar el pago de las facturas a las empresas de Elorza y a las del resto de proveedores en las mismas circunstancias. Sagarzazu argumenta que “los distintos servicios han sido prestados” y que el alcalde puede “levantar el reparo suspensivo” y “reconocer la obligación correspondiente a las facturas indicadas y ordenar el pago de las mismas”. Así ha ocurrido con los decretos 1603, 1604, 1629, 1681, 1742, 1756, 1758, 1759, 1763, 1765 y 1767 de 2018 y con el 459 de 2019.
Elorza, consultado por este periódico, ha negado que exista trato de favor hacia sus empresas en Hondarribia. Defiende la legalidad de todas las facturas porque cada una de ellas hace referencia a trabajos diferentes y no pueden ser interpretadas como un todo, alega. “Sobre la limitación de los 15.000 euros, ¿es a la empresa o es al objeto del trabajo? No es lo mismo poner 2.000 sillas que una carpa. En otros sitios, con la nueva ley, se interpreta así”, asegura el empresario y político.
Un mínimo del 70% del presupuesto
Elorza añade que “ha habido casos en los que se les ha dado a otras empresas” y cita como ejemplos la organización de los mercadillos semanales y los recientes Carnavales. Un empresario de la competencia valora que “en los últimos meses el Ayuntamiento ha abierto un poco la mano”, coincidiendo precisamente con el control de los funcionarios. Pero datos de la propia Montai Produkzioak muestran que esta firma y las filiales copan entre el “70 u 80 %” del total del presupuesto de las áreas de Cultura, Juventud, Euskara y de Deportes de Hondarribia. “Tampoco estás a gusto en esta situación”, apostilla Elorza, quien asegura que el Ayuntamiento “está trabajando” en un nuevo contrato y estima que “antes de junio” podría haber novedades en esa dirección.
Preguntado por su afiliación política, manifiesta que su militancia en el PNV “para nada” favorece a los negocios de su grupo empresarial. “La adscripción política... La verdad es que no nos favorece. Nos condiciona para trabajar en algunos sitios”, responde. El Ayuntamiento de Hondarribia, por su parte, no ha ofrecido su versión de los hechos tras varios requerimientos realizados por este periódico tanto por correo electrónico como por teléfono y mensajería.
Montai, relacionada con Errexal
Se da la circunstancia de que el gerente de Montai Produkzioak compareció en abril del pasado año en el juicio del 'caso De Miguel' celebrado en la Audiencia Provincial de Álava. Elorza fue propuesto como testigo por parte de los abogados defensores de los acusados en el bloque referido a contrataciones irregulares de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco a varias empresas investigadas, Errexal, Ortzi Muga y Kataia Consulting. Se acusaba al responsable de Juventud, el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles, de haber favorecido con contratos 'a dedo' a estas mercantiles, con cuyos administradores mantenía una relación de amistad. Se añadía, asimismo, que en algunos casos, cuando se trataba de informes de consultoría, no constaba que el trabajo contratado y abonado se hubiera realizado de manera efectiva.
Elorza, en una declaración muy breve, aseguró que, por su experiencia, al menos la empresa Errexal había trabajado con normalidad con Juventud, el argumento esgrimido por las defensas para alejar el fantasma de trabajos cobrados pero no realizados. Elorza y el administrador de esta firma -en algunos puntos similar a Montai Produkzioak o al menos dedicada al mismo sector-, el exconcejal del PNV en Leioa Iñaki San Juan, son conocidos.
De hecho, Elorza ha subcontratado a Errexal -que ahora opera con el nuevo nombre Perexila Proyects tras destaparse el caso de corrupción- para algunos trabajos, incluidos algunos de los servicios prestados en Hondarribia. En concreto, abonó 6.997 euros a San Juan por trabajos relacionados con el festival de blues que la localidad guipuzcoana celebra cada verano. Lo hizo en 2015, cuando la investigación judicial del 'caso De Miguel' ya estaba muy avanzada. Montai Produkzioak, especializada en montajes y con larga experiencia profesional, pagó a Errexal para que le preparara un proyecto de infraestructuras necesarias para el desarrollo del festival. “Memoria de necesidades, planos y materiales”, consta en la factura.
