La importancia de ser del PNV para beneficiarse de la trama corrupta y otras claves de la sentencia del 'caso De Miguel'

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, han dicho tras la contundente sentencia de por corrupción dictada por la Audiencia Provincial de Álava contra exdirigentes del partido en Álava en el marco del conocido como 'caso De Miguel' justamente lo que decían antes de conocer la resolución judicial: que no afecta a un partido de “trayectoria intachable” y que lo que se ha descubierto son comportamientos “individuales”. Sin embargo, la lectura de los más de 300 folios de los 1.200 dedicados a los hechos probados muestra la importancia de la posición política de los condenados dentro del PNV y de las instituciones.

La operación más importante de esta macrocausa de corrupción, la más importante jamás destapada en Euskadi, es la recalificación de Zambrana, un minúsculo municipio al sur de Álava. El proyecto estaba valorado en 65 millones de euros y el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, conocido por todos como Txitxo y condenado a 13 años de cárcel (9 de cumplimiento efectivo) se implicó políticamente desde sus diferentes responsabilidades, primero en el partido y luego como responsable de Urbanismo en la Diputación de Álava. Situó a su amigo Josu Arruti como intermediario para captar a unos promotores, finalmente el grupo catalán Construcciones Riera, y ambos cobraron generosas comisiones. De Miguel la canalizó a través de una sociedad pantalla que compartía con otros dos dirigentes nacionalistas, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, con responsabilidades internas en materia electoral y de organización. Se llamaba Kataia Consulting y estaba a nombre de las esposas de los tres, un factor determinante para probar que era una tapadera. Las iniciales del se corresponden con las de los seis (incluida la 't' de Txitxo).

“Siguiendo indicaciones del ABB”

La sentencia recuerda que en Zambrana había una alcaldesa del PNV, María Justina Angulo, a la que condena a una inhabilitación por prevaricación. Angulo -según el fallo- facilitó los trámites administrativos para que De Miguel y Arruti trabajaran en Zambrana y se lucraran. Lo llamativo es que el tribunal remarca que Angulo lo hizo “siguiendo indicaciones del ABB”, el Araba Buru Batzar, la Ejecutiva alavesa de los nacionalistas, en aquella época presidida por Iñaki Gerenabarrena, sobrino del histórico José María Gerenabarrena, valedor de Txitxo siendo aún menor de 30 años como secretario y tesorero, como 'número dos'. La sentencia insiste en que De Miguel y Arruti (a través de la mercantil Sidepur) entraron en Zambrana por una “referencia dada por el partido” a la alcaldesa.

“Accedió a Sidepur por recomendación de una persona de influencia en su mismo partido político, siguiendo indicaciones del ABB, no olvidando que el puesto de alcaldesa tiene su origen inicial en una designación política de ese partido, llevada a cabo en el momento de confección de las listas municipales y existiendo un motivo claro de intentar seguir la indicación dada para evitar ser eliminada de las futuras listas electorales (supuesto de prevalimiento en casos de tráfico de influencias)”, se puede leer en la sentencia, en la que apunta también que la regidora tenía intereses económicos por las parcelas de su familia afectas a la operación. De Miguel y Arruti se repartieron un mínimo de 161.000 euros en comisiones por cabeza, ya que en Zambrana se movieron decenas de miles de euros y, según confesaron Arruti y los promotores, había previstas más comisiones en caso de que avanzara un proyecto que naufragó con estrépito a pesar de los esfuerzos de De Miguel.

Las comisiones también se pagaron en otros pueblos de Álava como Zigoitia y Lapuebla de Labarca. Concretamente, aquí la trama recaudó un 4% de sendos contratos de obras adjudicados a un constructor que también era militante del PNV, Jon Iñaki Echaburu. Unos 17.000 euros en total canalizados a través de otra sociedad que compartía sede con Kataia Consulting, Errexal. El tribunal remarca de nuevo el interés económico de De Miguel, Ochandiano y Tellería y que “siendo miembros destacados del ABB” tenían “un gran peso” a la hora de “designar” a los concejales y alcaldes.

