Osakidetza, ¿“perjudicado” o “responsable” de las filtraciones en las oposiciones médicas?
La juez de Vitoria Yolanda Varona, responsable de la investigación en torno a los presuntos delitos en hasta once categorías de las oposiciones médicas del año pasado en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ha denegado la personación como “perjudicado” del Gobierno vasco en el proceso penal abierto desde hace unos meses y que se reactivará este mes de mayo con las primeras declaraciones de investigados y testigos. La instructora entiende que no se ha acreditado el perjuicio sufrido por Osakidetza y sugiere que puede que no sólo no sea la víctima sino la “responsable civil” de la manipulación de una convocatoria pública de empleo.
El Gobierno vasco, que ha encomendado su asistencia letrada en este procedimiento al exjuez y exfiscal Santos Puga, ha presentado un recurso para reivindicar su derecho a estar presente en la fase de investigación del caso. No oculta que su deseo es estar informado al minuto de las novedades judiciales de un asunto que se ha llevado por delante al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto.
“En el presente caso hay que tener en cuenta no sólo la naturaleza de los delitos investigados, sino también las personas implicadas en los mismos [sic] y la repercusión social que esa investigación tiene y va a tener. No se puede pasar por alto que el ente público Osakidetza, creado en 1983, da trabajo a más de 30.000 personas, gozando de alto prestigio como servicio de salud, no sólo en nuestra comunidad autónoma sino también a nivel estatal. La repercusión que ya tiene esa investigación, conocida de todos a través de los medios de comunicación, hace que sea necesaria la participación del ente en la instrucción de la causa desde su inicio, con el objeto de tener conocimiento de todo lo que en ella acontezca y poder tomar las medidas que sean necesarias desde el punto de vista penal e interno”, se puede leer en el recurso de Puga, al que ha tenido acceso este periódico.
Y sigue: “Dice la resolución recurrida que no hemos acreditado la existencia de perjuicio. Pero, ¿qué mayor perjuicio que el que acabamos de explicar? [...] Del contenido de la resolución que se recurre podría deducirse que el juez instructor es reacio a la personación de Osakidetza porque entendiera que en el futuro su situación procesal sería susceptible de cambio. Es decir, podría tornarse en responsable civil de los delitos investigados”.
Los letrados de la Administración apelan a un ejemplo reciente, también en Vitoria. Se trata de un caso de abusos sexuales en un centro de formación profesional de Arkaute. En él, el Departamento de Educación fue a la vez acusación y responsable civil.
Está previsto que la investigación judicial en torno a la OPE de Osakidetza se active al fin este mes de mayo, después de las elecciones municipales, forales y europeas. Está programada la toma de declaración de tres imputados y de diez testigos, los mismos que fueron señalados en la denuncia de la Fiscalía. Por el momento no ha quedado despejado el futuro procesal de los tres altos cargos de Osakidetza señalados en la denuncia de la Fiscalía que dio origen al procedimiento judicial.