La sentencia, entre líneas, dice de Echaburu que estaba acostumbrado a pagar comisiones por recibir contratos. Es más, en una de las grabaciones que no se cita en este apartado él mismo reconoce que es algo “dentro de lo normal”. En su caso, pactó otra mordida para De Miguel y sus socios cuando le facilitaron una adjudicación irregular y 'a dedo' para la ampliación del parque tecnológico de Miñano. ¿La cantidad? 100.000 euros. Incluso creó una empresa 'ad hoc' para recibir la adjudicación, Urbanorma Consulting. El tribunal hace responsables a los responsables de Miñano, el gerente Alfonso Arriola y el presidente de la red de parques de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, de haber permitido que alguien ajeno como De Miguel eligiera (por su interés económico) quién tenía que recibir una adjudicación, aunque limita su condena a prevaricación (inhabilitación sin cárcel). El “único lazo verificado” entre todos ellos era su pertenencia al partido, al PNV. “Desgraciadamente en los últimos años se observa un vínculo entre la política y los empresarios, fundamentalmente los que se dedicaban al mundo de la construcción y urbanístico, y este caso no es una excepción”, afirma el tribunal.

Lejos de dar carta de naturaleza a teorías de la conspiración, la sentencia da total credibilidad a la letrada que trabajaba para Urbanorma Consulting, Ainhoa Alberdi, al postre denunciante de la trama. Ella compró en un momento dado la sociedad a su socio Echaburu y descubrió la letra pequeña, que había que pasar por caja. De Miguel y Tellería incluso se reunieron con el padre de ella para hablar de la mordida que ella no quiso pagar. Uno de los pocos delitos que la sentencia no ve probado es precisamente el de coacciones porque “no se puede deducir una especial presión” de los políticos hacia Alberdi y su entorno.

El “padrino”

Y eso que considera que, en efecto, la apartaron de una segunda adjudicación en Miñano. Es más, el tribunal ve probado que la trama benefició a otro empresario afín que sí pagaba comisiones, Sergio Fernández Oleaga (de Stoa y que sigue trabajando hoy para la Administración vasca). Fernández Oleaga llamaba a Txitxo “padrino”. “Es habitual usar la palabra padrino de forma coloquial para referirse a una persona que ampara y protege a otra y que a veces emplea su poder para facilitarle la consecución de algo”, subraya la resolución, que viene a dar la razón a la Fiscalía. El fiscal que llevó el caso desde el inicio, Josu Izaguirre, ironizó que en la contratación pública no eres nadie sin padrinos. Habló incluso de prácticas propias de la mafia siciliana en Euskadi. Ahora ha pedido el ingreso inmediato en prisión de los condenados principales.

Fernández Oleaga y un “testaferro” de Txitxo en otra sociedad bajo su control -eran muchos y variadas- llamada Eskalmelo falsificaron una factura para disfrazar la coima. En esta ocasión 3.570,64 euros. Los abogados defensores llegaron a decir que no era una mordida porque la cantidad era muy pequeña (aunque muy superior al salario medio de cualquier ciudadano). El tribunal replica que bien podría haber otros “pactos” que no han salido a la luz. Aquí la Audiencia de Álava sí absuelve a la directora técnica de Miñano, Miren Lourdes Bilbao, ya que no cree que participara en la manipulación de documentos para favorecer a Stoa. Remarca que ella, a diferencia de Arriola o Sánchez Alegría, no llegó al parque tecnológico por motivos políticos. Ella, en el juicio, manifestó que ni siquiera conocía a Txitxo. Éste, en cambio, llegó a interceder por Arriola cuando llegó el PSE-EE al Gobierno y lo relegó de su puesto.

Las comisiones no quedan ahí. Otro empresario, Prudencio Hierro, habitual también en las instituciones vascas y, como Stoa, relacionado´familiarmente con los promotores de la sede del PNV de Álava que compró y remodeló De Miguel, pasó por caja. En su caso, le pagó la reforma de 44.000 euros en la casa de su esposa en Gorliz, en la costa vizcaína. Un “favor” por la “influencia” del entonces ya nombrado diputado mientras tenía en juego contratos. Fruto de los acuerdos con la Fiscalía, al final se ha dado por bueno que al final la mordida sólo fue la parte correspondiente al IVA porque, en aplicación del principio de 'in dubio pro reo', se da por suficiente la explicación de las dos partes, De Miguel y Hierro, de que el político devolvió el principal, aunque no hayan aparecido los recibos. El tribunal incluso alude a que, de haberse hecho, pudo pagarse en “negro”. Al fin y al cabo De Miguel y su esposa llegaron a mover hasta 30.000 euros en billetes de 500 euros.

El tribunal menciona -pero no puede valorar porque se retiró la acusación al final del juicio- un contrato teledirigido que en aquella época Hierro recibió en una sociedad pública autonómica con la que De Miguel tenía relación. ¿De no haberse retirado este asunto habría subido la condena?

Las relaciones “íntimas” y de partido también jugaron un papel clave en las adjudicaciones irregulares en el Gobierno vasco, en el área de Juventud que dirigía un amigo de Txitxo, Xabier Sánchez Robles, que presentó pruebas falsas para buscar su absolución, lo que ha agravado su condena hasta ser una de las más altas. Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga recibieron contratos 'a dedo' de manera irregular y en algunos casos ni siquiera realizaron los trabajos pagados con dinero público. Además, Juventud dio una subvención de 90.000 euros a las seis cuadrillas o Gobiernos comarcales de la provincia de Álava. Todas eran del PNV y todas -destaca la sentencia- contrataron a la vez a Errexal con un procedimiento “opaco” y a pesar de que era una empresa nueva y sin medios ni experiencia. Fue una “recomendación”. De Miguel, Tellería, Ochandiano, su esposa Iratxe Gaztelu-Urrutia, Echaburu, los gestores de Errexal y Ortzi Muga, Iñaki San Juan y Josu Montés se conocieron en EGI en la década de 1990, las juventudes del PNV. Ellos mismos lo contaron en el juicio y así lo recoge el fallo.

Sí hay enriquecimiento ilícito

Ademas de las penas de cárcel, la sentencia recoge también sanciones económicas. Suman 1,5 millones de euros sin contar los comisos y las costas del proceso, que serán elevadas al haber durado una década. De Miguel tendrá que pagar 350.000 euros, aproximadamente, y sus socios en Kataia Consulting otros 180.000 por cabeza. A diferencia de lo que defendió hasta el año pasado el PNV, la sentencia da por demostrado el enriquecimiento ilícito de estos exdirigentes nacionalistas, aunque no lo vincula en ningún momento con la financiación del partido. Destaca que el mero cobro de una mordida es un delito sin que sea necesario un gasto suntuoso. No obstante, sí constan salidas de dinero en Kataia Consulting para comprar un Saab, 6.000 euros en joyas y viajes a Benidorm o Extremadura. También se condena a Tellería y a su pareja -ésta sólo a título lucrativo- por la compra para ellos a través de la sociedad pantalla de una Fiat Dobló.

Así las cosas, el final del 'caso De Miguel' deja a su principal protagonista en una situación delicada. Pudo haber tenido una condena mucho menor, en concreto de 5 años y 4 meses, según fuentes judiciales, de haber aceptado el pacto que le ofrecía la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos. Lo rompió a última hora, incluso teniendo como incentivo la absolución de su esposa, Ainhoa Bilbao, y la de la contable de las empresas de la trama, su hermana Aintzane. Ésta última sí ha quedado absuelta al final por entender el tribunal que sólo “mecanizaba” facturas al dictado de su hermano. Pero no Bilbao, con una condena de año y medio más la parte económica. Él mismo se expone a entrar ya a la cárcel frente a una opción de pacto que le daba la posibilidad de suspender la condena y de obtener, de cara a la opinión pública, un relato más benevolente. Pero sobre este “padrino” ha caído ahora todo el peso de la ley, como reflejaba la cara de preocupación de su abogado, Gonzalo Susaeta, tras recoger en un USB la larguísima sentencia.